Bolivia enfrenta juicio en Corte IDH por caso Hotel Las Américas

Hoy, viernes 13 de febrero de 2026, el Estado boliviano llega al límite del tiempo otorgado para cumplir con el resarcimiento a los sobrevivientes y familiares de las víctimas del operativo policial de 2009. El incumplimiento de estas medidas económicas y jurídicas derivará en la apertura de un juicio formal contra el país en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Responsabilidad del Estado y violaciones a derechos humanos

El panorama jurídico para Bolivia es crítico. Tras años de investigación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que el Estado es responsable de graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y tortura. Juan Carlos Guedes, una de las víctimas que permaneció recluido por más de una década, confirmó que este viernes se agota la última prórroga solicitada por la gestión actual.

Si el Estado no llega a un acuerdo de compensación o no demuestra avances reales en la reparación, el caso 13.546 dejará de ser una recomendación para convertirse en un proceso judicial internacional obligatorio.

Demandas económicas y negociaciones fallidas

El principal punto de fricción entre el Gobierno y las víctimas radica en las elevadas sumas de compensación económica solicitadas. La familia de Michael Dwyer, ciudadano irlandés que perdió la vida en el asalto policial, ha solicitado una reparación de 3,7 millones de dólares. Por su parte, sobrevivientes como Mario Tadic exigen montos cercanos a los 900.000 dólares.

El Estado, a través de la Procuraduría, calificó inicialmente estas demandas como “no razonables”, intentando negociar cifras menores para evitar un impacto severo en las arcas públicas. Sin embargo, las víctimas sostienen que el daño físico, emocional y civil de tantos años en prisión justifica dichas sumas.

Investigación penal y justicia efectiva

Más allá del dinero, el fallo de la CIDH exige que Bolivia realice una investigación penal “diligente y efectiva”. Esto implica que el sistema judicial boliviano debe identificar, juzgar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales del operativo ejecutado en 2009.

El informe de fondo concluyó que los actos cometidos contra los detenidos constituyeron tortura y que las detenciones fueron ilegales y arbitrarias. Tadic y Tóásó estuvieron casi seis años bajo detención preventiva, mientras que Guedes y Mendoza superaron los diez años. Esta situación es considerada por el organismo internacional como una violación flagrante a las garantías judiciales.

Contexto histórico del caso

El trasfondo del caso se remonta al gobierno de Evo Morales, cuando el 16 de abril de 2009 la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc) asaltó el Hotel Las Américas en Santa Cruz de la Sierra bajo una supuesta amenaza de célula terrorista. El operativo resultó en la muerte de tres personas y la detención de otras cuatro.

Según Guedes, durante la gestión del expresidente Luis Arce, el Gobierno solicitó una ampliación de plazo para cumplir con esas disposiciones y evitar un juicio internacional, cuyo inicio dependerá de la decisión que asuma el Estado tras el vencimiento del término, reportó Correo del Sur.

Recomendaciones finales y futuro del caso

Finalmente, las recomendaciones de la CIDH incluyen un componente de no repetición: el Estado debe implementar programas permanentes de formación en derechos humanos y el uso de la fuerza para la Policía y el Ministerio Público. La decisión que tome el Gobierno hoy no solo definirá el futuro financiero de las víctimas, sino también la posición de Bolivia ante la comunidad internacional respecto al respeto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.