Ficha informativa
El hacinamiento en los recintos penitenciarios de Oruro afecta a 2.100 internos, con condiciones críticas a pesar de medidas temporales como el Decreto Supremo de Amnistía e Indulto.
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Contexto:
El delegado defensorial Juan Arroyo informó sobre la falta de soluciones al hacinamiento. Las medidas aplicadas no han descongestionado las cárceles y la situación requiere decisiones estructurales. Arroyo urgió al Gobierno a construir nuevos recintos penitenciarios.
Arroyo mencionó que las personas privadas de libertad mantienen derechos fundamentales, y el Estado debe garantizar condiciones adecuadas durante su detención. Se planteó revisar normas sobre delitos vinculados al robo de minerales y tráfico de sustancias controladas, incluida la Ley 1008.
Por qué importa:
La falta de espacio y atención a necesidades básicas afecta la salud y alimentación de los internos. La revisión de la legislación punitiva podría contribuir a reducir la sobrepoblación carcelaria, pero se requieren respuestas profundas.
Datos clave:
- 2.100 internos en condiciones críticas
- 400 beneficiados con el Decreto Supremo de Amnistía e Indulto
- Cerca de 1.800 internos en el penal de San Pedro
- 300 internos en el centro penitenciario de La Merced
- Incremento del prediario de 8 a 10 bolivianos
- Población penitenciaria se duplicó en los últimos 10 años
Situación del hacinamiento penitenciario en Oruro
El hacinamiento penitenciario en los recintos de Oruro continúa sin soluciones efectivas, a pesar de que más de 400 privados de libertad fueron beneficiados con el Decreto Supremo de Amnistía e Indulto. Según el delegado defensorial departamental, Juan Arroyo, cerca de 1.800 internos permanecen en el penal de San Pedro y otros 300 en el centro penitenciario de La Merced. Estas condiciones generan preocupación por la falta de espacio y la atención a sus necesidades básicas.
Medidas insuficientes para descongestionar cárceles
Juan Arroyo señaló que las medidas aplicadas hasta el momento no lograron descongestionar las cárceles. Además, advirtió que el incremento del prediario de 8 a 10 bolivianos tampoco resuelve las deficiencias en la alimentación, la atención en salud ni las condiciones de habitabilidad. A su juicio, la situación requiere decisiones estructurales, ya que la población penitenciaria se duplicó en los últimos diez años sin que ese crecimiento estuviera acompañado por una política criminal y penitenciaria capaz de responder a la demanda.
Construcción de nuevos recintos penitenciarios
Ante este panorama, el delegado defensorial urgió al Gobierno central a impulsar la construcción de nuevos recintos penitenciarios que alberguen a la creciente población carcelaria. Recordó que las personas privadas de libertad pierden el derecho a la libertad de tránsito, pero mantienen los demás derechos fundamentales. Por lo tanto, el Estado debe garantizar condiciones adecuadas de alimentación, salud y alojamiento durante el cumplimiento de sus condenas o mientras permanezcan detenidas.
Alternativas para reducir el hacinamiento carcelario
Como alternativa a corto plazo, Juan Arroyo planteó revisar la política penitenciaria y las normas que establecen sanciones penales. Esto tiene como objetivo identificar medidas que contribuyan al descongestionamiento. Mencionó entre los aspectos que requieren análisis los delitos vinculados al robo de minerales, presentes en la población penitenciaria de Oruro, y la normativa sobre tráfico de sustancias controladas, incluida la Ley 1008. Consideró necesaria su revisión para adecuarla al contexto actual.
Revisión legislativa para abordar el problema
El delegado sostuvo que una revisión seria de la legislación punitiva por parte de la Asamblea Legislativa podría contribuir a reducir la sobrepoblación carcelaria. Sin embargo, remarcó que el problema requiere respuestas de fondo y no únicamente medidas temporales. Mientras tanto, alrededor de 2.100 personas continúan recluidas entre San Pedro y La Merced, bajo condiciones que mantienen vigente la alerta por el hacinamiento penitenciario en el departamento.
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