Ficha informativa
El Gobierno aprobó el 6 de abril el Decreto Supremo 5600, que elimina 161 decretos que permitían contrataciones directas en el Estado, promoviendo procesos competitivos y transparentes en compras públicas.
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Contexto:
El ministro José Luis Lupo aseguró que las contrataciones directas permitieron adjudicar contratos millonarios sin licitación ni control efectivo, resultando en obras inconclusas. Durante casi dos décadas, este mecanismo debilitó la transparencia y competencia en el uso de recursos públicos.
El Presidente Rodrigo Paz destacó que las irregularidades en contrataciones directas generaron conflictos entre dirigentes políticos, quienes buscaban beneficiarse económicamente. Aseguró que esta práctica se ha terminado y que ahora se trabajará por la ciudadanía.
Por qué importa:
La norma busca transparentar contrataciones, eliminar mecanismos irregulares y auditar contrataciones pasadas para identificar responsables. Se espera un cambio en la forma en que las instituciones públicas realizan compras, promoviendo la competencia y eficiencia.
Datos clave:
- Decreto Supremo: 5600
- Fecha de aprobación: 6 de abril de 2026
- Número de decretos eliminados: 161
- Valor total de contratos: más de 96 millones de dólares y más de 7.930 millones de bolivianos
- Costo del Aeropuerto de San Ignacio de Velasco: Bs 215.885.169
- Valor de contratos por eventos sociales: Bs 29.480.503
- Plazo para reglamentación del relevamiento: 30 días
El Gobierno presentó este lunes 6 de abril de 2026 el Decreto Supremo 5600, que elimina 161 decretos supremos mediante los cuales las administraciones del Movimiento Al Socialismo (MAS) realizaron contrataciones directas en el Estado.
Críticas a las contrataciones directas
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, aseguró que las contrataciones directas fueron un mecanismo que permitió adjudicar contratos millonarios sin licitación, competencia y control efectivo. Lupo denunció que varios de esos contratos terminaron en obras inconclusas o que no se utilizan. Mencionó casos destacados como el Aeropuerto de San Ignacio de Velasco, que no tiene vuelos comerciales y costó Bs 215.885.169. Otro caso fueron contratos por “eventos de movimientos sociales” que suman un valor de Bs 29.480.503.
Impacto financiero de los decretos eliminados
Lupo declaró: “161 decretos por más de 96 millones de dólares y más de 7.930 millones de bolivianos. De estos decretos, 105 son sin monto, es decir, instrumentos vigentes que pueden ser usados en todo momento para dar adjudicaciones sin licitación a quien se le ocurra a la autoridad de turno, y así lo hicieron”.
Nuevas normativas para compras públicas
La norma elimina todas las disposiciones que autorizaban este tipo de contrataciones como excepción al sistema regular. Además, establece que, a partir de ahora, todas las compras públicas deberán realizarse mediante procesos competitivos y transparentes, conforme a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.
Lupo afirmó que durante casi dos décadas, el esquema de contratación directa permitió que instituciones públicas seleccionaran a un único proveedor, sin comparación de ofertas ni garantía de precio justo. Este mecanismo, concebido originalmente como excepcional, terminó utilizándose de manera recurrente, debilitando los principios de transparencia, eficiencia y competencia en el uso de los recursos públicos, aseguró el ministro de la Presidencia.
Revisión y auditoría de contrataciones anteriores
Desde el Ejecutivo explicaron que la norma instruye a todos los ministerios a realizar un relevamiento exhaustivo de las contrataciones directas realizadas en años anteriores. Este proceso busca identificar posibles irregularidades o hechos de corrupción y será reglamentado en un plazo de 30 días por los ministerios de la Presidencia y Economía.
Auditoría para identificar responsables
Lupo también detalló que el Decreto 5600 busca transparentar todas las contrataciones directas, eliminar los mecanismos que permitían esta práctica y auditar todas las contrataciones realizadas en el pasado para identificar a los responsables.
Opiniones sobre la nueva normativa
Por su parte, el Presidente Rodrigo Paz manifestó que la identificación de irregularidades en las contrataciones directas ayudó a entender las disputas entre dirigentes políticos. Según su criterio, su única motivación era conseguir estas contrataciones y salir beneficiados económicamente. Aseguró que eso se acabó y que ahora las autoridades trabajarán verdaderamente por la ciudadanía.
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