Ficha informativa
La Asamblea Legislativa Plurinacional interpeló al ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, el 25 de agosto de 2026. A pesar de las críticas por su gestión y la escasez de combustibles, recibió el voto de confianza al no alcanzarse los dos tercios para su censura.
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Contexto:
La interpelación fue impulsada por las diputadas Sindy Donaire y Claudia Herbas, y el diputado Rolando Pacheco. Blanco afirmó que su gestión se caracteriza por la lucha contra la corrupción y que YPFB es responsable de la importación y logística del combustible. Los interpelantes señalaron falta de respuestas claras y contradicciones en las declaraciones del ministro.
Blanco mencionó que las compensaciones por gasolina contaminada no se pagaron con dinero estatal, sino mediante una póliza de seguro. También acusó a una ‘mafia’ dentro de YPFB y ANH por contrabando, lo que afecta el suministro.
Por qué importa:
A pesar del descontento expresado por varios legisladores, se decidió dar una última oportunidad al ministro, fijando un plazo para solucionar el desabastecimiento. La situación podría afectar la percepción pública sobre la gestión del gobierno en materia de hidrocarburos.
Datos clave:
- Fecha: 25 de agosto de 2026
- Número de preguntas: 37
- Multa a Trafigura: 55 millones de dólares
- Plazo para solución al desabastecimiento: 30 días
La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) interpeló este martes 25 de agosto al ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, en un contexto marcado por la escasez de combustibles en Bolivia. La autoridad del Ejecutivo salió bien librada del acto tras no lograrse los dos tercios necesarios para su censura.
Detalles de la interpelación
La interpelación se realizó sobre contratos, importación y abastecimiento de combustibles, además de la normativa vigente. Este acto incluyó 37 preguntas y fue impulsado por las diputadas Sindy Donaire, Claudia Herbas y el diputado Rolando Pacheco.
Defensa del ministro Blanco
Blanco inició su alocución afirmando que su gestión se ha caracterizado por la lucha contra la corrupción y el apego a la legalidad. Además, enfatizó que esta cartera del Estado no compra, licita o suscribe contratos de importación, ni opera la cadena logística del combustible; aclaró que estas responsabilidades son exclusivas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Contratos con Trafigura
La autoridad aseguró que los contratos con Trafigura no tenían irregularidades. Afirmó que YPFB desconocía que esta empresa debía pagar 55 millones de dólares debido a una multa por orden de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), debido a múltiples infracciones a la Ley de Intercambio de Productos Básicos. Sin embargo, anunció que a partir de ahora se añadirán filtros para las siguientes contrataciones.
Compensaciones y problemas en el suministro
Respecto a las repercusiones de la denominada gasolina basura, el ministro aclaró que las compensaciones no se pagaron con dinero de YPFB, sino que se activó la póliza de seguro, lo que significa que no utilizó dinero del Estado para compensar a los dueños de motorizados dañados.
En cuanto a las persistentes filas por combustible, pidió disculpas al país y acusó a una “mafia” dentro de YPFB y la Agencia Boliviana de Hidrocarburos (ANH), que contrabandea gasolina y diésel, afectando el suministro. Aseguró que se aplicaron operativos de control no solo para eliminar este problema, sino también para evitar que combustible contaminado vuelva a ser comercializado.
Cierre y votación final
Tras las intervenciones de Blanco, los interpelantes consideraron que no se ofrecieron respuestas claras a la población y se expusieron mentiras. También identificaron contradicciones como la continuidad del contrato con Trafigura, cuando el exministro Mauricio Medinaceli anunció públicamente su suspensión.
Durante la votación, varios legisladores expresaron su descontento con las respuestas y por la falta de acciones ante la actual situación, con filas en busca de combustibles. Sin embargo, primó la postura de darle “una última oportunidad” al ministro y fijar un plazo de 30 días para que logre una solución definitiva al desabastecimiento.
Tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores optaron en su mayoría por el voto puro y simple o la abstención, no logrando los dos tercios necesarios para censurar a la autoridad.
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