Ficha informativa
La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) intervino en Villazón, encontrando a más de 50 personas extrayendo oro ilegalmente. La acción se realizó el 29 de octubre de 2026 tras denuncias locales sobre minería no autorizada.
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Contexto:
La intervención fue coordinada entre la Dirección Nacional y la Dirección Regional Tupiza-Tarija de la AJAM, junto con efectivos de la Policía Boliviana. Los pobladores locales denunciaron actividades mineras no autorizadas en la zona. Óscar Santos Orellana, director departamental de Potosí de la AJAM, enfatizó que esta actividad opera al margen de la normativa.
Durante el operativo, algunos presentes amenazaron a los funcionarios con rociarlos con gasolina y prenderles fuego. El sector intervenido solo contaba con un trámite en solicitud para un Contrato Administrativo Minero, sin derecho a explotación sin autorización formal.
Por qué importa:
La AJAM promoverá acciones administrativas y penales correspondientes. Se iniciarán investigaciones por las amenazas proferidas contra los funcionarios públicos durante el operativo. La actividad extractiva compromete recursos pertenecientes a la población boliviana.
Datos clave:
- Fecha de intervención: 29 de octubre de 2026
- Número de personas encontradas: más de 50
- Ubicación: Chipihuayco, municipio de Villazón, provincia Modesto Omiste, departamento de Potosí
- Número de pozos abiertos: más de una decena
- Número de motocicletas identificadas: más de 30
Operativo contra la minería ilegal en Chipihuayco
La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) ejecutó un operativo de fiscalización contra la minería ilegal en el sector de Chipihuayco, ubicado en el municipio de Villazón, provincia Modesto Omiste del departamento de Potosí. En el lugar, la comisión oficial encontró a más de 50 personas realizando trabajos de extracción de oro sin contar con la autorización legal correspondiente, en el área denominada “Juanita Ruiz I”.
Detalles del operativo y denuncias
Según informó la AJAM, la intervención se realizó el jueves 29 de octubre de 2026 en atención a denuncias vertidas por pobladores locales sobre actividades mineras no autorizadas en las cercanías de la comunidad. Las acciones de fiscalización fueron coordinadas entre la Dirección Nacional y la Dirección Regional Tupiza-Tarija de la entidad reguladora, en compañía de efectivos de la Policía Boliviana.

Evidencias encontradas durante la inspección
Durante la inspección en la ladera del cerro, el personal desplazado evidenció más de una decena de pozos abiertos, múltiples excavaciones con grandes cantidades de tierra removida y a decenas de personas utilizando herramientas como picotas, palas, baldes y mangueras para extraer el mineral. Asimismo, a través de un sobrevuelo realizado con un dron, las autoridades identificaron una poza artificial destinada a la concentración de mineral aurífero, así como más de 30 motocicletas empleadas para el traslado de los trabajadores en la zona.
Momentos de tensión y amenazas a funcionarios
De acuerdo con la nota institucional emitida por la entidad, la intervención estuvo marcada por momentos de tensión cuando algunos de los presentes amenazaron a los funcionarios públicos con rociarlos con gasolina y prenderles fuego. Al percatarse del despliegue policial y de la comisión fiscalizadora, varias de las personas dedicadas a la extracción abandonaron el lugar escapando por caminos alternativos y senderos del cerro.

Situación legal del yacimiento intervenido
Respecto a la situación legal del yacimiento, según precisó la AJAM, el sector intervenido únicamente contaba con un trámite en solicitud para la obtención de un Contrato Administrativo Minero. La entidad remarcó que ningún procedimiento en curso o pendiente otorga derecho ni habilita la explotación de recursos minerales en el país sin el otorgamiento formal previo del derecho minero.
Declaraciones del director departamental
Por su parte, Óscar Santos Orellana, director departamental de Potosí de la AJAM, declaró que esta actividad extractiva opera al margen de la normativa y compromete recursos pertenecientes a la población boliviana. La autoridad añadió que la institución tiene la responsabilidad de hacer cumplir la legislación vigente, puesto que ninguna labor minera puede situarse por encima del Estado.

Acciones administrativas y penales
Finalmente, según detalló el informe de la AJAM, la documentación e inspección del caso fueron remitidas a la Dirección Nacional con el propósito de promover las acciones administrativas y penales correspondientes. Además, se dará curso a las investigaciones por las amenazas proferidas en contra de los servidores públicos durante el operativo.



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