Coridup intensifica su lucha contra la contaminación minera

Las comunidades de la cuenca del Desaguadero, organizadas en la Coordinadora de Defensa del río Desaguadero, lagos Uru Uru y Poopó (Coridup), anunciaron movilizaciones en Oruro para exigir medidas contra la contaminación minera que afecta su sistema hídrico y compromete su agricultura.

Movilizaciones en Oruro

Las comunidades que habitan la cuenca del Desaguadero han decidido elevar el tono. Agrupadas en Coridup, 89 poblaciones del departamento de Oruro advierten con movilizaciones en defensa de un sistema hídrico que, denuncian, agoniza bajo el peso de décadas de contaminación minera. Ayer, representantes y pobladores anunciaron su ultimátum.

Deterioro progresivo en las subcuencas

Según el presidente de Coridup, Eloy Flores, el foco de su reclamo se extiende a lo largo de las subcuencas del Desaguadero, Huanuni, Poopó y Cañadón Antequera. Allí, las comunidades describen un deterioro progresivo:

• Tierras productivas que se vuelven estériles,
• Aguas degradadas,
• Biodiversidad cada vez más escasa en el Lago Uru Uru y el Lago Poopó.

Impacto de la actividad extractiva

El Río Desaguadero, eje articulador de la cuenca, arrastra, según sostienen, los residuos de una actividad extractiva insuficientemente fiscalizada. La organización atribuye la situación a la “irresponsabilidad” de operadoras mineras y a la falta de acción efectiva de las autoridades encargadas de hacer cumplir la normativa ambiental. En ese contexto, Coridup ha intensificado su estrategia: denuncias públicas, participación en auditorías ambientales y exigencia formal del cumplimiento de resoluciones vigentes.

Demandas de Coridup

Entre sus principales demandas figura la aplicación efectiva de la Sentencia Constitucional 1582/2022-S2, que ordena al Consejo Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias (Conarade) declarar emergencia nacional ambiental en la zona, con el fin de activar medidas urgentes de prevención, mitigación y rehabilitación. Asimismo, reclaman que la Contraloría General del Estado haga cumplir las auditorías ambientales K2/AP24/022 y K2/AP7/E25, esta última centrada en la subcuenca Antequera, estableciendo responsabilidades claras.

Efectos en la agricultura y economía

El trasfondo no es únicamente ecológico. Las comunidades denuncian que la contaminación ha comprometido la agricultura y, con ella, la base de su economía y su seguridad alimentaria. Invocan el respeto a:

• La Ley 1333 de Medio Ambiente,
• La Ley 535 de Minería,
• La Ley 071 de Derechos de la Madre Tierra,
• La Ley 300 Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien.

Rechazo a propuestas gubernamentales

La organización también cuestiona la falta de respuesta del Gobierno central a sus reiteradas solicitudes de audiencia y pide el fortalecimiento institucional del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Al mismo tiempo, expresa su rechazo a la propuesta de ley contra el bloqueo, al considerar que podría restringir mecanismos de protesta reconocidos en la Constitución.

Aviso sobre futuras acciones

Coridup advierte que, si no se atienden sus demandas, las comunidades intensificarán las medidas de presión e incluso acudirán a instancias internacionales para exigir una reparación integral. En juego, afirman, no está solo la calidad del agua, sino la posibilidad de que las próximas generaciones hereden un territorio habitable.