Ficha informativa
El Ministerio Público de Bolivia emitió una orden de aprehensión contra Karina Serrudo, expresidenta de la Aduana Nacional, por corrupción y irregularidades contractuales que comprometen fondos estatales.
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Contexto:
La investigación se originó por la adquisición de dos equipos de escáner para fiscalización aduanera. El viceministro de Transparencia, Yamil García, mencionó anomalías técnicas y administrativas en el proceso de compra. Serrudo no se presentó a declarar ante el fiscal asignado, lo que llevó a activar mecanismos legales para garantizar su presencia.
Serrudo fue una figura clave en la reactivación económica del país durante su gestión. La Fiscalía registró las oficinas centrales de la Aduana para secuestrar documentación clave relacionada con el caso.
Por qué importa:
La intervención judicial busca esclarecer posibles favorecimientos ilícitos en licitaciones y determinar si otros exfuncionarios o empresas privadas están involucrados en la red de corrupción. La medida podría afectar la percepción pública sobre la administración del gobierno actual.
Datos clave:
- Fecha: 19 de febrero de 2026
- Nombre: Karina Serrudo Miranda
- Cargo: Expresidenta ejecutiva de la Aduana Nacional
- Delitos: Contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica
- Código Penal: Artículos 221, 154 y 224
- Afectación económica: Superior a 10 millones de bolivianos
En un giro determinante para las investigaciones sobre corrupción en Bolivia, el Ministerio Público emitió el 19 de febrero de 2026 una orden de aprehensión contra Karina Serrudo Miranda, expresidente ejecutiva de la Aduana Nacional de Bolivia. Esta acción judicial surge en el contexto de presuntas irregularidades contractuales que supuestamente comprometieron fondos estatales.
Detalles de la investigación
La resolución, firmada por el fiscal Aldo D. Meza López, adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos Anticorrupción, instruye a la Policía Boliviana a conducir a Serrudo ante las autoridades competentes. Los delitos que pesan en su contra incluyen contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, tipificados en los artículos 221, 154 y 224 del Código Penal boliviano. Esta medida se tomó tras considerar riesgos procesales de fuga y obstaculización de la justicia.
Origen de la acción judicial
La acción judicial se origina en la adquisición de dos equipos de escáner destinados a la fiscalización aduanera. Según las investigaciones preliminares y las declaraciones del viceministro de Transparencia, Yamil García, el proceso de compra presentó anomalías técnicas y administrativas que derivaron en una afectación económica superior a 10 millones de bolivianos. Esta cifra se ha calificado como un daño severo al patrimonio del Estado, lo que aceleró las acciones del Ministerio Público.
Actitud evasiva y medidas tomadas
Un factor determinante para la emisión de la orden de aprehensión fue la actitud evasiva de la exejecutiva. De acuerdo con los antecedentes del caso, Serrudo fue citada previamente para prestar su declaración informativa; sin embargo, no se presentó ante el fiscal asignado. Ante esta incomparecencia, la Fiscalía activó mecanismos legales para garantizar su presencia en el proceso.
En paralelo, agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) registraron las oficinas centrales de la Aduana para secuestrar documentación clave. Karina Serrudo ocupó la máxima silla de la Aduana Nacional en un periodo clave para la reactivación económica del país, siendo una figura de confianza dentro del aparato estatal del expresidente Luis Arce.
Investigación continua
No obstante, la intervención judicial actual busca esclarecer si hubo un favorecimiento ilícito en las licitaciones relacionadas con tecnología de control fronterizo. El secuestro de contratos y soportes informáticos durante los recientes operativos será fundamental para determinar si existen otros exfuncionarios o empresas privadas involucradas en esta red de supuesta corrupción.
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