Ficha informativa
El Viceministerio de Transparencia presentó una denuncia penal contra siete exautoridades de YPFB por un presunto daño económico de cerca de 17 millones de bolivianos, relacionado con la construcción de un inmueble para altos ejecutivos.
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Contexto:
El proyecto no figuraba en el Programa Operativo Anual (POA) ni en el presupuesto en 2014. Se instruyó su incorporación posteriormente. YPFB justificó la obra como una medida para evitar gastos en hoteles, aunque el viceministro cuestionó la magnitud de la inversión.
Los bienes observados incluyen equipos de comunicación, televisores, sistemas de sonido, mobiliario, cuadros y equipamiento de cocina. El viceministro García enfatizó que la investigación se centra en la justificación de la inversión.
Por qué importa:
Se atribuyen delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes a los denunciados. La investigación podría ampliarse si surgen nuevos elementos. Dos casos vinculados a YPFB ya fueron judicializados.
Datos clave:
- Daño económico: 17 millones de bolivianos
- Costo de construcción: Bs 2,5 millones
- Mantenimiento: más de Bs 120.000
- Equipamiento adquirido: más de Bs 14 millones
- Valor de equipos Bose FreeSpace: superior a 500 dólares cada uno
- Años de ejecución: 2014 y 2015
- Artículo del Código Penal: 224
Denuncia penal contra exautoridades de YPFB
El Viceministerio de Transparencia presentó una denuncia penal contra siete exautoridades de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por un presunto daño económico de cerca de 17 millones de bolivianos, vinculado a la Casa Ejecutiva de la estatal, un inmueble destinado al alojamiento de sus directores y altos ejecutivos. El viceministro de Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia, Yamil García, informó sobre la acción este martes en conferencia de prensa en Casa Grande del Pueblo.
Detalles de la construcción y gastos observados
Según indicó García, la obra se ejecutó entre 2014 y 2015 y no cuenta con justificación técnica, económica ni social. La construcción costó unos Bs 2,5 millones y el mantenimiento superó los Bs 120.000. La mayor parte del monto corresponde al equipamiento, adquirido en distintos procesos de contratación, que supera los Bs 14 millones. Entre los bienes observados figuran:
- Equipos de comunicación
- Televisores de alta gama
- Sistemas de sonido en los dormitorios
- Mobiliario de diseño
- Cuadros de autor
- Equipamiento de cocina
- Cuatro equipos Bose FreeSpace en los jardines, cada uno con un valor superior a 500 dólares
Análisis de la inversión y posibles delitos
García aclaró que la investigación no analiza fallas de construcción o ingeniería, sino si la inversión estaba justificada. Afirmó que varios gastos corresponden más a un hotel de cinco estrellas que a una institución pública, citando DTV 8.1. La denuncia alcanza a quienes habrían intervenido en la autorización, administración o ejecución de los recursos. Según datos del Ministerio de la Presidencia, figuran:
- Guillermo Achá Morales, entonces presidente ejecutivo interino de YPFB
- Edwin Aldunate Luján, gerente nacional de Administración y Finanzas
- Mario Mendoza Luján, representante del Ministerio de Planificación del Desarrollo
- Grover Álvarez Quiroga, exjefe de la Unidad de Infraestructura
- Integrantes del directorio
Cargos y antecedentes del caso
A estas personas se les atribuyen los delitos de conducta antieconómica, previsto en el artículo 224 del Código Penal, e incumplimiento de deberes. García no descartó ampliar la denuncia si las declaraciones aportan nuevos elementos. Como antecedente, explicó que en 2014, el proyecto no figuraba en el Programa Operativo Anual (POA) ni en el presupuesto, pero después se habría instruido su incorporación.

Según el viceministro, YPFB sustentó la obra en la necesidad de evitar el gasto en hoteles. Sostuvo que ese objetivo no explica una inversión de tal magnitud y que todo recurso público requiere respaldo económico, técnico y social para considerarse una inversión y no un gasto suntuoso.
Casos judicializados y próximos pasos
En la misma conferencia, García indicó que dos casos más vinculados con YPFB ya fueron judicializados y cuentan con imputaciones formales. Añadió que las medidas cautelares distintas a la detención preventiva no definen el grado de responsabilidad de los investigados y que instituciones coadyuvantes revisan decisiones judiciales anteriores que podrían haber favorecido a exautoridades. Por ahora, el Viceministerio aguarda que el Ministerio Público fije las directrices para convocar a declarar a los siete denunciados.
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