Ficha informativa
El alcalde de Oruro, Adhemar Wilcarani, propone descentralizar eventos públicos tras incidentes en una actividad masiva que generó riñas y daños. Anuncia sanciones para quienes no cumplan normativas.
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Contexto:
El evento no contaba inicialmente con autorización municipal. Vecinos denunciaron destrozos y falta de condiciones adecuadas. La junta vecinal expresó conformidad mediante una misiva, pero el alcalde aclaró que no otorgan autorizaciones.
Wilcarani solicitará informes a Tráfico y Vialidad, además de Espectáculos Públicos. Se requerirá un reporte sobre limpieza realizada por la Empresa Municipal de Aseo Oruro (EMAO). El incidente ocurre en medio de cierres de campaña y actividades políticas.
Por qué importa:
Se plantean sanciones para los responsables y se reactivará el debate sobre el uso de espacios públicos. Se busca evitar congestión vehicular y reducir impactos en el centro de la ciudad.
Datos clave:
- Fecha: Martes
- Lugar: Avenida Cívica “Sanjinés Vincenti”
- Costos: 3.000 bolivianos por uso del espacio; 6.000 bolivianos por recojo de basura
Propuesta de descentralización de eventos públicos en Oruro

Un evento público realizado la noche del martes en la explanada de la Avenida Cívica “Sanjinés Vincenti” derivó en riñas, consumo excesivo de alcohol y daños en el ornato. Esta situación generó molestia vecinal y reactivó el debate sobre el uso de espacios públicos en actividades masivas.
Reacciones del alcalde y sanciones propuestas

El alcalde Adhemar Wilcarani lamentó lo ocurrido y anunció que se solicitarán informes a las unidades correspondientes para establecer responsabilidades y aplicar sanciones. Según explicó, el evento no contaba inicialmente con autorización municipal, aunque posteriormente se presentó una nota que habría permitido su realización.
“Lamentamos mucho lo que ha sucedido, ha sido una situación distinta a lo planificado”, señaló la autoridad al referirse a los hechos registrados durante la actividad.
Condiciones inadecuadas y denuncias vecinales
Vecinos del sector denunciaron destrozos, suciedad en la vía pública y la falta de condiciones adecuadas, como baños biológicos. Estos aspectos, según el alcalde, deben ser garantizados en este tipo de concentraciones. En ese marco, indicó que se requerirán reportes a las unidades de Tráfico y Vialidad, además de Espectáculos Públicos, para verificar el cumplimiento de requisitos.
Sanciones y preservación del ornato público
Wilcarani confirmó que existen sanciones para este tipo de hechos y subrayó la necesidad de preservar los espacios públicos, especialmente en zonas céntricas y cercanas a la Basílica del Socavón. “La parte democrática es importante, pero también debemos cuidar el ornato público”, afirmó.
Descentralización hacia espacios más amplios
La autoridad también planteó la necesidad de descentralizar este tipo de actividades hacia espacios más amplios, como las avenidas de la Diablada o de la Morenada. Esto tiene el fin de evitar congestión vehicular y reducir impactos en el centro de la ciudad.
Autorización vecinal y responsabilidades municipales

Otro punto que generó controversia fue la participación de la junta vecinal del sector. Esta habría expresado su conformidad para el uso del espacio mediante una misiva. Al respecto, el alcalde aclaró que estas instancias no otorgan autorizaciones. Su rol se limita a manifestar conformidad bajo ciertas condiciones, mientras que la autorización formal corresponde al municipio.
Costos asociados al evento y limpieza
Asimismo, se informó que se solicitará un reporte sobre las tareas de limpieza realizadas por la Empresa Municipal de Aseo Oruro (EMAO), así como los costos asumidos por los organizadores. En redes sociales, el periodista Jorge Huanca difundió comprobantes que evidenciarían el pago de 3.000 bolivianos por concepto de uso del espacio a la unidad de Espectáculos Públicos y 6.000 bolivianos por el recojo de basura. Estos montos deberán ser considerados en la evaluación del caso.
Nuevos desafíos para el control de espacios públicos
El incidente ocurre en medio de una seguidilla de cierres de campaña y actividades políticas en la ciudad. Esto, según la autoridad municipal, obliga a replantear la gestión y control de los espacios públicos para evitar nuevos conflictos.
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