Máquinas escarban la tierra en las orillas de los ríos para extraer oro. • Gustavo Jimenez - El Deber
La propuesta del gobierno de Bolivia para adecuar derechos mineros excluye licencias ambientales
Ficha informativa
El gobierno de Bolivia propone un decreto para beneficiar a 3982 operaciones mineras, permitiendo su conversión en contratos administrativos sin necesidad de licencia ambiental. Esta medida ha generado preocupación por su impacto ambiental y la falta de consulta a comunidades indígenas.
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Contexto:
El decreto busca convertir Autorizaciones Transitorias Especiales (ATE) en contratos administrativos con requisitos mínimos. Fátima Monasterio, abogada de la Fundación Solón, menciona que es un ‘fast track’ para nuevos contratos mineros. La minería aurífera ha causado contaminación por mercurio en comunidades indígenas.
El proyecto fue elaborado por el Ministerio de Minería y Metalurgia y revisado por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM). Se establece que solo se requieren dos documentos: registro vigente y pago de patentes al día. La mayoría de las operaciones están en el Altiplano y zonas del valle donde se extraen diversos minerales.
Por qué importa:
La propuesta podría agravar la crisis ambiental y social en las comunidades indígenas afectadas por la minería. Además, se corre el riesgo de consolidar derechos mineros sin considerar el impacto ambiental ni los derechos de consulta previa.
Datos clave:
3982 contratos mineros propuestos
38 % de operaciones en la Amazonía boliviana
350 contratos completados en 12 años (cerca del 8 %)
2816 mineros con trámites a medias
1166 mineros sin iniciar el proceso
10 meses para resolver adecuaciones según el proyecto de decreto
Gobierno busca formalizar cerca de 4.000 permisos mineros
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Propuesta del Gobierno sobre contratos mineros
En Bolivia, el gobierno de Rodrigo Paz presentó un decreto supremo que beneficiará a 3982 operaciones mineras sin necesidad de adecuarse a la norma vigente. Esta iniciativa busca convertir trámites en contratos administrativos mineros con requisitos mínimos, excluyendo la licencia ambiental para cooperativas mineras.
Impacto en la Amazonía y la normativa vigente
El 38 % de estas operaciones se ubica en la Amazonía boliviana. Actualmente, existen las Autorizaciones Transitorias Especiales (ATE) que deben adecuarse a la Ley Minera 535. Sin embargo, con este nuevo decreto, las 3982 ATE podrían ser aprobadas sin presentar requisitos ni licencias ambientales.
Borrador del proyecto y su proceso de aprobaciónProyecto de decreto fue presentando el 19 de febrero al ministro de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente • Mongabay Latam
El medio Mongabay Latam admitió tener acceso al borrador del proyecto titulado “Decreto Supremo sobre Reglamentación de Procedimientos y Plazos para la Adecuación de Derechos Mineros (ATE) a contratos administrativos mineros”. Este documento fue elaborado por el Ministerio de Minería y Metalurgia y revisado por el Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente.
Fuentes del Ministerio confirmaron la veracidad del proyecto, aunque no se estableció una fecha para su aprobación. El decreto contempla un proceso de adecuación para derechos mineros otorgados antes de la Ley 535, pero no menciona el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas.
Críticas al proyecto y sus implicaciones ambientales
Fátima Monasterio, abogada e investigadora de la Fundación Solón, calificó este proyecto como una vía rápida para nuevos contratos mineros. Monasterio advirtió que esta iniciativa prioriza las inversiones sobre el medio ambiente, lo que podría agravar la crisis ecológica causada por la minería.
Cerca del 70% de las 3982 ATE ya iniciaron su trámite, pero muchos fueron observados sin explicación clara. La contaminación por mercurio es uno de los problemas más alarmantes asociados a la minería aurífera en Bolivia, afectando gravemente a comunidades indígenas.
Datos sobre derechos mineros y su adecuaciónSolicitudes que están en proceso de aprobación • Mongabay Latam
A pesar de existir 3982 derechos mineros previos a la Ley 535, solo unos 350 (cerca del 8 %) completaron el proceso de adecuación en más de una década. Desde la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), confirmaron que el proyecto fue elaborado por el Ejecutivo y revisado por ellos.
Pablo Solón, director de la Fundación Solón, organización que se dedica a la interpelación y búsqueda de alternativas para intentar cambiar el sistema, cuestionó cómo un decreto puede simplificar requisitos establecidos por ley. La propuesta podría beneficiar a los 2816 mineros que dejaron su trámite incompleto y a los 1166 que no iniciaron el proceso en más de diez años.
Caminos propuestos por el gobierno
La normativa establece dos caminos: reducir las exigencias a solo dos documentos (registro vigente y pago de patentes) y resolver las adecuaciones en diez meses. Esto plantea un nuevo perdonazo mediante una vía rápida, con plazos cortos para regularizar todo.
Ubicación geográfica de los derechos mineros
Según datos obtenidos por Mongabay Latam, un 38 % de los derechos mineros se encuentran en la Amazonía. Las demás operaciones están distribuidas en el Altiplano boliviano y zonas del valle donde se extraen minerales como plata, zinc y oro.
De los 3982 derechos mineros, 511 pertenecen a la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) sobre áreas no nacionalizadas. Mientras tanto, 2816 solicitaron su adecuación al nuevo régimen contractual, quedando pendientes 1166 sin solicitud.
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¿Por qué es preocupante la propuesta del decreto supremo en relación a la minería en Bolivia?
Porque se busca aumentar la producción minera sin regulaciones ambientales
Porque se pretende cerrar todas las operaciones mineras en el país
Porque el gobierno quiere eliminar todos los derechos mineros existentes
Porque se busca promover la agricultura en lugar de la minería