Ficha informativa
La fiscal Delcy Guzmán rechazó acusaciones de encubrimiento en el caso de las ‘narcomaletas’, defendiendo los allanamientos autorizados judicialmente y asegurando que no obstaculizó la investigación.
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Contexto:
Guzmán afirmó que los operativos contaron con autorización judicial y fueron reportados formalmente. El ministro Oviedo la acusó de frenar intervenciones en predios de la empresa Ebose. Guzmán recordó que su domicilio fue inspeccionado sin objeción y que cuenta con medidas de protección tras recibir amenazas.
Guzmán mencionó que sus actuados están respaldados bajo el artículo 279 del Código de Procedimiento Penal. La declaración del 5 de noviembre por Laura Rojas fue clave para sustentar la denuncia del Gobierno.
Por qué importa:
El Ejecutivo nacional denunció a Róger Mariaca y Rómer Saucedo por liderar una red dedicada al tráfico de marihuana. Las defensas atribuyeron el proceso a una ‘politización judicial’. El Gobierno dispuso que los próximos allanamientos se realicen con registro en video y notarios presentes.
Datos clave:
- Más de 30 maletas ingresaron irregularmente a Bolivia en noviembre de 2025.
- Los allanamientos iniciaron en enero de 2026.
- Se hallaron sustancias sospechosas en un galpón del exjuez Hebert Zeballos.
- El Gobierno formalizó una denuncia el 6 de noviembre de 2026.
- La exdiputada Laura Rojas usó un pasaporte diplomático inhabilitado.
- La hermana de Saucedo fue aprehendida con un millón de bolivianos en efectivo.
Fiscal Delcy Guzmán rechaza acusaciones de encubrimiento
La fiscal Delcy Guzmán negó las acusaciones del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, quien la señaló por presunto encubrimiento en la investigación sobre el ingreso irregular de más de 30 maletas a Bolivia en noviembre de 2025. Guzmán afirmó que los operativos cuestionados contaron con autorización judicial y fueron reportados formalmente, negando haber obstaculizado el proceso.
Detalles de la investigación
Según informó El Deber, Guzmán sostuvo que sus actuados están respaldados en el cuaderno de investigación bajo el artículo 279 del Código de Procedimiento Penal. Ella explicó que los allanamientos iniciaron en enero de 2026 tras alertas de Inteligencia sobre presunto tráfico de armas. Durante las intervenciones no se hallaron armamentos, pero sí sustancias sospechosas en un galpón del exjuez Hebert Zeballos, por lo que derivó el caso a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y al fiscal de turno.
Reacciones del Gobierno y denuncias formales
Estas declaraciones responden a los cuestionamientos del ministro Oviedo, quien calificó a Guzmán como funcionaria de “absoluta confianza” del exfiscal general Róger Mariaca y la acusó de frenar intervenciones en predios de la empresa Ebose. Al respecto, la fiscal aclaró que actúa bajo mandatos judiciales, precisó que su propio domicilio fue inspeccionado sin objeción y recordó que cuenta con medidas de protección tras haber recibido amenazas.
Denuncia contra Róger Mariaca y Rómer Saucedo
Por su parte, el Ejecutivo nacional, representado por el ministro Oviedo, formalizó este viernes 6 de noviembre de 2026 en Santa Cruz una denuncia contra Róger Mariaca y el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, Rómer Saucedo. Ambos son acusados de liderar una red dedicada al tráfico de marihuana desde Los Ángeles con destino a Brasil.
Fundamentos de las acusaciones
El Gobierno sustentó su postura en la declaración brindada el 5 de noviembre por la exdiputada Laura Rojas, quien trasladó el equipaje usando un pasaporte diplomático inhabilitado e identificó a Saucedo como dueño del cargamento. En contraste con las acusaciones gubernamentales, las defensas de Mariaca y Saucedo atribuyeron el proceso a una “politización judicial” antes de salir del país.
Medidas para garantizar transparencia
No obstante, el Ministerio de Gobierno desestimó esa versión tras la aprehensión de la hermana de Saucedo en posesión de un millón de bolivianos en efectivo. Para garantizar la transparencia de los próximos actuados, el Ejecutivo dispuso que los allanamientos preventivos se realicen con registro en video y la presencia de notarios de fe pública.
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