Ficha informativa
La Fiscalía de La Paz presentó una acusación formal contra Rafael Arce Mosqueira por enriquecimiento ilícito, solicitando la incautación de sus bienes y cuentas. La investigación incluye más de 30 elementos probatorios que evidencian su presunta participación en delitos económicos.
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Contexto:
Rafael Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce, fue denunciado por el exdiputado Héctor Arce. La denuncia incluye la adquisición irregular de un penthouse y vehículos de alta gama. Se detectaron movimientos económicos sospechosos y tramitó un anticipo de herencia a favor de su hijo. Actualmente, se encuentra en rebeldía.
La Fiscalía fundamenta la imputación en más de 30 elementos probatorios, incluyendo la creación no sustentada de la empresa Agron Group y movimientos económicos millonarios que no corresponden a sus ingresos declarados.
Por qué importa:
La acusación formal representa un avance en la investigación judicial. Rafael Arce enfrenta una posible condena y la incautación de sus bienes, lo que podría impactar su situación financiera y la reputación familiar. Su padre está detenido por otro caso relacionado con el Fondo Indígena.
Datos clave:
- Resolución de Acusación Formal N.º 10/2026
- Fecha de emisión 29 de julio de 2026
- Pena del delito entre tres y ocho años de cárcel
- Valor de propiedades adquiridas aproximadamente 750.000 dólares
- Tamaño del predio agrícola más de 2.000 hectáreas
Acusación formal contra Rafael Arce Mosqueira
La Fiscalía de La Paz presentó una acusación formal contra Rafael Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce, por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. Además, el Ministerio Público solicitó a la autoridad judicial la incautación de los bienes y cuentas del acusado.
Detalles de la acusación
La Resolución de Acusación Formal N.º 10/2026, emitida el 29 de julio por el fiscal Miguel A. Cardozo Ramírez, sostiene que durante la investigación se reunieron 30 elementos de convicción que demuestran la existencia del hecho y la presunta participación del acusado. Este documento oficial indica al juez: “Ya terminamos de investigar, tenemos pruebas suficientes de un delito y exigimos que esta persona vaya a juicio para ser condenada”.
Denuncias y movimientos sospechosos
Rafael Arce fue denunciado por la adquisición irregular de un penthouse y bauleras en la zona Sur de La Paz, así como vehículos de alta gama. Durante la investigación, se detectaron movimientos económicos sospechosos del imputado y se reveló que había tramitado el anticipo de herencia en favor de su hijo. La denuncia fue presentada por el exdiputado Héctor Arce informó Erbol.
Estado actual del caso
Actualmente, Arce Mosqueira se encuentra declarado en rebeldía, ya que no ha sido hallado por las autoridades, según detalló Erbol. En la acusación, la Fiscalía pide una sentencia condenatoria dosificada de acuerdo a la justificación que dará en el juicio. Según la norma, el delito acusado tiene una pena de tres a ocho años de cárcel.
Incautación de bienes
Además, se solicita al tribunal que “disponga la incautación de la totalidad de los bienes inmuebles y vehículos, así como los fondos de las cuentas bancarias congeladas y no congeladas” de propiedad del acusado Rafael Ernesto Arce. La Fiscalía declaró que Rafael Arce Mosqueira fue declarado en rebeldía debido a su incomparecencia ante las autoridades judiciales. Existe una orden de aprehensión vigente que permanece pendiente de ejecución.
Implicaciones familiares
La acusación presentada por el Ministerio Público representa un avance dentro de la investigación. Mientras tanto, Rafael Arce ya enfrenta etapa de juicio en este caso. Su padre, Luis Arce, se encuentra en la cárcel de San Pedro con detención preventiva por el caso Fondo Indígena, y su hermano Marcelo está en Palmasola por legitimación de ganancias ilícitas.
Otros casos pendientes
En otro caso, Rafael Arce está procesado por la presunta compra irregular de un predio productivo en Santa Cruz. Para esta transacción, habría recibido un crédito bancario multimillonario a sus 25 años. En la imputación, la Fiscalía pidió seis meses de detención preventiva y la activación del sello rojo.
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