Ficha informativa
La jefa de la alianza Libre, Lissa Claros, solicitó al presidente de la Cámara de Diputados apartar al legislador Rafael López tras su inclusión en la lista de ciudadanos bolivianos con restricciones de visa por parte de EE.UU., para preservar la independencia legislativa.
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Contexto:
Lissa Claros informó que solicitaron al presidente de la Cámara de Diputados apartar a Rafael López para evitar cuestionamientos a la Asamblea Legislativa. La acción busca mantener la independencia durante el proceso de designación del nuevo fiscal general del Estado. Claros propuso dos alternativas: solicitar una licencia temporal o apartarse mientras presentan descargos. Comparó el caso con la desvinculación del exfiscal general Roger Mariaca.
Claros cuestionó la presencia de exfuncionarios vinculados a instituciones como Felcn y UIF entre los mencionados. Afirmó que las decisiones del Departamento de Estado no son arbitrarias y sugirió indicios verdaderos detrás de las restricciones.
Por qué importa:
La medida busca preservar la independencia y transparencia de la Asamblea Legislativa. Además, se espera que el Ministerio Público investigue a las personas incluidas en la lista y que se solicite información a través de la Cancillería sobre los motivos detrás de las restricciones impuestas por EE.UU.
Datos clave:
- Fecha: 23 de octubre de 2026
- Número de ciudadanos afectados: 40 personas en Bolivia
- Número de ciudadanos identificados: 15 bolivianos
- Nombre del diputado afectado: Rafael Darío López Mercado
- Otros nombres mencionados: Rolando Santos Pacheco Chávez, Juan Lanchipa Ponce
Solicitud de desvinculación del diputado Rafael López
Tras conocerse que el legislador Rafael López figura en la lista de ciudadanos bolivianos afectados por las restricciones de visas anunciadas por Estados Unidos, la jefa de bancada de la alianza Libre, Lissa Claros, informó que solicitaron al presidente de la Cámara de Diputados apartar al diputado de sus funciones.
Motivos para la solicitud
La representante de Libre afirmó que esta acción responde a una posición institucional para evitar que el trabajo de la Asamblea Legislativa se vea afectado y cuestionado en su independencia, especialmente durante el proceso de designación del nuevo fiscal general del Estado. “De manera oficial, lo que nosotros hicimos fue solicitar al presidente de la Cámara de Diputados que lo pueda desvincular. No hay procedimientos legislativos como que pueda estar en la Comisión de Ética o también a través de una resolución camaral”, explicó.
Alternativas para los legisladores involucrados
Claros también aclaró que, aunque respetan la presunción de inocencia de las personas incluidas en la lista, corresponde adoptar medidas institucionales mientras se esclarecen los señalamientos. En este contexto, planteó dos alternativas para los legisladores involucrados:
- Solicitar una licencia temporal.
- Apartarse de sus funciones mientras presentan descargos que permitan aclarar su situación.
Comparación con otros casos y pronunciamiento del Departamento de Estado
Asimismo, comparó el caso con la desvinculación del exfiscal general Roger Mariaca y pidió que se adopten determinaciones con la misma celeridad. El pronunciamiento del Departamento de Estado de Estados Unidos indica una nueva ampliación de las restricciones de visas, que, según el documento, alcanzaría a 40 personas en Bolivia. De ellas, identifica nominalmente a 15 ciudadanos bolivianos e incluye a sus familiares directos.
Nombres mencionados en la lista
Entre los nombres mencionados figuran los diputados Rafael Darío López Mercado y Rolando Santos Pacheco Chávez; el exfiscal general Juan Lanchipa Ponce; otros exfiscales, jueces, autoridades policiales y exfuncionarios públicos. Claros insistió en que la Asamblea Legislativa debe preservar su independencia y transparencia, por lo que espera que se adopten medidas mientras se solicita información y se investigan los señalamientos.
Crisis institucional y narcotráfico
La legisladora también cuestionó la presencia de exfuncionarios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), funcionarios vinculados a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), fiscales y autoridades judiciales entre las personas mencionadas. A su criterio, esta situación debe llamar la atención sobre la posible penetración del narcotráfico en instituciones del país. “Cuando Estados Unidos toma una determinación así, no es porque no tenga indicios verdaderos, no es porque se le ocurra, no es porque diga que este diputado no le cae; las cosas no son así”, afirmó.
Investigación formal solicitada por Alianza Libre
Finalmente, Claros anunció que la alianza Libre solicitará formalmente al Ministerio Público que investigue a todas las personas incluidas en la lista. También adelantó que presentarán una petición de informe a través de la Cancillería para conocer la documentación que tiene Estados Unidos y que motivó la decisión.
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