Ficha informativa
Representantes del Control Social y autoridades de comunidades cercanas a la carretera Oruro - Challapata convocan a unidad para reiniciar obras paralizadas. Se presentará un cronograma el 26 de octubre para reactivar el proyecto.
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Contexto:
El Control Social y autoridades originarias han hecho un llamado a la unidad para evitar nuevos frenos en el proyecto. Agustín Blanco destacó el seguimiento realizado por los beneficiarios directos para conseguir el contrato modificatorio. Raúl Blanco mencionó los perjuicios sociales y económicos sufridos durante la inactividad.
El pronunciamiento conjunto se fundamenta en la Constitución Política del Estado y la Ley 341 de Participación y Control Social. Se convoca a diversas instituciones a unirse al proyecto y se establece que, ante incumplimientos, se solicitará una audiencia directa con el gobierno central.
Por qué importa:
La paralización ha generado pérdidas significativas en las comunidades afectadas, así como problemas sanitarios. La falta de acción coordinada puede ralentizar aún más el reinicio del proyecto, lo que podría llevar a una audiencia con la Presidencia del Estado.
Datos clave:
- Inversión proyectada: 73 millones de dólares
- Duración de la paralización: 8 meses
- Longitud del tramo: 19,8 kilómetros
- Aporte de la Gobernación: 20%
- Cantidad de vehículos que circulan por día: 3.000
- Fecha de reunión convocada: 26 de octubre de 2026
- Hora de la reunión: 09:00 horas
Convocatoria a la unidad en Oruro
Representantes del Control Social y autoridades originarias de las seis comunidades adyacentes al Tramo I de la carretera Doble Vía Oruro – Challapata (Cruce Vinto – Cruce Huanuni) hicieron un llamado público a la unidad de las instituciones vivas del departamento de Oruro. El objetivo principal es consolidar el reinicio efectivo de las obras y evitar nuevos frenos en este corredor estratégico de la Red Vial Fundamental (Ruta 1).
Inversión y paralización de obras
El proyecto, cuya inversión proyectada ronda los 73 millones de dólares con financiamiento de la CAF y contraparte estatal del gobierno nacional y el departamental, ha atravesado cerca de ocho meses de paralización operativa. Esta situación se debió al incremento de costos de insumos, escasez de divisas y desabastecimiento de carburantes. No obstante, la consolidación del Contrato Modificatorio N.° 3—amparado en el Decreto Supremo 5597 de regulación de precios—viabilizó el marco legal para la reactivación gradual de los trabajos en el tramo de 19,8 kilómetros.
Exigencia de fiscalización y compromiso institucional
Durante su intervención, Agustín Blanco, presidente del Control Social del Tramo I, ratificó que el contrato modificatorio fue producto del seguimiento constante de los beneficiarios directos. Además, resaltó la importancia de la participación activa de las autoridades regionales en la supervisión de la obra. “Nosotros con las seis comunidades adyacentes a este proyecto, que son los beneficiarios directos, hemos hecho todo el seguimiento hasta conseguir el contrato modificatorio (…). Esta doble vía es una vía internacional y un proyecto de gran envergadura para Oruro; circulan cerca de 3.000 vehículos por día y la afectación por la paralización es alta. La Gobernación aporta una contraparte del 20%, por lo que existe la responsabilidad de hacer el seguimiento correspondiente a los recursos de los orureños”, aseveró Blanco.
Afectación social y llamado a evitar la politización
Raúl Blanco, Alcalde Mayor y autoridad originaria de la comunidad de Jikilla (municipio de Soracachi), expuso los perjuicios sociales, económicos y sanitarios que han afrontado las comunidades del sector durante los meses de inactividad. Hizo un llamado a deponer actitudes individuales o difusión de información en redes sociales que puedan ralentizar el proceso. “Las seis comunidades afectadas nos hemos reunido para llamar a la unidad y evitar acciones aisladas que perjudiquen los avances logrados con el contrato modificatorio. Han existido pérdidas y afectaciones en la zona. Si tenemos que ir en unidad hasta la ciudad de La Paz ante las autoridades del nivel central o el Ministerio de Obras Públicas, lo haremos para que se priorice este proyecto”, manifestó Raúl Blanco.
Pronunciamiento conjunto y convocatoria para el lunes 26
En reunión extraordinaria realizada en la comunidad de Kasawasa, el Control Social Circunstancial junto a las autoridades de Vinto, Vichuloma, Kasawasa, Jikilla, Realenga y Sora emitieron un pronunciamiento formal fundamentado en la Constitución Política del Estado y la Ley 341 de Participación y Control Social. El documento resuelve en sus puntos centrales:
- Unidad Departamental: Convocar a la Gobernación, Alcaldía, Brigada Parlamentaria, Asamblea Legislativa Departamental, Comité Cívico, Central Obrera Departamental (COD), autotransporte y juntas vecinales a unirse en torno al proyecto.
- Reunión Crucial: Invitar formalmente a todas las instituciones para el lunes 26 de octubre a horas 09:00 en el campamento del Consorcio VHOA (comunidad de Vichuloma), donde se presentará el cronograma actualizado para instruir el reinicio total de actividades.
Gestiones ante el Nivel Central
En caso de inasistencia o incumplimiento de los compromisos por parte de las organizaciones del tramo, se solicitará una audiencia directa con la Presidencia del Estado para gestionar una solución definitiva en la ciudad de La Paz.
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