Ficha informativa
El Gobierno de Bolivia aprobó el Decreto Supremo N° 5693 para fortalecer entidades financieras afectadas por la coyuntura económica, garantizando la continuidad de los servicios financieros y evitando quiebras.
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Contexto:
La norma responde a la situación económica y social del país que ha afectado el flujo de ingresos y la capacidad de generación interna de recursos en algunas entidades financieras. El decreto busca evitar quiebras y un efecto dominó que amenace los depósitos del público.
El Fondo Amplio de Garantía y de Crédito podrá emitir certificados de fortalecimiento patrimonial, cuya vigencia es improrrogable. La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) será responsable del registro, supervisión y control de estos certificados.
Por qué importa:
La medida proporciona un respaldo temporal a las entidades vulnerables, permitiendo que mantengan operaciones y continúen ofreciendo servicios financieros a la población, resguardando así la estabilidad del sistema bancario nacional.
Datos clave:
- Decreto Supremo N° 5693
- Fecha de referencia 31 de julio de 2026
- Plazo de vigencia 90 días calendario
- Días hábiles para resolución ministerial hasta cinco (5)
- Días hábiles para disposiciones regulatorias hasta cinco (5)
Gobierno de Bolivia aprueba decreto para fortalecer entidades financieras
El Gobierno nacional aprobó el Decreto Supremo N° 5693, que establece una medida preventiva y temporal destinada a sostener la continuidad de los servicios financieros y reforzar la solvencia de entidades financieras. Esta acción busca evitar que entidades de intermediación financiera afectadas por la actual coyuntura incumplan los niveles mínimos de solvencia exigidos por ley.
“El presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer medidas preventivas de carácter temporal, para que las Entidades de Intermediación Financiera afectadas por la coyuntura económica, den continuidad al acceso de la población a los servicios financieros, permitiendo el cumplimiento de sus objetivos y de la función social”, dice el decreto en su artículo primero.
Impacto del decreto en las entidades financieras
La norma reconoce que la situación económica y social del país provocó una afectación temporal en el flujo de ingresos y en la capacidad de generación interna de recursos de algunas entidades financieras, detalló La Razón. El decreto alcanza a las Entidades de Intermediación Financiera que, al 31 de julio de 2026, registraron afectaciones en sus niveles mínimos de solvencia por situaciones coyunturales que les impiden cumplir temporalmente con el régimen de solvencia establecido legalmente.
“Se autoriza excepcionalmente y temporalmente al Fondo Amplio de Garantía y de Crédito emitir certificados de fortalecimiento patrimonial a través de sus entidades administradoras”, señala el decreto. Dichos documentos tendrán una vigencia máxima e improrrogable de 90 días calendario desde su emisión.
Certificados de Fortalecimiento Patrimonial
Como respuesta, el Gobierno autorizó, con carácter excepcional y temporal, al Fondo Amplio de Garantía y de Crédito emitir Certificados de Fortalecimiento Patrimonial a través de sus entidades administradoras. Estos certificados tendrán una vigencia máxima de 90 días calendario y no podrán ser prorrogados. Además, perderán automáticamente su vigencia si la entidad beneficiaria incurre en alguna de las causales previstas en el artículo 511 de la Ley de Servicios Financieros.
El Artículo 511 de la Ley de Servicios Financieros (Ley N° 393) de Bolivia detalla las causales por las cuales la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) puede intervenir una entidad financiera para proteger los ahorros de la ciudadanía. “Se autoriza, con carácter excepcional y temporal, al Fondo Amplio de Garantía y de Crédito, emitir Certificados de Fortalecimiento Patrimonial, a través de sus entidades administradoras”, señala el artículo cuarto.
Objetivos del decreto
El mecanismo busca funcionar como un respaldo transitorio para las entidades que atraviesan dificultades de solvencia derivadas de la coyuntura, con el objetivo principal de que puedan mantener sus operaciones y garantizar que la población continúe teniendo acceso a los servicios financieros. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas deberá definir, mediante resolución ministerial, las características de los certificados en un plazo máximo de cinco días hábiles desde la publicación del decreto.
La ASFI tendrá otros cinco días hábiles, computables desde la emisión de esa resolución, para establecer las disposiciones regulatorias y contables necesarias. La ASFI también estará a cargo del registro, reporte, supervisión, control y seguimiento de los certificados, mientras que el Ministerio de Economía será responsable de la ejecución y cumplimiento de la medida.
Resguardo del sistema financiero
“La ASFI queda encargada de emitir las disposiciones regulatorias y contables correspondientes, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde la emisión de la Resolución Ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas”, se lee en la disposición transitoria segunda. El decreto fundamenta la decisión en la necesidad de resguardar la estabilidad del sistema financiero y la continuidad de los servicios, en un contexto donde algunas entidades enfrentan una reducción temporal en su capacidad para generar recursos.
El Ejecutivo busca dotar a las instituciones más vulnerables con un “oxígeno” temporal para evitar quiebras y contener un efecto dominó que ponga en riesgo los depósitos del público y la estabilidad del sistema bancario nacional.
La medida abre un mecanismo de respaldo patrimonial a corto plazo para las entidades afectadas mientras se busca que recuperen las condiciones necesarias para cumplir nuevamente con los niveles exigidos por la normativa financiera.
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