¿Qué se puede hacer y qué no con la nueva Ley de Excepción?

Debate sobre la Ley de Estados de Excepción en Bolivia

La Cámara de Diputados de Bolivia se dispone a debatir el proyecto de Ley de Regulación de los Estados de Excepción. Esta norma, que podría ser sancionada este fin de semana, establece las reglas para la aplicación de medidas extraordinarias en situaciones de crisis. La iniciativa fue aprobada por el Senado la noche del jueves y ahora deberá ser revisada por los diputados.

Objetivos del Proyecto

Desde el oficialismo aseguran que la norma busca desarrollar los alcances previstos en la Constitución Política del Estado. Las regulaciones que dispone el proyecto en debate incluyen:

• Situaciones para declarar un estado de excepción:
  • Amenaza a la seguridad del Estado.
  • Agresión o amenaza externa.
  • Conmoción interna.
  • Desastres naturales o emergencias de gran magnitud.
• Duración del estado de excepción:
  • Plazo máximo: 90 días calendario.
  • Caducará automáticamente al concluir ese periodo.
  • No podrá declararse otro basado en los mismos hechos durante la misma gestión, salvo circunstancias nuevas o autorización expresa de la Asamblea Legislativa.
• Facultades del Gobierno durante el estado:
  • Restringir temporalmente derechos como la libertad de circulación y reuniones en espacios públicos.
  • Reforzar la protección de instalaciones estratégicas, hospitales, aeropuertos y rutas esenciales.
• Intervención de las Fuerzas Armadas:
  • Solo podrán intervenir cuando la Policía haya sido superada y no exista otro medio eficaz para restablecer el orden público.
  • Su participación deberá ser autorizada por el Presidente y estará orientada a proteger infraestructura crítica y garantizar corredores humanitarios.
• Derechos intangibles:

• Derecho a la vida.
• Integridad personal.
• Igualdad ante la ley.
• Libertad de conciencia y religión.
• Derechos políticos.
• Acceso a la información.
• Debido proceso.
• Garantías judiciales.
• Derechos de niñas, niños y adolescentes.
• Derechos de las personas privadas de libertad.

Además, se prohíbe expresamente la tortura, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y uso indiscriminado de la fuerza. Una observación clave durante el tratamiento legislativo fue evitar que la declaratoria dependa exclusivamente del Ejecutivo. Por ello, el proyecto obliga al Presidente a comunicar la medida a la Asamblea Legislativa dentro de las primeras 24 horas. Posteriormente, diputados y senadores tendrán hasta 72 horas para aprobarla o rechazarla. El Gobierno también deberá presentar informes periódicos sobre su aplicación y una rendición final una vez concluida la medida.

Crisis Política en Bolivia

La discusión ocurre en medio de una crisis marcada por bloqueos nacionales, desabastecimiento extremo y presión por la renuncia del Presidente Rodrigo Paz. Los eventos previos clave incluyen:

• Sectores movilizados mantienen al país con carreteras cerradas por más de 35 días, afectando comercio y distribución interna.
• Escasez crítica de combustible ha generado peleas ciudadanas en las filas y dificultades extremas para abastecer ciudades como La Paz.
• Manifestantes exigen la dimisión del mandatario, escalando tensiones políticas a niveles críticos.
• El Senado convocó comisiones emergentes para aprobar rápidamente esta norma antes del debate en Diputados.

Finalmente, esta nueva ley quita al Ejecutivo el control absoluto sobre las crisis y prohíbe taxativamente la suspensión de derechos fundamentales. A partir de su aprobación, cualquier despliegue militar quedará bajo estricto control legislativo.