Ficha informativa
El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, anunció el 15 de mayo de 2026 la fiscalización e investigación a ONG por sospechas de utilizar fondos extranjeros para acciones desestabilizadoras. Esta medida surge tras denuncias de diputados sobre la injerencia de estas organizaciones en protestas contra el Gobierno.
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Contexto:
La denuncia sobre la injerencia de ONG se intensificó tras la controversia por la Ley 1720. Legisladores afirmaron que las ONG engañaron a indígenas sobre la pérdida de tierras y financiaron una marcha desde Pando hasta la sede del Gobierno. El senador Leonardo Roca presentó balances financieros y fotografías que evidencian la participación de estas organizaciones en la marcha indígena.
El canciller Aramayo destacó que se requiere un respeto al Estado de Derecho y que las acciones deben realizarse dentro del marco legal. Enfatizó que tanto el Ejecutivo como el Legislativo deben colaborar en las investigaciones.
Por qué importa:
Las investigaciones podrían afectar la operación y financiamiento de las ONG en Bolivia. Además, se busca recuperar la institucionalidad perdida en el país y promover sanciones para acciones desestabilizadoras. La intervención del poder judicial también es necesaria en este proceso.
Datos clave:
- Fecha: 15 de mayo de 2026
- Número de ley: Ley 1720 de Conversión de Tierras
- Organismos mencionados: Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca), Fundación Tierra, Centro de Documentación e Información–Bolivia (Cedib), Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis)
El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, anunció este viernes 15 de mayo de 2026 que se iniciarán fiscalizaciones e investigaciones a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que operan en el país. Esta decisión surge tras denuncias de algunos legisladores sobre el uso de fondos extranjeros para financiar protestas y medidas de presión con fines desestabilizadores.
Acciones desestabilizadoras y fuentes de financiamiento
Aramayo manifestó que diversas fuentes financian acciones desestabilizadoras en contra del Gobierno, incluyendo ONG, fundaciones e incluso el crimen organizado. En este sentido, destacó la necesidad de implementar acciones de fiscalización mediante los mecanismos necesarios.
Responsabilidades del Gobierno
El canciller explicó que el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Planificación y la Cancillería tienen diferentes responsabilidades en cuanto al registro y seguimiento de estos organismos. Además, enfatizó que el poder judicial también debe intervenir, ya que todo está en fase investigativa en varias dimensiones.
Respeto al Estado de Derecho
Aramayo subrayó la importancia del respeto no solo hacia la figura del Presidente, sino también hacia la vigencia plena del Estado de Derecho en Bolivia. Afirmó que no es aceptable que las ONG y otros organismos actúen con libertad para llevar a cabo acciones desestabilizadoras en territorio boliviano.
Marco legal y recuperación de la institucionalidad
Finalmente, el canciller precisó que todas las acciones deben realizarse dentro del marco legal. Además, consideró que tanto el Ejecutivo como el Legislativo deben promover investigaciones y sanciones ante cualquier acción desestabilizadora.
Denuncias sobre engaños a comunidades indígenas
La supuesta injerencia de las ONG en el país ha sido denunciada desde la controversia por la Ley 1720 de Conversión de Tierras.
Algunos legisladores aseguraron que estos organismos “engañaron” a los indígenas haciéndoles creer que sus tierras serían arrebatadas. Asimismo, se denunció que financiaron la marcha desde Pando hasta la sede del Gobierno exigiendo la abrogación de esta normativa.
Investigaciones sobre financiamiento europeo
Tras la abrogación, el senador Leonardo Roca denunció que organizaciones como el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca), Fundación Tierra, Centro de Documentación e Información–Bolivia (Cedib) y Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis) utilizaron fondos europeos para financiar estas acciones. En una conferencia de prensa, mostró balances financieros que aparentemente no cuadraban y fotografías de trabajadores presentes en la organización de la marcha indígena.
Roca aseguró que el primer objetivo de las ONG era la abrogación de la Ley 1720 y ahora buscan la renuncia del Presidente Rodrigo Paz.
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