Ficha informativa
La Fundación Jubileo y la red de Observación Ciudadana de la Democracia (OCD) inician un proceso de consulta ciudadana en Cochabamba para elaborar una propuesta integral de reforma electoral, comenzando el 11 y 12 de noviembre de 2026.
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Contexto:
La propuesta surge tras la experiencia en observación electoral desde el año 2020 y entrevistas con actores sociales y políticos. Se busca abordar problemas estructurales que afectan al sistema electoral, como la independencia del órgano electoral y las barreras a la participación política.
El proceso incluirá mesas de diálogo a nivel nacional y territorial para recoger inquietudes y propuestas. Las reformas deben ser consensuadas, graduales y tener proyección a largo plazo.
Por qué importa:
Las reformas propuestas buscan garantizar la independencia del órgano electoral, reducir asimetrías entre tribunales electorales departamentales y mejorar la participación política de mujeres, jóvenes y pueblos indígenas. La consulta se extenderá durante un año, con resultados presentados ante la Asamblea Legislativa el próximo año.
Datos clave:
- Fechas del encuentro internacional: 11 y 12 de noviembre de 2026
- Año de inicio del diagnóstico: 2020
- Año de los comicios fijados: 2030
Participación ciudadana en Cochabamba
En la ciudad de Cochabamba, la Fundación Jubileo y diversas organizaciones de la sociedad civil, entre las que destaca la red de Observación Ciudadana de la Democracia (OCD), han puesto en marcha un proceso de consulta ciudadana con el objetivo primordial de elaborar una propuesta integral de reforma electoral. Esta ambiciosa iniciativa arrancará formalmente los días 11 y 12 de noviembre en Cochabamba con la celebración de un encuentro internacional, espacio en el que se congregarán diversos expertos e instituciones para dar inicio a los debates.
Objetivos del proceso de consulta
El propósito central de esta movilización va mucho más allá de un simple ajuste normativo. Sandra Verduguez, representante de la OCD, enfatizó que la intención es abordar de manera profunda las causas de fondo que afectan al sistema: “Más allá de cambiar los artículos de la normativa, nosotros queremos pensar en los problemas estructurales que hacen a la aplicación de la normativa”, señaló. En ese sentido, el análisis planteado se concentrará en evaluar la representación política, la participación efectiva de la ciudadanía y la solidez institucional del propio órgano electoral, indicó Erbol.
Origen y contexto de la propuesta
Esta propuesta ciudadana nace como fruto directo de la experiencia acumulada en la observación electoral desarrollada desde el año 2020, así como de un proceso previo de entrevistas con diversos actores sociales y políticos. Esta labor de la sociedad civil se lleva a cabo de forma paralela a la labor del propio Órgano Electoral, entidad que por su parte viene organizando mesas de diálogo con los tribunales electorales departamentales para la elaboración de su propio proyecto de reforma.
Desafíos estructurales identificados
A lo largo del diagnóstico realizado se han identificado importantes desafíos estructurales que requiere encarar el sistema democrático. Entre los principales problemas destacan:
- La necesidad de garantizar la independencia efectiva del órgano electoral.
- La existencia de notorias asimetrías de capacidades y recursos entre los distintos tribunales electorales departamentales.
- Las persistentes barreras e inequidades que dificultan la participación política plena de mujeres, jóvenes y pueblos indígenas.
Proceso y proyección futura
Para recoger y canalizar las inquietudes de la población, el proceso de consulta se extenderá durante aproximadamente un año entero. A lo largo de ese periodo se desarrollará un amplio despliegue de mesas de diálogo, tanto a nivel nacional como territorial, diseñadas para recoger iniciativas, inquietudes y propuestas de los más variados sectores del país.
Resultados y presentación ante la Asamblea Legislativa
Una vez finalizadas estas jornadas participativas, los resultados finales serán sistematizados y presentados formalmente ante la Asamblea Legislativa el próximo año, articulados en torno a una agenda estratégica de fortalecimiento institucional y electoral. Los colectivos e instituciones impulsoras sostienen firmemente que cualquier reforma de esta magnitud debe ser producto del consenso, aplicarse de forma gradual y participativa, y tener una proyección a largo plazo que trascienda la coyuntura de los comicios fijados para el año 2030.
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