Proyecto 073 plantea penas e indemnización por denuncias falsas

Proyecto de Ley N.º 073/2025-2026 sobre denuncias falsas

El proyecto de Ley N.º 073/2025-2026, que propone sancionar penalmente las denuncias falsas y la instrumentalización de la justicia, genera debate en el país. Mientras la iniciativa legislativa busca proteger la presunción de inocencia y resarcir el daño a los falsamente acusados, organizaciones de derechos humanos alertan que la norma podría desalentar las denuncias legítimas y crear barreras para las víctimas de violencia.

Modificaciones al Código Penal

La propuesta, impulsada en la Cámara de Senadores y presentada por el senador representante de Oruro, José Sánchez, plantea modificar el artículo 166 del Código Penal. Esta modificación sanciona con penas de dos a cuatro años de privación de libertad a quien acuse a sabiendas a un inocente. Sin embargo, las sanciones se elevan drásticamente —llegando de cuatro a seis años, de seis a ocho años, y de ocho a diez años de cárcel— cuando la denuncia falsa invoque violencia de género, delitos contra la libertad sexual, delitos contra menores de edad, o cuando se imponga una detención preventiva injusta.

Proceso autónomo por denuncia falsa

Asimismo, el proyecto establece que el proceso por denuncia falsa es autónomo y puede iniciarse antes de que concluya el caso principal. Un componente central de la norma es la creación de un sistema de indemnizaciones preestablecidas, calculadas en salarios mínimos nacionales (SMN), destinadas a resarcir el daño moral, psicológico y social.

Indemnizaciones establecidas

Estas compensaciones mínimas incluyen, entre otros rubros:

• 10 SMN por imputación o acusación formal.
• Hasta 30 SMN por sentencias condenatorias o resoluciones jerárquicas posteriormente revocadas.
• Un salario mínimo por cada día de reclusión injustamente sufrido.

Sanciones para profesionales involucrados

Respecto al entorno profesional, el proyecto sanciona directamente a abogados, psicólogos, trabajadores sociales, policías o ramas afines que, a sabiendas de la falsedad del hecho, induzcan, coaccionen o faciliten la presentación de denuncias falsas. Estos profesionales serán equiparados como autores del delito e impondrán una inhabilitación profesional temporal de tres años tras el cumplimiento de la sanción penal. No obstante, la norma exime de responsabilidad penal y civil a aquellos profesionales que hayan sido engañados por informes periciales erróneos, siempre que se aparten voluntariamente del caso al advertir el engaño.

Preocupaciones de organizaciones defensoras

En contraparte, la plataforma Alerta 348 —que agrupa a cerca de 200 organizaciones defensoras de derechos humanos— advierte que este endurecimiento punitivo puede generar temor a denunciar en casos de violencia sexual, de género o contra menores. Los colectivos cuestionan la posibilidad de abrir procesos por denuncia falsa de forma paralela antes de que el caso original sea resuelto. A su juicio, esto podría utilizarse como un mecanismo de presión.

Inseguridad para profesionales

Asimismo, advierten que la persecución de responsabilidades a profesionales que asisten a las víctimas generará inseguridad y desincentivará el apoyo legal y psicológico en estos procesos. Finalmente, el boletín de las organizaciones señala que durante el trámite legislativo ninguna de las seis instancias estatales consultadas —incluyendo los ministerios del área, el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría— recomendó aprobar la norma sin modificaciones. Algunas instituciones plantearon la eliminación de 11 de sus 17 artículos para una revisión técnica integral.