Ficha informativa
La Fiscalía de Oruro realizó un operativo en el mercado Kantuta el 24 de abril, deteniendo la venta ilegal de mascotas y rescatando animales enfermos, aplicando la Ley N° 700 para proteger a los animales.
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Contexto:
El fiscal José Luis Huarachi informó sobre la intervención, destacando que se encontraron animales con síntomas graves como el moquillo. Se notificó a comerciantes ilegales y se rescató a animales enfermos. La acción involucró a Pofoma, Zoonosis, Defensa al Consumidor y GAMO.
Las autoridades hicieron un llamado a la población para no comprar animales en condiciones ilegales. Se planean más operativos para concientizar sobre el cuidado animal. La Ley N° 700 prohíbe el sacrificio innecesario y establece sanciones por maltrato.
Por qué importa:
Los vendedores notificados enfrentarán procesos penales si reinciden en la venta ilegal. La Fiscalía advirtió que se castigará severamente la venta de mascotas sin autorización, buscando proteger la vida animal y evitar el maltrato.
Datos clave:
- Fecha del operativo: 24 de abril
- Ley N°: 700
- Fecha de promulgación de la Ley N° 700: 1 de junio de 2015
Intervención en el mercado Kantuta de Oruro
La Fiscalía Departamental de Oruro llevó a cabo un operativo sorpresa el viernes 24 de abril en el mercado Kantuta. Este operativo tuvo como objetivo frenar la venta de mascotas ilegales y rescatar animales en mal estado.
Colaboración interinstitucional
Durante la intervención, las autoridades notificaron a varios comerciantes que operaban de forma ilegal. Además, rescataron a animales enfermos. Este esfuerzo fue un trabajo conjunto entre diversas instituciones, incluyendo la Policía Forestal y Preservación del Medio Ambiente (Pofoma), Zoonosis, Defensa al Consumidor y el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO). Activistas que cuidan a los animales también participaron en la acción.
Condiciones de los animales rescatados
El fiscal especializado en Delitos de Medio Ambiente, José Luis Huarachi, informó que se encontraron animales con síntomas de enfermedades graves, como el moquillo. Estos animales fueron retirados de sus vendedores y trasladados para recibir atención médica urgente. Huarachi advirtió que no se permitirá que estos negocios ilegales sigan funcionando sin castigo.

Consecuencias para los vendedores ilegales
La Fiscalía notificó a los vendedores que si vuelven a intentar vender animales de forma ilegal o en malas condiciones, se les iniciará un proceso penal que podría llevarlos a la cárcel. Las autoridades explicaron que la venta de mascotas sin autorización es un delito que se castigará con todo el rigor de la ley.
Llamado a la población
Las instituciones hicieron un llamado a la población de Oruro para que no compren animales en estos lugares, ya que no tienen ninguna garantía de salud y fomentan el maltrato. Además, aseguraron que estos operativos continuarán en las próximas semanas para “socializar y concientizar” a la ciudadanía sobre su deber de cuidar a los animales.
Marco normativo: Ley N° 700
La Ley N° 700, promulgada el 1 de junio de 2015 en Bolivia, establece un marco normativo para la defensa de los animales contra actos de violencia, crueldad y maltrato. Esta ley reconoce a los animales como seres vivos con derechos fundamentales, incluyendo:
- Ser reconocidos como seres vivos.
- Tener un ambiente saludable y protegido.
- Ser protegidos contra todo tipo de violencia y maltrato.
- Ser auxiliados y atendidos.

Un cachorro descansa en una jaula estrecha junto a un plato de comida • FGE
Prohibiciones y sanciones
La ley prohíbe explícitamente el sacrificio de animales que implique sufrimiento innecesario y agonía prolongada. También establece sanciones para quienes cometan actos crueles o biocidio contra los animales. Cualquier acción que implique la captura y posterior eutanasia de animales sin justificación adecuada constituye una violación a esta ley.
Tolerancia cero ante reincidencias
El fiscal José Luis Huarachi fue enfático al señalar que la reincidencia no será tolerada. El Ministerio Público ya tiene la facultad de abrir procesos penales directos contra quienes infrinjan esta normativa.

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