ANP/Diarios pide a Comisión de Diputados agilizar el trámite de la Ley de Acceso a la Información

El presidente de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP/Diarios), Jorge Carrasco, pidió a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados que agilice el análisis de la Ley de Acceso a la Información, aprobada por el Senado el 27 de agosto. Carrasco instó a los parlamentarios de la Cámara Baja a promover una legislación que fomente la transparencia en la administración de los recursos públicos del gobierno central, las gobernaciones departamentales, los municipios y toda entidad pública.

“Los ciudadanos deben tener acceso sin mayores restricciones a información sobre la ejecución del gasto público, siguiendo el espíritu de la ley aprobada en el Senado Nacional”, expresó el representante de los diarios de circulación nacional. Durante 15 años, la ANP/Diarios, junto a otras organizaciones, ha reclamado la promulgación de una ley que facilite a todos los ciudadanos la solicitud de informes y datos sobre las actividades que realizan los servidores públicos.

El proyecto aprobado en el Senado se enmarca en el artículo 21.6 de la Constitución Política del Estado (CPE) y tiene como ámbito de aplicación a los órganos del Estado, entidades e instituciones públicas. Además, comprende a empresas públicas, universidades públicas, entidades descentralizadas, desconcentradas u otras donde el Estado tenga participación accionaria, perciban recursos o presten servicios públicos. También incluye a toda persona natural o jurídica, individual o colectiva que se constituya en solicitante.

Solicitud y entrega de información

En las definiciones del proyecto, se considera al solicitante como toda persona individual o colectiva, natural o jurídica, quien, en ejercicio de su derecho a la petición, se constituye en peticionante de información pública ante la entidad o institución obligada. El artículo 10 del proyecto expresa que la información pública debe ser brindada en el estado en que se encuentre al momento de efectuarse la solicitud.

Las entidades o instituciones obligadas tienen el deber de entregar la información requerida en los formatos físicos o digitales que registren, salvo las restricciones establecidas por ley y clasificación correspondiente. Esto exceptúa la información solicitada mediante orden judicial, requerimiento fiscal o resolución constitucional. La restricción a la entrega de información hace referencia a la protección de la seguridad nacional, secretos industriales, comerciales, científicos, técnicos o tecnológicos que pudieran perjudicar el nivel de competitividad o lesionar los intereses de la entidad obligada.

También se restringe la información que vulnere los derechos fundamentales de cualquier persona natural relacionados con la privacidad, intimidad, dignidad, reputación e imagen, o que ponga en peligro la vida, integridad o seguridad de cualquier persona.

El 23 de octubre de 2024, un proyecto promovido por la entonces senadora Silvia Salame fue aprobado en la Cámara Alta y el documento pasó a la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados. Sin embargo, su trámite no avanzó pese a la solicitud realizada por el colectivo de defensores de derechos ciudadanos. La senadora Soledad Chapetón presentó un nuevo proyecto de ley No. 066/2025-2026 C.S., que tras recoger propuestas de organizaciones ciudadanas y conceptos comprendidos en el documento de Salame, fue aprobado en su fase de detalle en la Cámara Alta el 27 de agosto y luego remitido a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.