Ficha informativa
El Gobierno de Bolivia aprobó nueve decretos para frenar la inflación y garantizar la importación de combustibles, según el viceministro Óscar Gustavo Navarro. Las medidas buscan reactivar obras públicas y evitar incrementos en los precios del pan de batalla y el transporte.
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Contexto:
Navarro recordó que el Tesoro General de la Nación solía acudir al Banco Central de Bolivia para cubrir importaciones. El Ejecutivo decidió cortar esa fuente para evitar mayor emisión monetaria. Las obras públicas se paralizaron debido a reajustes solicitados por proveedores ante el aumento de costos.
Los decretos incluyen regulaciones sobre el precio del gas natural licuado, cambios en normas de contratación y recursos para reparar viviendas afectadas por explosiones en Viacha. Navarro enfatizó que la emisión monetaria genera inflación, afectando a los sectores más vulnerables.
Por qué importa:
Las medidas buscan estabilizar precios del transporte y harina, evitando que los incrementos se trasladen al pan. Se espera que las empresas retomen actividades y concluyan proyectos, aunque no necesariamente este año.
Datos clave:
- Nueve decretos supremos aprobados
- 500 millones de dólares para el Programa de Apoyo a la Estabilidad Macroeconómica y Fiscal
- 250 millones de dólares para el Programa de Apoyo a la Sostenibilidad Fiscal
- 180 millones de bolivianos para estabilizar el precio de la harina de trigo
- Aumento del diésel impacta en costos de materiales como fierro, cemento
- Cotización del dólar por debajo de 12 bolivianos
- Aumento sugerido por panificadores del 20%
Medidas del Gobierno de Bolivia para controlar la inflación
Los nueve decretos supremos aprobados por el Gobierno de Rodrigo Paz están orientados a reducir la presión inflacionaria, garantizar recursos para la importación de combustibles, reactivar proyectos públicos y evitar incrementos en los precios del pan de batalla y el transporte, informó el viceministro de Tesoro y Crédito Público, Óscar Gustavo Navarro.
Navarro recordó que el Tesoro General de la Nación (TGN) solía acudir al Banco Central de Bolivia (BCB) para cubrir la importación de hidrocarburos y la inversión pública. Sin embargo, aclaró que el Ejecutivo optó por cortar esa fuente de recursos para evitar una mayor emisión monetaria y frenar la inflación.
Préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo
En este contexto, destacó el Decreto Supremo 5769, que autoriza la suscripción de un préstamo de hasta 500 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este financiamiento está destinado al Programa de Apoyo a la Estabilidad Macroeconómica y Fiscal de Bolivia. Los recursos permitirán contar con liquidez para importar combustibles mientras Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) esté a cargo del servicio.
Además, el viceministro subrayó que el endeudamiento externo no genera emisión monetaria y permite disponer de divisas para las importaciones. También se incluye el Decreto Supremo 5770, que autoriza otro préstamo de hasta 250 millones de dólares del BID para el Programa de Apoyo a la Sostenibilidad Fiscal de Bolivia, según informó Red Uno.
Ajustes en proyectos públicos
El impacto del incremento del precio del diésel en los proyectos de inversión pública fue otro tema abordado por Navarro. Mencionó que algunas obras fueron paralizadas debido a que proveedores y empresas contratistas solicitaron reajustes ante el aumento de los costos de materiales como el fierro, el cemento y otros insumos. Para abordar esta situación, se estableció el Decreto Supremo 5775, que permite ajustar los precios de materiales de construcción, maquinaria, equipos y diésel en los contratos de obras públicas.
Navarro explicó que esta disposición permitirá a las entidades públicas realizar ajustes en función de los incrementos en los bienes que intervienen en los proyectos. Esto tiene como objetivo que las empresas retomen sus actividades y concluyan las obras.
Estabilización del precio del pan y transporte
Asimismo, el Decreto Supremo 5773 autoriza la transferencia de hasta 180 millones de bolivianos a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), recursos destinados a estabilizar el precio de la harina de trigo y evitar que el incremento de los costos se traslade al precio del pan de batalla. La autoridad también señaló que el aumento del diésel generó presiones sobre distintos sectores, provocando planteamientos de incremento en las tarifas del transporte y en el precio de los productos.
No obstante, sostuvo que el Gobierno verificó que el impacto del combustible no justifica los porcentajes de incremento propuestos por algunos sectores. Navarro remarcó que la subvención a la harina tiene como propósito proteger la economía de las familias más vulnerables y evitar incrementos en el precio del pan de batalla y del transporte.
Comportamiento del tipo de cambio
En cuanto al comportamiento del tipo de cambio, el viceministro indicó que Bolivia atraviesa una etapa de mayor demanda de importaciones. A pesar de ello, destacó que la cotización del dólar en el mercado flexible se mantiene por debajo de los 12 bolivianos. Este comportamiento responde a la disponibilidad de dólares en el mercado y al equilibrio entre la oferta y la demanda, lo que permite contar con divisas para importar los bienes necesarios para la economía nacional.
Ajustes adicionales y defensa gubernamental
Los nueve decretos aprobados también contemplan modificaciones al programa PEPE II, medidas para regular el precio del gas natural licuado, cambios en las normas de contratación de empresas públicas, recursos para reparar viviendas afectadas por explosiones en Viacha y ajustes destinados a promover el crédito productivo.
Navarro defendió este conjunto de disposiciones como parte de las acciones gubernamentales para atender las necesidades de financiamiento, sostener la actividad económica y reducir el impacto de los incrementos de costos sobre la población. En sus declaraciones, Navarro afirmó: “El BCB cuando hace un crédito emite moneda, y la emisión, lamentablemente, genera inflación, y la inflación es el impuesto a los pobres”.
Además, destacó: “Tenemos un decreto que autoriza a todas las entidades a hacer ajustes con base a lo que son los incrementos de los bienes que intervienen en el proyecto, para hacer que las empresas reactiven sus actividades y puedan concluir los proyectos, tal vez no este año, pero el próximo año”. Finalmente, subrayó: “Buscamos con esto estabilizar el precio del transporte, de la harina y entregar por única vez a los productores de pan para que no pueda incrementarse lo que han sugerido los panificadores, porque el impacto de la estructura de costos no se justifica, que en este caso sería del 20%.”
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