Cobros y exhumaciones desatan conflicto en el cementerio de Iroco

La denuncia de varias personas sobre cobros injustificados y exhumaciones arbitrarias en el cementerio de Iroco ha desatado un problema que, aunque data de años, ha estallado en días recientes. Esto pone en tela de juicio la situación de este camposanto, que enfrenta problemas de derecho propietario, falta de regulación y clandestinidad.

Desde hace aproximadamente una semana, personas con familiares fallecidos enterrados en el cementerio de Iroco han expresado su reclamo. El presunto propietario de una parte de los terrenos donde funciona el camposanto, Jhonny Llave, emitió un comunicado en el que insta a “regularizar” la situación de sus nichos. Este proceso implica un pago de 1.800 hasta 3.000 bolivianos, dependiendo del tiempo que haya permanecido el cuerpo. Además, aclaró que el dinero debe desembolsarse cada cinco años.

Esto generó molestias, ya que las personas aseguran que al momento de enterrar a sus seres queridos se realizó un pago. El entonces administrador, padre de Jhonny Llave, les aseguró que la permanencia del cuerpo sería perpetua.

“Tengo recibo. Ese recibo del suelo que compré para mi esposo lo he presentado a la administración del cementerio general. Luego me dejaron sacar el cuerpo de mi esposo y de mi hermano. Claro, yo llevé dos cuerpos allá (a Iroco). Nos dijeron que era eterno el lugar y ahora resulta que no”, manifestó una de las afectadas notificada con la exhumación de sus familiares si no “regulariza” los pagos.

Al igual que esta señora, muchas otras personas salieron a protestar, pues consideran que esto es un abuso por parte del administrador. Además, denunciaron que, al margen de los avisos emitidos, ya se habrían realizado una serie de exhumaciones sin comunicarlo a los familiares. Por ello, temen que los restos de sus seres queridos sean sacados en cualquier momento.

Por su parte, Jhonny Llave, en una entrevista con el medio local Nómada News, aseguró que nunca se otorgó el nicho de manera indefinida y que existen contratos donde se fija el tiempo de autorización. Sin embargo, las personas que reclaman afirman que solo cuentan con un recibo que no señala ni limita el tiempo de duración.

“Hay una ley de cementerios o normativa de cementerios donde todos los fallecidos, al igual que en el cementerio general o en cualquier otro cementerio, tienen una permanencia de cinco años. Ahora sobre eso deben regularizar su permanencia para poder seguir porque muchos piensan que es eterno. Pero eterno significaría que tendríamos que cuidárselo, en este caso yo, mis hijos, sus hijos y todo lo demás. Entonces no es posible eso”, expresó.

Sin embargo, no existe ninguna normativa que fije dicho plazo en cementerios privados, ya que el de Iroco no es de administración municipal. El reglamento que argumenta Llave solo aplica a los dos cementerios bajo la tuición de la Alcaldía de Oruro: el General y el de Chapicollo.

La Ley Municipal 117 de Cementerios y Servicios Funerarios tiene dos reglamentos: el primero es el decreto 289, que regula el funcionamiento de cementerios públicos; mientras que el otro es el decreto 286, que norma los recintos privados.

El cementerio de Iroco debiera adecuarse al decreto 286 que reglamenta la Ley 117, pero no cumple ni con aspectos básicos como el muro perimetral y garantizar sendas y veredas internas para facilitar la circulación de los visitantes. Además, debe cumplir con planos aprobados del recinto, contar con licencia de funcionamiento, licencia ambiental, uso de suelos y hasta cumplir con normas de salubridad. Extraoficialmente se conoce que no cumple con esos requisitos; sin embargo, PATRIA está a la espera de respuestas oficiales sobre ello.

Derecho propietario

Otro problema relacionado con el cementerio de Iroco es el derecho propietario del terreno. Según las versiones de las personas involucradas, existe una parte perteneciente a la comunidad donde no hay problemas; pero otro sector es presuntamente propiedad de Llave, aunque los vecinos aseguran que no cuenta con papeles. “Su papá, que en paz descanse, siempre decía ‘esto es eterno’. Su papá era quien ponía eso; él llevó a mi papá como sereno… Ellos no tienen papeles; no hay ni mi hermana ni ellos tienen papeles porque el señor (que les vendió) no les ha podido dar”, aseguró María Huanca, una vecina del lugar.

El abogado Adalid Araya, en una entrevista con el periodista Jorge Huanca, afirmó que los terrenos donde funciona el cementerio son de la comunidad de Iroco y no así de Trifón Jhonny Llave. Este último efectivamente es propietario por una cesión de terrenos de la familia Aguilar, pero son predios que están frente al camposanto.

“Los terrenos que aparentemente dicen ser propiedad del señor Trifón (Jhonny) Llave le corresponden en parte a la comunidad de Iroco y al sindicato agrario Iroco; otra parte, que es una hectárea, a la familia Aguilar… No desconocemos que ha habido una cesión de terrenos por parte de uno de los herederos del señor Pedro Aguilar a favor del señor Marcos Llave (padre de Jhonny). Sin embargo, dentro de los antecedentes disponibles, esa hectárea cedida no corresponde al sector del cementerio”, manifestó el jurista.

El conflicto del cementerio de Iroco revela que este lugar funciona al margen de cualquier ley. Los intereses económicos y de propiedad parecen imponerse sobre el bien común y evidencian un drama humano en el que muchas familias ven peligrar la última morada de sus seres queridos.