Ficha informativa
El senador Branko Marinkovic presentó el proyecto de ‘Ley de Equilibrio Territorial del Gasto Público, Descentralización Funcional y Fortalecimiento Institucional’ para descentralizar recursos en Bolivia, buscando una distribución equitativa del gasto público entre el nivel central y las regiones.
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Contexto:
La Constitución de 2009 define a Bolivia como un Estado autonómico. Sin embargo, el poder económico sigue concentrado en el nivel central, generando burocracia excesiva y desigualdad. Las gobernaciones, municipios y universidades no manejan sus recursos directamente.
El proyecto aclara que no se busca dividir el país ni quitar competencias al Estado central. Se mantiene el control del Estado sobre áreas críticas como seguridad nacional y estabilidad macroeconómica.
Por qué importa:
La propuesta busca mejorar la inversión pública y la eficiencia en el gasto, permitiendo a las regiones ejecutar recursos de manera más autónoma. Esto podría reducir la burocracia y aumentar la capacidad de respuesta a necesidades locales.
Datos clave:
- 50% para el nivel central
- 50% para las regiones
- 20% para Gobiernos Autónomos Departamentales
- 25% para Municipios y Autonomías Indígena Originaria Campesinas
- 5% para Universidades Públicas Autónomas
- Artículos 271, 272, 298 de la Constitución Política del Estado (CPE)
El senador Branko Marinkovic presentó oficialmente el proyecto de ley de equilibrio territorial del gasto público, descentralización funcional y fortalecimiento institucional. Esta propuesta busca romper con el centralismo económico y establecer una distribución de recursos más equitativa bajo una fórmula clara: 50% para el nivel central y 50% para las regiones.
Contexto de la descentralización en Bolivia
A pesar de que la Constitución de 2009 define a Bolivia como un Estado autonómico, el poder económico sigue concentrado en el nivel central. Esta situación genera burocracia excesiva, retraso en obras, baja inversión pública y desigualdad entre regiones. Las gobernaciones, municipios y universidades no pueden responder rápidamente a sus necesidades porque no manejan sus recursos de forma directa, según Marinkovic.
Objetivos de la propuesta
Con la Propuesta de Descentralización del Gasto, el objetivo es que las regiones ejecuten de manera más autónoma los recursos públicos destinados al desarrollo territorial. Los actores clave son las Gobernaciones, Municipios y Universidades Públicas, ya que conocen mejor su realidad productiva.
Principales características
El proyecto aclara que no se busca dividir el país ni quitarle competencias al Estado central. Su propósito es hacer que la inversión sea más eficiente y directa en el lugar donde se genera la riqueza. Se apoya en la Constitución Política del Estado (CPE), que ya reconoce la autonomía financiera y administrativa (Artículos 271 y 272).
Además, respeta las facultades del nivel central (Artículo 298), por lo que no modifica impuestos ni la política económica nacional; solo cambia cómo y quién gasta el presupuesto en las regiones.
Estructura de ejecución territorial
El eje central de esta ley presentada por Marinkovic se encuentra en su Artículo 10, el cual redefine la estructura de ejecución territorial de los recursos del Estado Plurinacional. Según el documento, la distribución se dividiría de la siguiente manera:
- Nivel Central (50%): Este porcentaje se mantendría bajo control del Estado para garantizar áreas críticas como:
- Seguridad nacional y estabilidad macroeconómica.
- Financiamiento de competencias privativas.
- Inversión pública de alcance nacional y políticas estratégicas.
- Ejecución Territorial Directa (50%): Aquí radica la novedad de la propuesta, otorgando autonomía financiera directa a las regiones y centros educativos:
- 20% para Gobiernos Autónomos Departamentales: Un impulso directo a las gobernaciones.
- 25% para Municipios y Autonomías Indígena Originaria Campesinas: Reforzando la gestión local y rural.
- 5% para las Universidades Públicas Autónomas: Asegurando el financiamiento del sistema estatal de educación superior.
Se plantea un modelo donde el Estado central conserva su rol estratégico, pero cede el protagonismo económico a quienes están más cerca de las necesidades del ciudadano, según precisó el legislador.
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