Ficha informativa
Crecen los pedidos para declarar un estado de excepción en Bolivia debido a bloqueos en carreteras promovidos por la Central Obrera Boliviana y sectores indígenas. Legisladores argumentan que es necesario para garantizar derechos civiles y pacificar el país.
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Contexto:
El diputado Alejandro Reyes condenó la violencia de mineros y maestros, afirmando que el Gobierno debe garantizar derechos civiles. El exdiputado Amílcar Barral mencionó que la Sala Constitucional Segunda aceptó una acción popular contra dirigentes de la COB. Barral también destacó que el estado de excepción puede ser aprobado solo por el Ejecutivo. El diputado Manolo Rojas explicó que se trabajó en una normativa para militarizar ciertas zonas del país.
La diputada Lissa Claros advirtió sobre la complejidad de declarar el estado de excepción, mencionando la necesidad de operativos y condiciones adecuadas. También instó al Presidente Rodrigo Paz a enfrentar los problemas del país.
Por qué importa:
La declaración del estado de excepción permitiría al Ejecutivo limitar derechos fundamentales como la libre tránsito y movilizar a las Fuerzas Armadas para mantener el orden público. Esto podría afectar a los ciudadanos, especialmente a enfermos y pasajeros atrapados por los bloqueos.
Datos clave:
- Fecha: 15 de mayo de 2026
- Duración de bloqueos: casi dos semanas
- Organización promotora: Central Obrera Boliviana (COB)
Mientras el país enfrenta casi dos semanas de bloqueos promovidos por la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores indígenas, este viernes 15 de mayo aumentaron los pedidos para que el gobierno declare un estado de excepción. Los solicitantes argumentan que las acciones de los movilizados ya no representan reivindicaciones legítimas.
Opiniones de legisladores sobre el estado de excepción
El diputado Alejandro Reyes condenó la violencia que protagonizaron mineros y maestros. En este contexto, consideró que el Gobierno tiene la obligación de garantizar los derechos civiles y que es momento de implementar el estado de excepción. “No se puede permitir que una minoría, con financiamiento irregular y armamento, extorsione al resto de la sociedad. Necesitamos esta medida para pacificar el país”, declaró.
Acción popular contra dirigentes de la COB
Por su parte, el exdiputado Amílcar Barral informó que la Sala Constitucional Segunda aceptó la acción popular presentada por él contra dirigentes de la COB, el senador Nilton Condori y los Ponchos Rojos por impulsar los bloqueos. Además, explicó que el documento solicita al Ministerio de Gobierno hacer cumplir la Constitución para restablecer el orden.
Barral aseguró que la declaración del estado de excepción no necesita pasar por la Asamblea Legislativa y puede ser aprobada solo por el Ejecutivo. Consideró que esta acción popular podría servir al Gobierno para reunir a todos los ministros y dar viabilidad a esta medida extraordinaria.
Postura del diputado Manolo Rojas
El diputado Manolo Rojas explicó que el estado de excepción se trata mediante un proyecto de ley que debería ser tratado en el Parlamento. No obstante, enfatizó que cuando Eva Copa lideraba el poder Legislativo se trabajó en una normativa que faculta al Ejecutivo a militarizar ciertas zonas del país.
Rojas declaró: “El Presidente tiene todas las herramientas a su alcance para garantizar la libre transitabilidad y solucionar la situación penosa que viven enfermos y pasajeros varados. Si los bloqueadores continúan con su intransigencia, deben aplicarse las leyes coercitivas”.
Dificultades para declarar estado de excepción
No obstante, la diputada Lissa Claros consideró complicado declarar el estado de excepción, ya que debe haber operativos organizados y condiciones adecuadas para recurrir a esta medida. Instó al Presidente Rodrigo Paz a presentarse ante la población y solucionar los problemas del país.
Implicaciones del estado de excepción
Durante este periodo, las autoridades adquieren facultades excepcionales para limitar temporalmente derechos fundamentales de los ciudadanos, como la libre tránsito (toques de queda), la libertad de reunión o la inviolabilidad del domicilio. Además, el Ejecutivo puede movilizar a las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía en el mantenimiento del orden público.
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