Ficha informativa
Vicente Salazar, líder campesino de la Federación de Campesinos “Túpac Katari”, fue aprehendido en El Alto por terrorismo tras bloqueos en Bolivia. Su detención se realizó bajo orden judicial en el contexto de protestas que paralizaron el país entre mayo y junio de 2026.
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Contexto:
La aprehensión se basa en una denuncia por terrorismo presentada por el ministro Marco Antonio Oviedo. Esta denuncia incluye a otros líderes como Mario Argollo y Nilton Condori. Las protestas surgieron en abril debido a la Ley 1720, que buscaba modificar propiedades para facilitar préstamos, lo que generó temor entre los campesinos.
Salazar había sido detenido previamente el 10 de junio durante una marcha en La Paz. Nilton Condori había acusado a Salazar de recibir pagos del Gobierno, acusación que este rechazó. La situación jurídica del dirigente está pendiente mientras espera la decisión del Ministerio Público.
Por qué importa:
Las movilizaciones causaron graves daños económicos, cierre de empresas, desempleo y bloqueo de suministros médicos. El presidente Rodrigo Paz afirmó que las acciones fueron impulsadas por intereses políticos y acusó a grupos armados vinculados al narcotráfico.
Datos clave:
- Fecha de aprehensión: 4 de julio de 2026
- Lugar: El Alto, Bolivia
- Días de movilizaciones: 53 días
- Fecha de abrogación de la Ley 1720: mayo de 2026
- Fecha del estado de excepción: 20 de junio de 2026
Detención de Vicente Salazar en El Alto
El ejecutivo de la Federación de Campesinos “Túpac Katari”, Vicente Salazar, fue aprehendido este sábado por la Policía Boliviana en la ciudad de El Alto. Esta detención se realizó en cumplimiento de una orden judicial, en el marco de una investigación abierta por el Ministerio Público, tras denuncia del Ministerio de Gobierno que vincula al dirigente con las protestas y bloqueos de caminos que paralizaron diversas regiones del país entre los meses de mayo y junio de este año.
Traslado y presentación de cargos
Tras su captura, el dirigente fue trasladado a las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en la ciudad de La Paz, donde aguarda la presentación de cargos por parte de la Fiscalía ante un juez. Los antecedentes de este proceso se encuentran en una denuncia por el delito de terrorismo presentada por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.
Otros implicados en la denuncia
Esta querella también incluye a otros líderes sociales y políticos, como el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y el senador Nilton Condori, entre otros. Según las autoridades, estas acciones legales buscan identificar a los responsables de las movilizaciones que se extendieron durante 53 días, causando graves daños económicos, el cierre de empresas, desempleo y el bloqueo de suministros médicos, lo cual impidió que muchos enfermos llegaran a los centros de salud.
Origen del conflicto social en Bolivia
El conflicto tuvo su origen en abril, cuando diversos sectores campesinos comenzaron a movilizarse en rechazo a la Ley 1720, una norma que planteaba convertir pequeñas propiedades en medianas para facilitar el acceso a préstamos bancarios. Los movilizados argumentaban que esta ley ponía en peligro sus tierras, lo que derivó en protestas que lograron la abrogación de la norma en mayo. Sin embargo, continuaron por otros motivos, como el descontento por la calidad de la gasolina que dañaba motores.
Demandas políticas y declaraciones del presidente
Posteriormente, estas demandas se transformaron en una exigencia política de renuncia contra el Presidente Rodrigo Paz. Sobre los hechos, el primer mandatario del país manifestó que las medidas fueron impulsadas por actores con intereses políticos. “La ideología y políticos conspiradores” ocasionaron estos bloqueos, afirmó el mandatario, añadiendo que estas acciones causaron “luto en las carreteras”.
Acusaciones y antecedentes de Vicente Salazar
Por su parte, el Gobierno sostuvo durante el conflicto que el movimiento fue financiado por organizaciones dedicadas al narcotráfico y que se registró la presencia de grupos armados que amenazaban con tomar instalaciones estratégicas de la empresa estatal YPFB. Es importante señalar que la trayectoria reciente de Salazar incluye un arresto previo el pasado 10 de junio durante una marcha en el centro de La Paz, tras la cual fue liberado pocas horas después.
Aclaraciones sobre pagos del Gobierno
En el plano político, el senador Nilton Condori había señalado anteriormente que Salazar recibía pagos mensuales del Gobierno, una acusación que el dirigente rechazó enfáticamente. Según el recuento de los hechos, las medidas de presión solo se levantaron después de que el Gobierno decretara el estado de excepción el 20 de junio.
Situación actual del dirigente
Mientras se espera el informe oficial de la Policía sobre los detalles específicos de la captura, Vicente Salazar permanece en dependencias policiales a la espera de que el Ministerio Público imita la imputación formal y juez cautelar defina su situación jurídica frente al proceso que se sigue por los hechos violentos y las pérdidas registradas durante los dos meses de crisis social.
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