Ficha informativa
El 28 de abril de 2026, productores de goma y almendra en Pando y Beni protestaron contra el Decreto Supremo 5613, que regula la titulación de tierras. Denuncian falta de consenso y riesgo para el ecosistema amazónico.
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Contexto:
René Fong, presidente de Asprogoal, cuestionó la falta de análisis del Ejecutivo. Los productores argumentan que concluyeron su saneamiento en 2008 y poseen publicaciones oficiales que avalan su derecho propietario. Denuncian que el decreto fue redactado sin consenso.
El Gobierno busca identificar tierras fiscales para dárselas a campesinos, generando sobreposición de derechos con recolectores existentes. La ABT es responsable de las autorizaciones necesarias para trabajar legalmente el bosque.
Por qué importa:
Los productores advierten sobre la llegada de grupos foráneos que no comparten la vocación conservacionista, lo que podría destruir el ecosistema amazónico. También hay riesgo normativo al priorizar comunidades con ‘resolución de asentamiento’, lo cual puede blanquear tomas ilegales.
Datos clave:
- Fecha: 28 de abril de 2026
- Decreto: Decreto Supremo 5613
- Años de presencia en la zona: más de 70 años
- Año del proceso masivo de titulación: 2008
- Tiempo desde el saneamiento: 16 años
Protestas en Bolivia por el Decreto Supremo 5613
El martes 28 de abril, los productores de goma y almendra en el norte amazónico de Bolivia, específicamente en los departamentos de Pando y el norte de Beni, expresaron un profundo rechazo tras la aprobación del Decreto Supremo 5613. Esta norma regula la dotación y titulación de tierras, pero los productores denunciaron que fue redactada “de escritorio”, sin consenso y desconociendo procesos de saneamiento ya cerrados legalmente.
Críticas al Gobierno
René Fong, presidente de la Asociación de Productores de Goma y Almendra (Asprogoal), cuestionó la falta de análisis real por parte del Ejecutivo. Fong explicó que el decreto se promulga en un contexto político sensible: “Nos preocupa que el Gobierno siga validando a sectores que, bajo el rótulo de marchistas, son en realidad avasalladores que pretenden consolidar actos ilegales realizados en los últimos tres años”, citó Unitel. Para Asprogoal, el argumento de “necesidad de titulación” es cuestionable.
Argumentos de los productores
Los productores argumentaron que:
- La mayor parte del sector concluyó su saneamiento en 2008.
- Cuentan con publicaciones oficiales que avalan su derecho propietario.
- El problema radica en la falta de conclusión administrativa por parte del Estado.
Además, advirtieron que el DS 5613 abre una puerta peligrosa para la llegada de grupos foráneos del occidente, quienes no comparten la vocación recolectora y conservacionista de la región.
Hechos adicionales sobre la situación
Los hechos adicionales incluyen:
- Antigüedad: El sector asegura tener presencia en la zona desde hace más de setenta años.
- Conservación: Denuncian que nuevos asentamientos destruyen el ecosistema amazónico.
- Riesgo normativo: El artículo 2 del decreto prioriza a comunidades con “resolución de asentamiento”, visto como un mecanismo para blanquear tomas ilegales.
Los productores aseguraron que sus tierras ya pasaron este filtro hace dieciséis años; por lo tanto, cualquier nueva titulación sobre sus áreas sería ilegal.
Pugna entre modelos
Existe una pugna entre dos modelos:
- Modelo extractivista sostenible: Recolectores que cuidan el árbol.
- Modelo de colonización: Personas que llegan, talan bosques y plantan cultivos.
El Gobierno busca identificar tierras fiscales para dárselas a campesinos; sin embargo, muchas ya tienen recolectores trabajando bajo derechos adquiridos, lo cual genera sobreposición de derechos. Involucrados son René Fong y Asprogoal, representando a familias con hasta setenta años operando en la zona. Ellos acusan a un grupo movilizado hacia La Paz como avasalladores que buscan deforestar.
Mediación del Gobierno
El Gobierno actúa como mediador mediante el Decreto 5613, ofreciendo titulación rápida; sin embargo, esto ha sido visto como una concesión política a los marchistas. La Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) es responsable de entregar las autorizaciones necesarias para trabajar legalmente el bosque.
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