Ficha informativa
El vicepresidente Edmand Lara ha iniciado una Acción de Protección de Datos y Privacidad contra Jaime Soliz, quien sugirió que Lara necesitaba una evaluación psicológica. El caso se debate sobre la privacidad de funcionarios y la libertad de expresión en Bolivia.
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Contexto:
Jaime Soliz, exjefe de área en la Vicepresidencia, propuso que Lara debía pasar por una valoración psicológica. Soliz se distanció del equipo vicepresidencial tras cuestionar la conducta de Lara. Soliz enfatizó que no afirmaba diagnósticos clínicos.
El caso ha generado debates sobre los límites entre el derecho a la privacidad y la libertad de expresión. La audiencia evaluará los planteamientos de ambas partes, con potencial para sentar un precedente en el país.
Por qué importa:
La demanda podría limitar la libertad de expresión al restringir críticas hacia autoridades. Soliz advirtió que un fallo a favor de Lara podría censurar opiniones ciudadanas, contraviniendo tratados internacionales suscritos por Bolivia.
Datos clave:
- Fecha de audiencia: 24 de febrero
- Lugar: Segunda Sala Constitucional de La Paz
El vicepresidente Edman Lara presentó una Acción de Protección de Datos y Privacidad contra Jaime Soliz, su antiguo colaborador. Este caso generó un intenso debate en Bolivia sobre los límites entre el derecho a la privacidad de los funcionarios y la libertad de expresión de los ciudadanos.
Según Soliz, la demanda fue presentada ante la Segunda Sala Constitucional de La Paz, que fijó una audiencia virtual para el 24 de febrero de 2026. Soliz, exjefe de área de la Vicepresidencia, relacionó el proceso judicial con sus declaraciones sobre la necesidad de que Lara pase por una valoración psicológica.
Declaraciones de Jaime Soliz
“Mi postura sigue siendo la misma: no estoy afirmando que tenga trastornos psicológicos ni exponiendo ningún diagnóstico clínico. Simplemente considero que necesita una evaluación, como cualquier persona podría sugerir respecto a un funcionario”, señaló en un video compartido públicamente.
Crisis en la Vicepresidencia
Después de un breve tiempo en su cargo, Soliz se distanció del equipo al cuestionar la conducta de Lara y su entorno. Frente a la demanda, criticó que una autoridad recurra a herramientas legales para proteger su privacidad. Recordó que quienes ocupan cargos públicos deben estar abiertos al escrutinio social y actuar con transparencia.
Además, advirtió que esta demanda podría limitar la libertad de expresión al restringir las opiniones ciudadanas sobre el desempeño de las autoridades. “Si la Sala Constitucional resuelve a favor de la demanda, cualquier persona que se atreva a hacer críticas podría ser objeto de censura, lo cual va en contra de importantes tratados internacionales a los que Bolivia está adherida”, afirmó Soliz. Para él, este proceso evidencia un intento por controlar las voces que se manifiestan a través de medios digitales.
Audiencia programada
En la audiencia programada, la Sala Constitucional evaluará los planteamientos de ambas partes. Este proceso podría sentar un precedente relevante sobre cómo equilibrar el derecho a la privacidad de los funcionarios públicos y la libertad de expresión en Bolivia.
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