Ficha informativa
La denuncia de Samuel Doria Medina sobre cobros para permitir la salida de avionetas con droga genera debate en la ALP. Legisladores se dividen entre exigir pruebas al denunciante o investigar las acusaciones.
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Contexto:
La senadora Soledad Chapetón criticó al viceministro Dorian Badani por no investigar las denuncias. La diputada Claudia Bilbao pidió a Doria Medina formalizar su denuncia ante la Fiscalía y cuestionó su silencio previo.
Doria Medina afirmó que comunicó sus hallazgos al Presidente Rodrigo Paz, pero no reveló la identidad de su fuente por ser una conversación privada. El viceministro Badani advirtió que retener información puede perjudicar la lucha antidrogas.
Por qué importa:
La controversia podría afectar la percepción pública sobre la lucha contra el narcotráfico y la credibilidad del Gobierno, además de generar presión sobre Doria Medina para presentar pruebas concretas.
Datos clave:
- 50.000 dólares por cada aeronave en gobiernos anteriores
- 70.000 a 80.000 dólares durante la actual administración
La controversia por la denuncia de Samuel Doria Medina sobre presuntos cobros para permitir la salida de avionetas con droga continúa generando posiciones contrapuestas entre legisladores. Mientras un sector cuestionó al Gobierno por exigir al denunciante que presente pruebas en lugar de investigar, otro pidió a Doria Medina que formalice la acusación y respalde sus declaraciones.
Críticas a la gestión del Gobierno
La senadora Soledad Chapetón, de la alianza Unidad, criticó al viceministro de Lucha Contra el Narcotráfico, Dorian Badani, por lo que considera un intento de trasladar responsabilidades estatales a ciudadanos y actores políticos.
Chapetón sostuvo que cualquier persona tiene derecho a denunciar hechos irregulares y que las autoridades deben investigar las posibles conexiones entre el crimen organizado y las instituciones públicas.
“En vez de pedir explicaciones deberían investigar”, afirmó la senadora, quien cuestionó que el responsable de la lucha antidrogas alegue desconocer los movimientos de las avionetas y sus cargas.
Además, anunció que inició gestiones para solicitar información escrita sobre las denuncias recibidas y las acciones emprendidas por esa área del Gobierno. A su juicio, corresponde esclarecer si existen investigaciones y qué resultados tuvieron.
Demandas de formalización de denuncia
En contraste, la diputada Claudia Bilbao sostuvo que Doria Medina debe presentar ante la Fiscalía los antecedentes que afirma conocer. Cuestionó que el empresario haya mantenido silencio durante años y que ahora haga declaraciones sin identificar públicamente a los presuntos responsables.
“Yo hoy día lo invito a que denuncie a la Fiscalía si él tiene pruebas”, manifestó Bilbao, quien consideró que las acusaciones deben estar acompañadas de información concreta para que puedan ser investigadas.
La diputada también defendió la actuación del Presidente Rodrigo Paz y afirmó que su Gobierno ha destapado asuntos relacionados con narcotráfico. En ese marco, instó a Doria Medina a dejar de limitarse a declaraciones públicas y formalizar su denuncia.
Detalles sobre los presuntos cobros
La polémica se originó después de que Samuel Doria Medina afirmara que una senadora le informó sobre presuntos pagos para permitir la salida de avionetas cargadas con droga desde el departamento de Beni.
Según su relato, durante anteriores gobiernos se cobraban 50.000 dólares por cada aeronave que transportaba unos 500 kilos de cocaína y, durante la actual administración, el monto aumentó a entre 70.000 y 80.000 dólares.
Doria Medina aseguró que comunicó la información al Presidente Rodrigo Paz, pero se negó a revelar públicamente la identidad de su fuente porque, según explicó, se trató de una conversación privada.
Reacción del viceministro Badani
Ante esas declaraciones, el viceministro Dorian Badani exigió a Doria Medina que entregue al Ministerio Público los nombres y las pruebas que respalden sus afirmaciones. La autoridad calificó los señalamientos de graves y advirtió que retener información podría perjudicar la lucha contra el narcotráfico. Hasta el momento, los presuntos cobros y la eventual participación de funcionarios deben considerarse denuncias pendientes de verificación.
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