Ficha informativa
La Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS) y 56 organizaciones civiles solicitan al presidente Rodrigo Paz que observe la Ley N° 157, argumentando que representa una amenaza al régimen agrario y a la seguridad alimentaria en Bolivia.
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Contexto:
Las organizaciones advierten que la Ley 157 facilita la conversión de pequeña propiedad agraria en mediana, lo que podría llevar a procesos de reconcentración de la tierra. Además, denuncian falta de consulta previa y legitimidad democrática en su aprobación.
El bloque civil incluye instituciones como KURMI–ADSI, APROSAR, Casa de la Mujer, entre otras. Su objetivo no es agitar al país, sino promover diálogos plurales para garantizar sostenibilidad ambiental y justicia social.
Por qué importa:
El debilitamiento del régimen agrario podría incrementar los riesgos de despojo y afectar a los pueblos indígena originario campesinos. También se prevé un impacto negativo en el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y sus funciones.
Datos clave:
- 56 organizaciones civiles involucradas
- Ley N° 157
- Afectación al Artículo 394 de la Constitución Política del Estado (CPE)
- Afectación al Artículo 398 de la CPE
- Afectación al Artículo 401 de la CPE
56 organizaciones civiles piden la observación de la Ley 157
La Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas), en representación de una coalición de 56 organizaciones civiles, solicitó formalmente al Presidente Rodrigo Paz que observe la Ley N° 157 y la devuelva a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Este bloque advierte que la norma, bajo el argumento de facilitar el acceso al crédito, representa una amenaza estructural al régimen agrario boliviano y a la seguridad alimentaria nacional.
Implicaciones de la Ley 157
El eje central de la denuncia radica en que la ley impulsa la conversión de la pequeña propiedad agraria en mediana mediante procedimientos simplificados y expeditos. Según las organizaciones, esta medida “abre la puerta a procesos de reconcentración de la tierra” al introducirla en lógicas de mercado, endeudamiento y eventual pérdida. Las instituciones subrayan que esto incrementa los riesgos de despojo en contextos caracterizados por profundas desigualdades en el acceso y control de los recursos rurales, alejándose del principio de protección de la tierra como sustento de vida.
Afectaciones a la Constitución Política del Estado
Desde una perspectiva jurídica, el pronunciamiento sostiene que la Ley 157 vulnera disposiciones fundamentales de la Constitución Política del Estado (CPE). Específicamente, señalan la afectación al Artículo 394, que protege la pequeña propiedad como patrimonio familiar inembargable; al Artículo 398, que prohíbe el latifundio; y al Artículo 401, referido al rol del Estado en la verificación de la Función Económica Social (FES). Las entidades alertan que la suspensión de esta verificación por periodos prolongados debilita sustantivamente los mecanismos de control público sobre la tierra.
Falta de legitimidad democrática
Asimismo, las instituciones denuncian una grave falta de legitimidad democrática, ya que la ley no fue precedida por procesos de consulta previa, deliberación pública ni socialización amplia. El documento enfatiza que esta omisión afecta directamente a los pueblos indígena originario campesinos vinculados a la pequeña propiedad, vulnerando sus principios de participación ciudadana.
Propuestas alternativas
Frente a la intención gubernamental de facilitar financiamiento, las 56 organizaciones plantean alternativas técnicas que no arriesguen la tenencia de la tierra. Proponen priorizar el uso de garantías no convencionales dentro del sistema financiero y fortalecer el Banco de Desarrollo Productivo (BDP), entidad creada específicamente para impulsar el desarrollo sostenible. En este sentido, instan al Ejecutivo a que cualquier modificación del régimen agrario sea concebida como una política pública integral y no a través de ajustes aislados que prioricen lógicas de acumulación.
Respaldo amplio a la causa
El pronunciamiento cuenta con el respaldo de una amplia lista de instituciones comprometidas con el desarrollo rural y los derechos humanos. Entre ellas se encuentran: Unitas, Kurmi–ADSI, Aprosar, Casa de la Mujer, Cenda, Cejis, CIAC, Cipca, Ciudadanía, Indicep, Iicca, IPTK, Isalp, Lider, Mujeres en Acción, Proceso Servicios Educativos, Red Pío XII y Semta. Además se suman Amigos del Árbol Santa Cruz, Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), entre otros.
Finalmente, el bloque civil aclaró que su objetivo no es “agitar al país”, sino promover diálogos plurales y equitativos para garantizar la sostenibilidad ambiental y la justicia social en el campo boliviano.
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Comprensión de la noticia
¿Por qué las organizaciones de la sociedad civil solicitan que se observe la Ley N° 157?
Secuencia de los hechos
- Las organizaciones de la sociedad civil se unen en una coalición para defender los derechos agrarios.
- Se presenta la Ley N° 157 ante la Asamblea Legislativa Plurinacional.
- Las organizaciones solicitan al Presidente que observe la Ley N° 157.
- Se denuncia que la ley vulnera varios artículos de la Constitución Política del Estado.
- Las organizaciones proponen alternativas para fortalecer el desarrollo sostenible sin arriesgar la tenencia de la tierra.
