Ficha informativa
La Fiscalía solicitó seis meses de detención preventiva para el exministro de Defensa, Edmundo Novillo, por irregularidades en la compra de 13 radares que causaron un daño económico superior a Bs 1.478 millones.
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Contexto:
El caso involucra a otros tres exministros de Defensa: Reymi Ferreira, Javier Zavaleta y Luis Fernando López. La denuncia se relaciona con un contrato firmado en agosto de 2016 con la empresa francesa Thales. El exministro de Justicia, Álvaro Coímbra, recordó que las fallas del sistema fueron denunciadas desde hace varios años, especialmente en Beni.
Novillo afirmó ser inocente y presentó documentación para respaldar su actuación como ministro. La situación jurídica se definirá en una audiencia de medidas cautelares.
Por qué importa:
La falta de un sistema de vigilancia aérea operativo afecta la capacidad del país para monitorear los movimientos de avionetas en su espacio aéreo. Las exautoridades enfrentan posibles cargos por contratos lesivos al Estado y otros delitos relacionados.
Datos clave:
- Seis meses de detención preventiva solicitados.
- Bs 1.478 millones de daño económico estimado.
- 13 radares adquiridos.
- 31 meses era el plazo inicial para la entrega del sistema.
- 98 meses tardó la demostración final después de la firma del primer contrato.
- Dos radares operativos.
- Dos radares no funcionan.
- Nueve radares presentan observaciones que les impiden prestar servicio.
Imputación formal contra Edmundo Novillo
La Fiscalía presentó una imputación formal contra el exministro de Defensa, Edmundo Novillo. En este contexto, solicitó seis meses de detención preventiva en el penal de San Pedro, en La Paz, debido a la investigación por presuntas irregularidades en la adquisición e implementación de un sistema de vigilancia aérea.
Detalles del caso y antecedentes
La solicitud se conoció tras la aprehensión de Novillo el jueves, luego de prestar su declaración informativa. Esta exautoridad es investigada junto a otros tres exministros de Defensa por un posible daño económico superior a Bs 1.478 millones. El caso está relacionado con un contrato firmado en agosto de 2016 con la empresa francesa Thales para la instalación de 13 radares de vigilancia civil y militar.
Este proyecto atravesó distintas gestiones de gobierno y también involucra a Reymi Ferreira, Javier Zavaleta y Luis Fernando López. Según una auditoría citada por el Gobierno, el contrato inicial establecía un plazo de 31 meses para la entrega del sistema. Sin embargo, se firmaron siete contratos modificatorios que ampliaron los tiempos de ejecución. La demostración final se realizó 98 meses después de la suscripción del primer documento.
Estado actual de los radares
De acuerdo con los datos difundidos por el Ejecutivo:
- De los 13 radares incluidos en el proyecto, dos están operativos.
- Dos no funcionan.
- Nueve presentan observaciones que les impiden prestar servicio.
Reacciones y declaraciones
En medio de este caso, el exministro de Justicia Álvaro Coímbra recordó que las fallas del sistema ya habían sido denunciadas desde hace varios años, especialmente en Beni. Coímbra cuestionó que Bolivia no cuente con un sistema de vigilancia aérea plenamente operativo y señaló que esta situación impide conocer oportunamente los movimientos de avionetas en el espacio aéreo nacional, según lo informado por Red Uno.
Tras su aprehensión, Edmundo Novillo aseguró que es inocente y afirmó que presentó documentación para respaldar su actuación durante su gestión como ministro de Defensa. Las cuatro exautoridades denunciadas son investigadas por los presuntos delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Próximos pasos legales
La situación jurídica de Novillo se definirá en una audiencia de medidas cautelares, donde se analizará el pedido fiscal de seis meses de detención preventiva en el penal de San Pedro.
Citas relevantes
En sus declaraciones, Novillo manifestó: “Soy inocente, he presentado todos los descargos, tanto legales como documentales; consiguientemente, me parece injusta la aprehensión”. Además, destacó: “Los radares que costaron casi Bs 1.500 millones y que nunca funcionaron, los tenemos como una denuncia de hace mucho tiempo en el Beni”. También agregó: “En Bolivia nunca sabemos qué avionetas salieron, de dónde salieron, cómo salieron, pero los brasileños sí tienen esa información porque los radares de ellos funcionan”.
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