Ficha informativa
La Defensoría del Pueblo presentó un informe sobre la conflictividad social en Bolivia, reportando 321 arrestos, 23 heridos y siete fallecimientos entre el 1 y el 24 de mayo de 2026. Se activaron protocolos para proteger derechos fundamentales y promover el diálogo.
Toca para ver el contexto completo
Contexto:
El informe abarca el periodo del 1 al 24 de mayo de 2026. La COB presentó demandas al Gobierno, incluyendo un aumento salarial del 20% y el desistimiento de una ley contra bloqueos. En abril, se inició una marcha indígena que exigió la derogación de la Ley 1720, abrogada el 13 de mayo tras protestas.
La Defensoría activó un protocolo institucional con dos líneas: humanitaria y dialógica. Se realizaron verificativos en mercados y hospitales para supervisar provisiones. Se emitieron pronunciamientos para proteger el trabajo periodístico ante agresiones.
Por qué importa:
Los bloqueos impiden el ingreso de alimentos y medicamentos en La Paz. La situación genera preocupación en la población debido a la falta de suministros esenciales. El presidente convocó al diálogo para atender las demandas sociales.
Datos clave:
- 321 personas arrestadas
- 23 personas heridas
- 7 fallecimientos
- 40 toneladas de oxígeno medicinal gestionadas
- 211 demandas presentadas por la COB
- 20% aumento salarial solicitado
- 68% de los arrestados fueron liberados
- 89 personas imputadas penalmente
- 43% podrán defenderse en libertad
- 19% con detención domiciliaria
- 12% con detención preventiva
- 5% con medidas sustitutivas a la detención preventiva
- 10% con sentencia a tres años mediante procedimiento abreviado
Informe de conflictividad social en Bolivia
La Defensoría del Pueblo presentó el Primer Reporte Preliminar sobre la conflictividad social en Bolivia, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 y el 24 de mayo de 2026. Este informe detalla el registro de 321 personas arrestadas, 23 heridas y siete fallecimientos.
Acciones defensoriales y bloqueos
El documento describe las acciones defensoriales desarrolladas en este contexto. Además, señala intervenciones de la Policía antimotines en enfrentamientos con personas movilizadas en diferentes puntos de La Paz. También menciona operaciones conjuntas de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas para desbloquear carreteras en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Oruro, realizadas entre el 16 y el 23 de mayo bajo el operativo denominado “Corredor Humanitario de las Banderas Blancas”.
Líneas de acción de la Defensoría
Frente a esta situación, la Defensoría activó un protocolo institucional basado en dos líneas de acción:
- Línea humanitaria: destinada a garantizar la protección de derechos fundamentales y atención de emergencias.
- Línea dialógica: orientada a promover espacios de encuentro y resolución pacífica de conflictos.
En la línea humanitaria, se gestionó la entrada de 40 toneladas de oxígeno medicinal desde Desaguadero hacia El Alto. Asimismo, se realizaron verificativos en mercados, estaciones de servicio y hospitales para supervisar la provisión de medicamentos y alimentos esenciales. También se emitieron pronunciamientos para proteger el trabajo periodístico ante agresiones durante la cobertura.
Gestión de la conflictividad
En cuanto a la gestión de la conflictividad, se emitieron pronunciamientos conjuntos con la Iglesia Católica y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Se impulsaron convocatorias al diálogo y mesas técnicas, además del monitoreo del uso de la fuerza por parte de las autoridades.
Demandas laborales y protestas indígenas
A fines de marzo, el líder de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, presentó al Gobierno un total de 211 demandas, que incluyen:
- Aumento salarial del 20%.
- Compromiso del Gobierno para no privatizar empresas estatales.
- Desistimiento por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) sobre una ley contra bloqueos.
En abril, comenzó una marcha indígena que exigió derogar la Ley 1720, que permitía convertir pequeñas propiedades en medianas o empresas agropecuarias. Esta norma fue abrogada el 13 de mayo tras protestas.
Análisis de arrestos y heridos
Según datos verificados por la Defensoría del Pueblo hasta el 24 de mayo:
- De los 321 arrestos, 221 (68%) fueron liberados.
- Al menos 89 personas fueron imputadas:
- 43 (48%) podrán defenderse en libertad.
- A 19 (21%) se les impuso detención domiciliaria.
- A 12 (13%) se les aplicó detención preventiva.
- A cinco (6%) se les impusieron medidas sustitutivas a la detención preventiva.
- Diez personas (11%) ya cuentan con sentencia de tres años mediante procedimiento abreviado.
Se registraron un total de 23 personas heridas, incluyendo tres policías y dos periodistas. La Defensoría tomó conocimiento también sobre siete fallecimientos ocurridos durante este periodo; algunos casos están pendientes de investigar por el Ministerio Público.
Defensor del Pueblo
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, afirmó: “La conflictividad deja huellas profundas en la vida cotidiana… hemos acompañado con acciones humanitarias”. Además, exhortó a generar espacios pacíficos para resolver los conflictos: “La vida no puede seguir quedando en medio del conflicto”.
Situación actual y llamados al diálogo
Este miércoles 27 de mayo, la Administradora Boliviana de Carreteras reportó 70 puntos activos de bloqueo en rutas nacionales. El presidente Rodrigo Paz convocó nuevamente al diálogo a Vicente Salazar y Mario Argollo para atender sus demandas. En su declaración enfatizó: “Quiero volver a reiterar… tienes que venir a hablar porque yo soy el presidente con el 55% del voto nacional”. La situación actual genera preocupación debido a que los bloqueos impiden el ingreso esencial como alimentos y medicamentos principalmente en La Paz.
Después de leer
Esta sección propone una forma distinta de interactuar con la información y comprobar qué tan clara quedó la nota.
