Ficha informativa
El Gobierno de Bolivia investiga a la jueza Ana Gloria Rojas por su actuación en un caso de malversación de 191 millones de bolivianos, recursos destinados a obras públicas. La indagación busca examinar la celeridad y transparencia del sistema judicial.
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Contexto:
La jueza Ana Gloria Rojas ha sido cuestionada por suspender una audiencia relacionada con el caso de malversación. En 2019, estuvo involucrada en casos vinculados al narcotráfico, otorgando medidas sustitutivas a detenidos. El viceministro García mencionó que existen antecedentes polémicos sobre su actuación.
El Ejecutivo pretende examinar el historial judicial de Rojas para asegurar que las decisiones no comprometan la recuperación de recursos públicos. La situación también pone en evidencia los vínculos entre el crimen organizado y el sistema judicial.
Por qué importa:
La investigación podría afectar la percepción pública sobre la justicia en Bolivia, reavivando preocupaciones sobre la corrupción y la impunidad. Además, se busca sentar un precedente para evitar dilaciones en procesos judiciales importantes.
Datos clave:
- Fecha: 26 de octubre de 2026
- Montos involucrados: 191 millones de bolivianos
- Año de liberación de Diego Marset: 2022
- Año de gestión del exalcalde Jhonny Fernández: 2025
- Fecha de audiencia postergada: 9 de noviembre
- Hora de la diligencia convocada: 10:00 horas
Investigación contra la jueza Ana Gloria Rojas
El Gobierno nacional, a través del Viceministerio de Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia, abrió este lunes 26 de octubre una línea de investigación contra la jueza Ana Gloria Rojas. Esta acción se debe a la postergación de la audiencia del exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández.
El viceministro García señaló: “Hacemos referencia concretamente a la suspensión de una audiencia de medidas cautelares y, sobre ello, queremos señalar que, en primer lugar, la cuantía del posible daño económico que en este caso estaría por resolverse supera los 190 millones de bolivianos”. Además, remarcó que “existirían cuestionamientos en relación a los mecanismos que habrían sustentado esta suspensión de audiencia”, lo que llevó a abrir una línea investigativa sobre las actuaciones de esta autoridad.
Detalles sobre la audiencia y el caso
La audiencia que había sido reprogramada para el 9 de noviembre por el caso de malversación de fondos contra Jhonny Fernández se adelantó para este martes 27 de octubre al mediodía. Así lo confirmó el alcalde cruceño Carlos Manuel Saavedra a través de las redes sociales. “Mañana (martes) Johnny Fernández va a estar sentado frente a la justicia. (Porque) no es nomás decir estoy afónico y que se suspenda. Hay que demostrarlo y finalmente no pudieron hacerlo”, explicó Saavedra.
La jueza Rojas es cuestionada por haber emitido una resolución que favoreció la libertad en 2022 de Diego Marset, hermano de Sebastián Marset, quien fue detenido por tramitar una identidad falsa. La magistrada defendió su accionar argumentando que actuó bajo estricta solicitud y requerimiento de la Fiscalía en la imputación.
Antecedentes polémicos
En 2019, Ana Gloria Rojas estuvo a cargo de las etapas procesales relacionadas con el narcotráfico, específicamente con Pedro Montenegro. En ese caso, determinó detención domiciliaria y fianzas a mujeres clave del entorno del narcotraficante. El viceministro insistió en cuestionar los casos relacionados a la liberación de Diego Marset y el narcotraficante Pedro Montenegro.
García agregó que “de sus registros se tendría solamente en la gestión 2025 tres procesos en trámite por supuestas faltas graves. Sin embargo, ninguno de ellos habría concluido”, lo que motivará una verificación sobre las circunstancias que han llevado al inicio y desarrollo de esta vía disciplinaria interna.
Implicaciones económicas del caso
El juzgado a cargo del caso Marset tiene antecedentes de haber otorgado medidas sustitutivas a un familiar directo del narcotraficante uruguayo. Tras una revisión de las actuaciones previas de dicha autoridad judicial, se detectaron fallos precedentes que han encendido las alarmas. García enfatizó que el cúmulo de estos polémicos antecedentes obliga al Estado a realizar una verificación exhaustiva, debido a que “lo que como Estado queremos es que la justicia actúe de manera pronta, oportuna, sin dilaciones indebidas, mucho más cuando el caso comprometería más de 190 millones de bolivianos”.
La audiencia de medidas cautelares del exalcalde cruceño Jhonny Fernández fue postergada hasta el 9 de noviembre debido a que su abogado defensor tenía afonía y no pudo intervenir. La diligencia estaba convocada para las 10:00 horas del 22 de octubre en el Juzgado Décimo de Instrucción Penal, a cargo de la jueza Ana Gloria Rojas. Aunque Fernández llegó al recinto, el acto no se instaló.
Contexto sobre los créditos contratados
El exalcalde fue imputado por presunta malversación de fondos en un proceso originado en una denuncia del Gobierno Municipal. Según la Alcaldía, el perjuicio bordea los 191 millones de bolivianos y corresponde a dos créditos contratados durante su gestión: uno para 17 proyectos urbanos y otro para el viaducto del cuarto anillo, en la doble vía a La Guardia.
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