Ficha informativa
La promulgación del Decreto Supremo 5552 ha generado una crisis institucional en Bolivia, afectando la gobernabilidad y el poder del vicepresidente Edmand Lara, quien denuncia un quiebre democrático.
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Contexto:
Legisladores de diversas bancadas critican el decreto, argumentando que despoja al vicepresidente Edmand Lara de su poder operativo. El diputado Armin Lluta lo califica como humillante, mientras que la diputada Claudia Herbas lo describe como deplorable. El exdiputado Rafael Quispe y Lissa Claros vinculan el decreto a intereses electorales relacionados con Samuel Doria Medina.
El Gobierno defiende el decreto como constitucional y necesario para optimizar la gestión pública. El vicepresidente Lara critica que las decisiones afectan otras instancias del Estado y llama a la ciudadanía a defender la democracia.
Por qué importa:
La medida podría llevar a una inestabilidad política y a un proceso gradual hacia una dictadura, excluyendo a organizaciones sociales y pueblos indígenas. Además, se genera un mensaje peligroso sobre la sustitución de autoridades elegidas por designaciones presidenciales.
Datos clave:
- Decreto Supremo 5552
- 22 de febrero de 2026
- Artículo 174 de la Constitución Política del Estado
La política boliviana enfrenta una nueva crisis institucional tras la promulgación del Decreto Supremo 5552. Esta normativa reorganiza las oficinas y el presupuesto de la Vicepresidencia bajo la tuición directa del Ministerio de la Presidencia. Esta medida ha provocado que legisladores de diversas bancadas denuncien un quiebre democrático.
Reacciones al decreto y su impacto en la gobernabilidad
Los legisladores aseguran que el vicepresidente electo, Edmand Lara, ha sido despojado de su poder operativo. El ministro José Luis Lupo asume un rol de “vicepresidente a la sombra” o de facto. Desde la alianza Libre, el diputado Armin Lluta calificó la situación de humillante para la institucionalidad. Afirmó que Lara se ha convertido en un “florero sin agua” al perder la capacidad de gestionar su propio presupuesto e incluso de designar a su personal técnico.
Advertencias sobre el mensaje peligroso
Lluta advirtió que este decreto envía un mensaje peligroso al país, ya que sustituye a una autoridad elegida en las urnas por un ministro designado por el Presidente Rodrigo Paz. Esto profundiza una fractura interna que parece no tener retorno. Por su parte, el exdiputado Rafael Quispe y la legisladora Lissa Claros señalaron que detrás de este movimiento administrativo se encuentran intereses electorales vinculados a Samuel Doria Medina.
Control financiero y prerrogativas
Según los denunciantes, el ministro José Luis Lupo, quien fue compañero de fórmula del empresario en comicios anteriores, ahora ostenta todas las prerrogativas y el control financiero que correspondían a la Vicepresidencia. Claros fue enfática al denunciar que Lupo intenta ejercer el cargo que no pudo obtener de manera democrática mediante el uso estratégico de decretos ejecutivos.
En contraste, la diputada Claudia Herbas, de Alianza Social, lamentó que las rencillas personales entre el Presidente y el vicepresidente hayan escalado hasta la desinstitucionalización del Estado. Describió el escenario actual como “deplorable”, señalando que la autoridad electa ahora carece de autonomía administrativa básica. Herbas subrayó que este tipo de maniobras genera una inestabilidad que afecta la gobernabilidad del país.
Estructura bicefálica del Gobierno
Esto deja al Ejecutivo con una estructura bicefálica donde el mando real se ha desplazado de la Vicepresidencia hacia un ministerio. El Gobierno nacional salió al paso de las críticas a través del viceministro René Flores. Este defendió la constitucionalidad del Decreto 5552, argumentando que se ajusta estrictamente al artículo 174 de la Constitución Política del Estado.
Defensa de los principios institucionales
El vicepresidente Edmand Lara criticó el Decreto Supremo 5552, afirmando que limita las facultades constitucionales de la Vicepresidencia y advierte sobre un posible proceso hacia una dictadura. La declaración se realizó el 22 de febrero de 2026, tras la aprobación del decreto en horario nocturno.
Lara considera que esta medida es una acción política motivada por denuncias de corrupción contra el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). En su comunicado, enfatizó que defenderá los principios institucionales y llamó a la ciudadanía a estar atenta ante lo que considera un riesgo para la democracia.
Consecuencias para otras instancias del Estado
Lara advierte que estas decisiones podrían afectar otras instancias del Estado, como la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial. Además, destacó que la aprobación del decreto podría llevar a un proceso gradual hacia una dictadura que excluiría a organizaciones sociales y pueblos indígenas.
“Aunque ahora nos han retirado todas las direcciones, el presupuesto y nos han puesto bajo la órbita del ministro de la Presidencia, nadie puede sobrepasar lo establecido en la Constitución”, manifestó Lara. Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para que no permita que se destruya el régimen democrático actual: “Es momento de defender nuestra libertad”.
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