Ficha informativa
El Gobierno central cerrará empresas públicas no rentables y mantendrá operativas las estratégicas. La medida, anunciada el 14 de octubre de 2026, busca sanear las finanzas del Estado bajo el Decreto Supremo 5727.
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Contexto:
La decisión se enmarca en la política de saneamiento financiero impulsada por el Presidente Rodrigo Paz Pereira. El vocero presidencial José Luis Gálvez informó sobre la diferenciación entre empresas productivas e improductivas.
El cierre se realizará de manera progresiva y bajo resguardo legal para evitar resoluciones arbitrarias que desprotejan a las instituciones ante eventuales ilícitos.
Por qué importa:
Se espera una reducción del gasto público y un enfoque en fortalecer entidades estratégicas como Boliviana de Aviación y Mi Teleférico, evitando inyecciones de recursos en proyectos inviables.
Datos clave:
- Fecha del anuncio: 14 de octubre de 2026
- Decreto Supremo: 5727
- Fecha de promulgación del decreto: 24 de septiembre de 2026
- Ahorro en asignaciones presupuestarias: más de 3.000 millones de bolivianos
Cierre ordenado de empresas deficitarias en Bolivia
El Gobierno central procederá en los próximos días al cierre ordenado de empresas deficitarias que generen pérdidas y no sean productivas. Al mismo tiempo, mantendrá operativas y reestructurará aquellas entidades estratégicas y rentables que generen beneficios para el país.
Anuncio del vocero presidencial
La determinación fue anunciada el miércoles 14 de octubre de 2026 en conferencia de prensa por el vocero presidencial José Luis Gálvez. Esta medida se enmarca en la política de saneamiento de las finanzas del Estado impulsada por la administración del Presidente Rodrigo Paz Pereira, según informó la Agencia Boliviana de Información (ABI).
Fundamento legal del cierre
El proceso administrativo y legal se sustenta en el Decreto Supremo 5727, promulgado el pasado 24 de septiembre de 2026. Este decreto declaró de prioridad nacional la reorganización, disolución y liquidación de las entidades estatales del nivel central que no resulten sostenibles.
Impacto económico del cierre
De acuerdo con lo manifestado por el portavoz gubernamental, la aplicación de esta norma ya ha permitido mitigar el impacto económico en las arcas públicas mediante la reducción de más de 3.000 millones de bolivianos en asignaciones presupuestarias destinadas a estas firmas. Esto ocurre independientemente de que hayan formalizado o no su conclusión de actividades.
Ejecución del cierre bajo resguardo legal
El vocero presidencial precisó que la ejecución del cierre se realiza de manera progresiva y bajo resguardo legal. Esto busca evitar resoluciones arbitrarias que puedan dejar desprotegidas a las instituciones ante eventuales ilícitos.
Diferenciación entre empresas productivas e improductivas
En este sentido, la postura oficial establece una diferenciación entre las empresas estatales productivas e improductivas. Se determina que no se inyectarán recursos públicos en proyectos sin viabilidad financiera. Sin embargo, entidades de servicio y transporte como Boliviana de Aviación (BoA) y Mi Teleférico quedan excluidas de cualquier medida de privatización o desmantelamiento, enfocando el trabajo estatal en su fortalecimiento operacional.
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