Ficha informativa
El Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, advirtió sobre la encarcelación de quienes intenten desestabilizar la democracia, en medio de protestas sociales y acusaciones de financiamiento por parte del narcotráfico. La situación se agrava con la presión de sectores que exigen su renuncia.
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Contexto:
Rodrigo Paz lleva seis meses en la presidencia. Se presentó un informe del PNUD sobre democracias en América Latina. La COB y la Federación de Campesinos piden la renuncia de Paz. Morales cuestiona las acusaciones del Gobierno sobre financiamiento de movilizaciones.
Paz mencionó un ‘cataclismo’ político y una ruptura entre visiones democráticas. El canciller Aramayo anunció fiscalización a ONG que supuestamente financian acciones desestabilizadoras. Se investiga un ‘plan macabro’ vinculado al narcotráfico.
Por qué importa:
Las advertencias del presidente podrían intensificar las tensiones sociales y políticas. La fiscalización a ONG puede afectar su operación y financiamiento. La situación podría derivar en un aumento de protestas y bloqueos en el país.
Datos clave:
- 85 %: Porcentaje de economía informal en Bolivia.
- 25 años: Tiempo que, según Paz, la sociedad estuvo ‘secuestrada’ por el Estado.
- 12 horas: Tiempo que Paz negoció con mineros cooperativistas para alcanzar un acuerdo.
El Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, advirtió este viernes que quienes intenten destrozar la democracia en Bolivia serán encarcelados, mientras el país afronta protestas sociales en Bolivia que, según las autoridades, son parte de un plan para desestabilizar el Gobierno con un supuesto financiamiento desde el narcotráfico.
“Lo digo con absoluta firmeza (…) Esos que intentan, del pasado, destrozar esta democracia se van a ir a la cárcel porque el valor de la democracia está por encima de cualquier interés personal”, afirmó el mandatario en un acto en el antiguo Palacio de Gobierno.
El gobernante se refirió al tema tras la presentación del informe ‘Democracias bajo presión: Reimaginar los futuros de la democracia y el desarrollo en América Latina y el Caribe’, por parte de la subsecretaria generlas de las Naciones Unidas y directora regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Michelle Muschett.
El mandatario, que lleva seis meses de gestión, también destacó que Bolivia atraviesa una suerte de “cataclismo” porque se produjo una “ruptura” entre “una visión de la política y la democracia del siglo XX” frente a “la construcción de lo que es la democracia, la convivencia y el desarrollo de Bolivia en el siglo XXI”.
También cuestionó el “estado rentista” y la economía informal del país que llega al 85 % y la existencia de una “pseudo democracia” con un partido único, en alusión al Movimiento al Socialismo (MAS) que gobernó el país con los expresidentes Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).
A su juicio, la sociedad vivió “secuestrada” durante 25 años desde el Estado y consideró que ahora existen “libertades para poder desarrollar sin la tutela” estatal.
“Es una suerte de ‘síndrome de Estocolmo’. Sigues buscando a tus secuestradores, cuando no es un problema de pasado, (…) sino que es un problema de convivencia”, apuntó.
Paz mencionó que hasta la madrugada estuvo negociando por cerca de 12 horas continuas con el sector de los mineros cooperativistas de la región andina de Potosí para alcanzar un acuerdo que puso fin a su movilización, tras las protestas violentas realizadas en la víspera en La Paz.
La Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos de La Paz ‘Tupac Katari’ piden con protestas y bloqueos de carreteras la renuncia de Paz, al considerar que no puede solucionar los conflictos del país.
Una marcha de centenares de seguidores de Morales también se acerca a la sede de Gobierno, a donde prevé llegar el lunes para demandar la renuncia del mandatario.
En la víspera, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, denunció la existencia de un “plan macabro” destinado a provocar una ruptura constitucional mediante protestas que, según dijo, financia el narcotráfico.
Morales sostuvo que el Gobierno está obligado “a demostrar las mentiras” y cuestionó que el Ejecutivo le acuse de pagar las movilizaciones, porque eso implicaría acusar a todos los sectores en conflicto de ser “narcotraficantes”.
Por su parte, el canciller boliviano, Fernando Aramayo, anunció que se fiscalizará a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que presuntamente financiaban movilizaciones de desestabilización dentro del país, asegurando que estas entidades deben responder a las normas nacionales.
El caso se mantiene actualmente en fase investigativa y se adelantó que el Órgano Judicial también tendrá que intervenir en las indagaciones.
“Hay normas que tiene que respetar cualquier organismo, ONG, fundación que esté en el país, y quien esté en acción desestabilizadora, quien esté financiando un movimiento desestabilizador, va a ser fiscalizado”, afirmó la autoridad.
Según declaró Aramayo, existen diferentes fuentes que financian estas acciones en el país, identificando entre ellas a las ONG, fundaciones y recursos del crimen organizado.
/ Con información de EFE
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Comprensión de la noticia
¿Por qué el Presidente de Bolivia advierte sobre el encarcelamiento de quienes intenten destrozar la democracia?
Secuencia de los hechos
- Rodrigo Paz asume la presidencia de Bolivia
- Las protestas sociales comienzan en Bolivia
- Paz negocia con los mineros cooperativistas para poner fin a las movilizaciones
- El vocero presidencial denuncia un plan macabro vinculado al narcotráfico
- Se anuncia la fiscalización de ONG que supuestamente financian movilizaciones desestabilizadoras
