Ficha informativa
La diputada Raquel Ponce continúa con investigaciones sobre irregularidades en la Empresa Minera Huanuni y Comibol, solicitando informes y denunciando amedrentamientos por parte de otros legisladores.
Toca para ver el contexto completo
Contexto:
La diputada Raquel Ponce ratificó su decisión de investigar irregularidades en la EMH y Comibol. Anunció Peticiones de Informe Escrito (PIE) para el Ministerio de Minería y Metalurgia. Boris Mollinedo, representante de excooperativistas, presentó pruebas documentadas sobre corrupción. La nacionalización de la mina ocurrió tras un conflicto armado en octubre de 2006, resultando en la estatización definitiva y el fin del cooperativismo independiente.
Ponce exigió a asambleístas titulares no obstaculizar sus gestiones. Denunció intentos de desautorización por parte de diputados de su bancada. Anunció que extenderá fiscalizaciones a otras empresas estatales tras concluir las indagaciones en Huanuni.
Por qué importa:
La denuncia pública de Ponce sobre amedrentamientos podría generar tensiones políticas dentro del Legislativo. La situación laboral en Huanuni se agrava con más del 50% de desempleo, lo que afecta a la población local y genera demandas por empleo formal entre los excluidos.
Datos clave:
- 617.000 dólares: valor de bienes entregados en presunto acto de corrupción.
- 20.028: habitantes en Huanuni.
- 2.500: operarios de planta en Huanuni.
- Más del 50%: porcentaje de operarios que perciben salario activo y renta simultáneamente.
- Más del 50%: desempleo en el municipio de Huanuni.
- 28901: número del Decreto Supremo que nacionalizó la mina de Huanuni en octubre de 2006.
Investigaciones sobre la Empresa Minera Huanuni
La diputada suplente Raquel Ponce ratificó su decisión de continuar con las investigaciones sobre presuntas irregularidades en la Empresa Minera Huanuni (EMH) y la Corporación Minera de Bolivia (Comibol). En este contexto, la legisladora anunció que tiene listos varios instrumentos de fiscalización dirigidos a ministerios del área.
Demandas de información y fiscalización
Ponce exigió públicamente a asambleístas titulares y directivos de las estatales mineras que no obstaculicen ni perjudiquen sus requerimientos de información, respaldados por un sector de excooperativistas de la región. Informó que ha concluido la redacción de Peticiones de Informe Escrito (PIE) destinadas al Ministerio de Minería y Metalurgia, así como a las gerencias de Comibol y de la EMH.
Estos documentos técnico-legales solicitan explicaciones oficiales sobre aspectos específicos de la administración de personal y recursos del yacimiento nacionalizado en 2006. Entre los principales puntos que se indagarán figuran:
- La legalidad y los criterios aplicados para el otorgamiento de rentas de invalidez.
- El estado y la justificación de las declaraciones en comisión de diversos trabajadores.
- La situación financiera real de la Empresa Minera Huanuni, ante los reportes de pérdidas económicas.
- Las denuncias sobre presuntos cobros de doble sueldo que involucrarían a personal de la empresa.
Respaldo por parte de excooperativistas
La labor de fiscalización de la parlamentaria está respaldada por la documentación presentada por Boris Mollinedo, representante de los excooperativistas y desempleados de Huanuni. Mollinedo detalló que su sector cuenta con pruebas documentadas de un presunto acto de corrupción relacionado con la entrega de bienes pertenecientes a las cooperativas, valuados en 617.000 dólares, a cambio de la contratación de familiares de dirigentes en la empresa estatal.
El dirigente aclaró que dichos activos no corresponden al patrimonio original de Comibol, sino al trabajo acumulado de los excooperativistas. Asimismo, Mollinedo enfatizó la necesidad de que la diputada Ponce exija una recalificación médica general de los trabajadores que perciben rentas de invalidez o jubilación.
Situación laboral en Huanuni
Según el representante, en Huanuni —con aproximadamente 20.028 habitantes— existen alrededor de 2.500 operarios de planta; más del 50% percibiría simultáneamente un salario activo y una renta, mientras que el desempleo en el municipio supera el 50%. Mollinedo citó una correspondencia oficial del jefe de gabinete del Ministerio de Minería que señala la imposibilidad actual de la EMH para contratar nuevo personal.
Argumentó que una solución viable al desempleo local sería relevar a quienes ya gozan de una jubilación para abrir espacios a la población cesante. La diputada denunció públicamente que diputados titulares de su propia bancada habrían acudido a las oficinas de Comibol para intentar desautorizar sus gestiones bajo el argumento de su condición de suplente.
Atribuciones constitucionales
Ante esto, Ponce recordó que, según el reglamento de la Cámara de Diputados y la Constitución Política del Estado, los parlamentarios suplentes gozan de las mismas atribuciones constitucionales de fiscalización que los titulares. La asambleísta advirtió que no permitirá que se le cierren las puertas en las oficinas estatales y otorgó un plazo público de una semana a los legisladores involucrados para desistir de lo que calificó como una obstrucción a su labor legislativa, bajo la advertencia de revelar mayores detalles con pruebas documentadas.
Extensión del proceso fiscalizador
Además, anunció que una vez concluidas las indagaciones en Huanuni, extenderá sus fiscalizaciones bajo el mismo rigor a las empresas estatales Colquiri y la Empresa Metalúrgica Vinto.
Historia del conflicto minero
La nacionalización de la mina Huanuni en octubre de 2006 fue el resultado de un trágico conflicto armado entre mineros asalariados (del Estado) y mineros cooperativistas.
Ambos sectores se disputaban el control del Cerro Posokoni, el yacimiento más rico del país. Tras dos días de violentos enfrentamientos que dejaron al menos 16 muertos, el gobierno intervino para unificar la explotación del cerro bajo el control del Estado mediante el Decreto Supremo 28901. Este decreto anuló todos los contratos existentes con cooperativas mineras en la zona, otorgando a Comibol el monopolio absoluto del yacimiento.
A pesar del descontento social generado por esta medida, muchos antiguos cooperativistas aceptaron contratos asalariados, aumentando drásticamente el número total empleados por EMH. Sin embargo, alrededor de 1.500 mineros rechazaron convertirse en asalariados, quedando excluidos del empleo formal y marcando el fin definitivo del cooperativismo independiente en Huanuni. Actualmente, muchos excluidos piden acceso a nuevos yacimientos para explotar y denuncian corrupción dentro del sistema estatal.
Después de leer
Esta sección propone una forma distinta de interactuar con la información y comprobar qué tan clara quedó la nota.
