Ficha informativa
La sobrepoblación en los centros penitenciarios de Oruro, con más de 2.050 internos, genera una crisis de derechos humanos y presión económica, demandando más de Bs 4,5 millones anuales. Se requieren políticas integrales para abordar el problema.
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Contexto:
El delegado de la Defensoría del Pueblo en Oruro, Juan Carlomagno Arroyo Martínez, destacó la discrepancia entre la población actual y la capacidad instalada de los penales. San Pedro tiene una estructura física de entre 120 y 130 años y La Merced tiene alrededor de 15 años pero enfrenta problemas severos.
La Defensoría del Pueblo propone dispositivos de vigilancia electrónica, la Ley del Jubileo para adultos mayores y medidas de rehabilitación y reeducación como soluciones al problema del hacinamiento.
Por qué importa:
El hacinamiento afecta la asignación presupuestaria del Gobierno Autónomo Departamental y requiere políticas integrales para mitigar el gasto público en reclusión y mejorar las condiciones en los centros penitenciarios.
Datos clave:
- Población carcelaria: más de 2.050 internos
- Costo anual del hacinamiento: más de Bs 4,5 millones
- Población en San Pedro: cerca de 1.750 internos
- Población en La Merced: más de 300 internos
- Presupuesto total requerido para gestión 2026: Bs 4.561.121,41
- Asignación inicial base: Bs 3.105.076,00
- Monto complementario requerido: Bs 1.456.045,41
- Costo promedio anual por persona privada de libertad: Bs 2.224,94
- Número de solicitudes de indulto tramitadas favorablemente: 164 de 180 presentadas
La crisis de sobrepoblación carcelaria en Oruro
La sobrepoblación carcelaria en los centros penitenciarios del departamento de Oruro representa una crisis de infraestructura y derechos humanos. Además, genera una constante presión económica sobre los recursos públicos. Actualmente, la población carcelaria sobrepasa los 2.050 internos en instalaciones colapsadas, lo que demanda más de Bs 4,5 millones anuales dentro del Programa Estratégico a la Seguridad Ciudadana de la Gobernación.
Población interna y condiciones
De acuerdo con el informe del delegado de la Defensoría del Pueblo en Oruro, Juan Carlomagno Arroyo Martínez, el penal de San Pedro alberga una población fluctuante cercana a los 1.750 internos, mientras que el Centro Penitenciario La Merced registra a más de 300 personas, principalmente mujeres, en su mayoría bajo detención preventiva.
Infraestructura inadecuada
El representante defensorial enfatizó la discrepancia técnica entre la población actual y la capacidad instalada:
- San Pedro: Su estructura física data de entre 120 y 130 años de antigüedad, concebida para un volumen de reclusos y un sistema penitenciario radicalmente distintos a los actuales.
- La Merced: Pese a contar con una edificación más reciente (alrededor de 15 años), afronta severos problemas de cobertura y calidad en servicios básicos.
Causas del hacinamiento
Entre las causas principales del hacinamiento, la Defensoría identifica a personas procesadas o sentenciadas por delitos de violencia hacia mujeres y menores, seguidas por infractores de la Ley 1008 (narcotráfico) y procesados por robo de minerales a gran escala (juqueo).
Costo económico del hacinamiento
El costo económico del hacinamiento asciende a más de Bs 4,5 millones al año. Mantener a una población penal en crecimiento sostenido impacta directamente en la asignación presupuestaria del Gobierno Autónomo Departamental. Para la gestión 2026, el Programa Estratégico a la Seguridad Ciudadana requirió un presupuesto total estimado de Bs 4.561.121,41.
Esta cifra proviene de la asignación inicial base de Bs 3.105.076,00 aprobada en el sistema (SIGEP), a la que se suma un requerimiento faltante de Bs 1.456.045,41. Este monto complementario está destinado específicamente a cubrir los prediarios (alimentación) de la población penal de San Pedro y La Merced durante el último trimestre del año (octubre a diciembre). En términos globales, la manutención y atención dentro de este programa representa un gasto promedio de Bs 2.224,94 anuales por cada persona privada de libertad.
Impacto de la Ley de Indulto
Frente a este panorama, Arroyo Martínez señaló que la reciente Ley de Indulto tuvo un impacto paliativo, logrando la tramitación favorable de 164 solicitudes de unas 180 presentadas en el departamento.
Propuestas para abordar el problema
Para frenar tanto el hacinamiento como la escalada del gasto público en reclusión, la Defensoría del Pueblo insiste en la necesidad de aplicar políticas integrales:
- Dispositivos de vigilancia electrónica: La aprobación de la Ley de Manillas Electrónicas permitiría sustituir o acompañar la detención preventiva fuera de los recintos.
- Ley del Jubileo: Tratamiento legislativo para otorgar beneficios de salida a adultos mayores.
- Rehabilitación y reeducación: Promover medidas de reinserción social que eviten que la privación de libertad sea la única respuesta punitiva ante delitos de violencia y faltas menores.
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