Ficha informativa
La Fiscalía de La Paz descartó tortura y mutilación de lengua al periodista F. Jesús Z.S., tipificando el caso como lesiones graves y robo agravado, tras investigaciones que revelaron un hecho de inseguridad ciudadana.
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Contexto:
El fiscal Luis Carlos Torrez aclaró que el ataque no está vinculado a represalias por su labor informativa. La víctima admitió haber consumido bebidas alcohólicas antes del incidente. Instituciones como la Defensoría del Pueblo y la ANPB exigieron una investigación rigurosa. Roger Romero, dirigente sindical, afirmó que el periodista había sido perseguido y torturado, lo cual fue desmentido por la Fiscalía.
El Instituto de Investigaciones Forenses contradijo la versión de mutilación. El fiscal enfatizó que no hay indicios de sicariato ni venganza relacionada con investigaciones periodísticas.
Por qué importa:
Las entidades gremiales se mantienen en alerta por la inseguridad de los periodistas. El caso impulsó una iniciativa legislativa para establecer un seguro de vida para periodistas bolivianos, justificada por la vulnerabilidad durante coberturas de conflictos.
Datos clave:
- Fecha: 18 de febrero de 2026
- Lugar: La Paz, Bolivia
- Lesiones en la lengua: superficial, con solo dos puntos de sutura
- Tipo de delito: lesiones graves y robo agravado
El Ministerio Público de La Paz descartó oficialmente las versiones de secuestro, tortura y mutilación de lengua contra el periodista F. Jesús Z.S., un caso que generó conmoción nacional.
Tras las investigaciones preliminares y la declaración de la propia víctima, el fiscal departamental, Luis Carlos Torrez, aclaró que el incidente no está vinculado a represalias por su labor informativa. Se trata de un hecho de inseguridad ciudadana tipificado como lesiones graves y robo agravado.
Detalles del incidente
De acuerdo con el informe oficial, el suceso comenzó en la zona de Villa Adela. Allí, el comunicador admitió haber estado consumiendo bebidas alcohólicas con otros colegas de la prensa. Al intentar retirarse del lugar en un taxi con rumbo a su domicilio, fue interceptado y agredido.
La víctima relató que sintió una mano en su cuello que lo estranguló hasta hacerle perder el conocimiento. En ese momento, los agresores procedieron a golpearlo en el rostro y otras partes del cuerpo antes de abandonarlo en la zona Kiswara.
Resultados del peritaje forense
Respecto a la denuncia de que le habrían “cortado la lengua con un arma blanca”, el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) presentó un peritaje que contradice totalmente esa versión. Los médicos forenses señalaron que el periodista no presenta limitaciones para hablar ni caminar.
La lesión en la lengua es superficial (de solo dos puntos de sutura) y no fue causada por un objeto punzocortante, sino por un mecanismo de “aprisionamiento” contra los dientes, resultado de un fuerte golpe contuso en el mentón.
Aclaraciones sobre el ataque
El fiscal Torrez enfatizó que en ninguna parte de la declaración de la víctima se menciona que el ataque fuera un acto de “sicariato” o una venganza relacionada con alguna investigación periodística.
Esta aclaración desvirtúa las declaraciones iniciales de dirigentes sindicales de la prensa, como Roger Romero, quien aseguró públicamente que el periodista había sido perseguido y torturado. Debido a la gravedad de estas afirmaciones erróneas, la Fiscalía no descarta convocar a Romero para que explique la fuente de su información.
Reacciones institucionales
Ante la alerta inicial, instituciones como la Defensoría del Pueblo, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y el propio Gobierno nacional habían exigido una investigación rigurosa bajo el supuesto de un atentado a la libertad de prensa.
No obstante, tras conocerse los detalles técnicos, la presidente de la ANPB, Zulema Alanes, confirmó que se ha descartado el móvil periodístico. A pesar de esto, las entidades gremiales se mantienen en alerta por la inseguridad a la que están expuestos los trabajadores del sector.
Nueva iniciativa legislativa
Finalmente, el caso ha servido de impulso para una nueva iniciativa legislativa en la Asamblea Legislativa Plurinacional. El diputado Edgar Terrazas, de la Alianza Libre, anunció que presentará un proyecto de ley para establecer un seguro de vida para los periodistas bolivianos.
Según el legislador, la vulnerabilidad de los profesionales durante coberturas de conflictos o denuncias de corrupción justifica que el Estado garantice un respaldo económico y de seguridad para el ejercicio de su labor.
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