Caso maderas: “Chile quema la evidencia de nuestra inocencia”

Incineración de madera boliviana en Chile

La incineración de cargamentos de madera boliviana retenidos en el puerto de Arica por autoridades chilenas ha situado la controversia sobre la supuesta presencia de sustancias controladas en un escenario de tensión legal e internacional. Juristas antinarcóticos, representantes de la industria exportadora e informes periciales denuncian la vulneración del debido proceso, la presunción de inocencia y el incumplimiento de tratados comerciales bilaterales y multilaterales vigentes entre ambos países.

Vulneración de garantías constitucionales y del debido proceso

Desde el ámbito del derecho penal y la normativa antinarcóticos, el exfiscal Joadel Bravo Becerra advirtió que las autoridades chilenas —incluyendo el Ministerio Público, el Instituto de Salud Pública (ISP) y el Juzgado Cautelar— han incurrido en irregularidades procesales al autorizar y ejecutar la incineración de la madera retenida. Bravo explicó que, para proceder a la quema de un bien privado con propietarios legalmente apersonados en la causa, la autoridad judicial debió haber determinado de manera concluyente en un juicio oral y con sentencia firme la existencia de sustancias tóxicas o ilícitas.

Al encontrarse la investigación en fase preliminar, rigen plenamente las garantías de presunción de inocencia, el derecho a la defensa y el derecho a la propiedad privada reconocidos en la Constitución Política del Estado de Chile y en tratados internacionales de derechos humanos. El jurista subrayó que no se notificó ni consultó previamente a las empresas bolivianas afectadas antes de emitir y ejecutar las resoluciones de quema, privándolas de realizar peritajes independientes.

Asimismo, indicó que al existir contradicciones institucionales sobre la orden de quema, dichas actuaciones deberán ser impugnadas ante tribunales superiores chilenos y, de persistir el incumplimiento de las garantías básicas, ante tribunales internacionales.

Incumplimiento de tratados internacionales

Por su parte, el Gerente General del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, manifestó en conferencia de prensa que la actuación de las autoridades judiciales y aduaneras de Chile viola de manera directa los compromisos asumidos en el Tratado de Paz y Amistad de 1904. Dicho acuerdo multilateral garantiza a Bolivia el libre tránsito comercial por territorio y puertos chilenos con las más amplias facilidades.

Rodríguez remarcó que la medida también contraviene el Acuerdo de Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC), al imponer obstáculos indebidos al tránsito de mercancías destinadas a terceros países en Europa y Asia. Al destruir la carga sin permitir contraperitajes imparciales, afirmó: “Chile está quemando la evidencia de nuestra inocencia”, dejando en total indefensión a los exportadores y abriendo la posibilidad de un litigio internacional contra el Estado chileno por responsabilidad internacional y daños y perjuicios.

El representante del IBCE recordó la asimetría de la relación comercial bilateral, señalando que Bolivia acumula con Chile un déficit comercial crónico de casi 8.000 millones de dólares en lo que va del siglo XXI, por lo que resulta inadmisible que se obstaculicen las ventas nacionales hacia otros mercados. Ante esta situación, hizo una llamada a las vías diplomáticas y al presidente chileno, José Antonio Kast, para que se aplique la política de buena vecindad y se disponga el cese inmediato de la quema de madera.

Hallazgos periciales contra las acusaciones

Los cuestionamientos legales se complementan con los hallazgos de expertos forenses internacionales. Tanto el exagente de la DEA James Craig Kuykendall como el ex jefe forense de la DEA Scott Richard Oulton concluyeron en sus respectivos peritajes que la acusación de la Fiscalía Regional de Arica carece de sustento científico.

Los peritos expusieron que maderas tropicales como el Ipê, Cumarú y Morado cuentan con certificación de no permeabilidad del centro francés CIRAD, lo que imposibilita la impregnación volumétrica de líquidos. Asimismo, precisaron que las muestras analizadas por el ISP de Chile registraron únicamente “trazas” o concentraciones “inferiores al 5%” (techos cualitativos, no mediciones de volumen), resultados atribuibles a contaminación superficial o accidental y no a cargamentos masivos de droga. En ese contexto, la destrucción prematura de los cargamentos impide comprobar la inocencia técnica de los exportadores en el proceso judicial.