Ficha informativa
El Gobierno de Bolivia solicitará ayuda internacional para auditar el sistema de radares de vigilancia civil y militar, tras identificar problemas operativos en su funcionamiento.
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Contexto:
El Ministerio de Defensa gestiona apoyo internacional para evaluar el sistema de radares. La auditoría técnica externa se realizará una vez que organismos internacionales asignen especialistas. El ministro Ernesto Justiniano explicó que se busca un diagnóstico independiente para decidir sobre el contrato con la empresa proveedora. La investigación por daño económico involucra a exministros y se inició hace tres semanas.
La denuncia incluye a los exministros Reymi Ferreira, Javier Zavaleta, Luis Fernando López y Edmundo Novillo. El Ministerio presentó una apelación respecto a la detención domiciliaria de Novillo, buscando resguardar el debido proceso.
Por qué importa:
La falta de funcionamiento pleno del sistema de radares genera vulnerabilidad en el espacio aéreo nacional, afectando la capacidad del Estado para combatir el narcotráfico y prevenir actividades ilícitas, lo que amenaza la seguridad ciudadana y la soberanía del país.
Datos clave:
- Fecha: 3 de noviembre de 2026
- Total de radares adquiridos: 13
- Radares operando sin problemas: 2
- Radares con observaciones técnicas: 9
- Radares fuera de servicio: 2
- Daño económico presunto: 1.478 millones de bolivianos (aproximadamente 126,5 millones de dólares)
- Contrato original firmado: agosto de 2016
- Costo del contrato original: más de 191 millones de euros
- Plazo inicial de entrega: 31 meses
- Días de retraso en la entrega: más de 98 meses
Gestión del Gobierno para la auditoría de radares de vigilancia
Este martes 3 de noviembre de 2026, el Ministerio de Defensa del Estado Plurinacional de Bolivia informó que el Gobierno gestiona el apoyo de la cooperación internacional para contar con especialistas e inspectores técnicos. Esta medida tiene como fin evaluar la situación operativa real del sistema de radares de vigilancia civil y militar, identificar deficiencias estructurales y determinar las acciones e inversión requeridas para reforzar el control del espacio aéreo.
Plazos y objetivos de la auditoría técnica externa
Respecto a los plazos, la cartera de Estado detalló que la auditoría técnica externa se llevará a cabo una vez que los organismos internacionales asignen formalmente a las empresas y especialistas especializados. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, explicó que la finalidad de este peritaje es obtener un diagnóstico independiente e integral para tomar decisiones sobre la continuidad o ajuste del contrato con la empresa proveedora u otras firmas.
Informe sobre el estado actual de los radares
De acuerdo con el informe de auditoría interna, de un total de 13 radares adquiridos, únicamente dos operan sin problemas, nueve funcionan pero presentan observaciones técnicas y dos permanecen fuera de servicio. Justiniano aclaró que los radares activos prestan cobertura, aunque no en el nivel ni con las condiciones óptimas inicialmente contratadas.
Impacto en la seguridad nacional
En el plano social y de seguridad, la falta de funcionamiento pleno del sistema de radares implica la vulnerabilidad del espacio aéreo nacional frente a vuelos irregulares y no autorizados. Esta situación incide de manera directa en la efectividad del Estado para combatir el narcotráfico y prevenir actividades ilícitas conexas que amenazan la seguridad ciudadana y la soberanía del país.
Investigación judicial en curso
En el ámbito judicial, la investigación iniciada hace tres semanas por un presunto daño económico superior a 1.478 millones de bolivianos (aproximadamente 126,5 millones de dólares) sigue su curso. La denuncia abarca a los exministros de Defensa Reymi Ferreira, Javier Zavaleta, Luis Fernando López y Edmundo Novillo.
Apelación por detención domiciliaria
Sobre la reciente detención domiciliaria de Novillo, el Ministerio de Defensa confirmó que la exautoridad presentó una apelación en resguardo del debido proceso, a la espera de los avances de la justicia.
Detalles del contrato original
El contrato original fue suscrito en agosto de 2016 con la empresa francesa Thales por más de 191 millones de euros y contemplaba un plazo inicial de entrega de 31 meses. No obstante, la entrega se postergó durante más de ocho años (98 meses) debido a la firma de siete adendas contractuales celebradas a lo largo de tres periodos de gobierno distintos.
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