Ficha informativa
Un informe del Cedib documenta 31 vulneraciones ambientales y 20 agresiones a defensores en Bolivia durante el primer cuatrimestre de 2026, evidenciando un modelo económico extractivista que prioriza intereses empresariales sobre la conservación ambiental.
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Contexto:
El conflicto social escaló con el rechazo al Decreto Supremo 5503, que otorgaba beneficios a sectores extractivos. La Ley 1720 flexibiliza controles ambientales y debilita salvaguardas. El asesinato del decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, está vinculado a su defensa de recursos naturales.
Las tensiones geopolíticas se han intensificado sin transparencia ni debate legislativo. El crimen del decano representa un golpe al Estado de derecho y un precedente de intimidación contra la justicia ambiental.
Por qué importa:
Las políticas económicas han intensificado las violaciones a derechos ambientales. Los ataques a defensores aumentaron, afectando organizaciones indígenas y centros de investigación. La firma de un Memorando con Estados Unidos amenaza la soberanía sobre recursos naturales.
Datos clave:
- 31 vulneraciones directas a derechos ambientales y de pueblos indígenas
- 20 agresiones a defensores del medioambiente
- Decreto Supremo 5503 promulgado el 17 de diciembre de 2025
- Abrogación del Decreto Supremo 5503 el 12 de enero de 2026
- Ley 1720 promulgada el 10 de abril de 2026
- 52% de violaciones por el sector minero
- 29% por actividad hidrocarburífera
- 23% por agronegocio
- 48% de los territorios más golpeados son espacios indígenas
- 39% son áreas protegidas
Informe de Cedib sobre crisis ambiental
Un informe reciente del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) revela un panorama alarmante sobre la crisis ambiental y social en el país durante el primer cuatrimestre de 2026. Entre enero y abril de este año, la institución documentó un total de 31 vulneraciones directas a los derechos ambientales y de los pueblos indígenas, además de 20 agresiones frontales contra defensores del medioambiente. Esta situación pone de manifiesto la persistencia de un modelo económico extractivista que prioriza los intereses empresariales y corporativos por encima de la conservación de los ecosistemas vitales y la integridad de las comunidades locales.
Conflictos sociales y políticas económicas
El conflicto social escaló a comienzos de año con el rechazo generalizado al Decreto Supremo 5503, promulgado el 17 de diciembre de 2025, el cual otorgaba prebendas y beneficios desmedidos a los sectores extractivos. Aunque dicha norma fue finalmente abrogada el 12 de enero de 2026 tras intensas movilizaciones sectoriales, la tensión política no disminuyó. Poco después, el Gobierno impulsó y promulgó el 10 de abril la Ley 1720 de conversión de la pequeña propiedad, una medida largamente ambicionada por el agronegocio y heredada de administraciones pasadas.
Impacto de la Ley 1720
Esta legislación flexibiliza los controles ambientales, debilita las salvaguardas de la consulta previa y vulnera la inembargabilidad de la pequeña propiedad campesina. Así, abre las puertas a la mercantilización de tierras patrimoniales y pone en riesgo las Tierras Comunitarias de Origen y los Territorios Indígena Originario Campesinos, indicó Erbol.
Estadísticas alarmantes sobre violaciones
Las consecuencias de estas políticas económicas se reflejan con claridad en las estadísticas del Cedib. El sector minero encabeza las violaciones con un 52% de los casos, seguido por la actividad hidrocarburífera con un 29% y el agronegocio con un 23%. Los territorios más golpeados son los espacios indígenas (48%) y las áreas protegidas (39%), donde comunidades enteras sufren graves estragos, como la contaminación por mercurio en el río Madre de Dios.
Tensiones geopolíticas e incidentes violentos
Paralelamente, las tensiones geopolíticas e internacionales se han intensificado tras la firma de un Memorando de Entendimiento sobre minerales críticos entre el Ministerio de Minería y Estados Unidos. Este acuerdo se pactó sin transparencia ni debate legislativo, amenazando directamente la soberanía sobre los recursos naturales y los territorios comunitarios a nombre de una mal llamada transición energética.
Acoso a defensores ambientales
La escalada de violencia también cobró la vida del decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, cuyo asesinato perpetrado en este periodo mantiene fuertes indicios de estar vinculado a sus resoluciones en defensa de los recursos naturales frente a la minería ilegal. Este crimen continúa en total impunidad a pesar de los llamados de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su relatoría especial (Redesca). Representa un golpe devastador para el Estado de derecho y un precedente de intimidación contra la justicia ambiental.
Aumento en ataques a defensores ambientales
Asimismo, los ataques contra defensores ambientales aumentaron a 20 casos, superando los registros de 2024 y 2025. Estos ataques fueron impulsados principalmente por los conflictos gasíferos en la reserva de Tariquía y por la férrea oposición a la Ley 1720. Esta situación afectó directamente a organizaciones indígenas y centros de investigación especializados, evidenciando la profunda complicidad y escasa voluntad política del Estado para frenar la destrucción ecológica.
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