Ficha informativa
El Presidente Rodrigo Paz promulgó el 19 de octubre de 2026 la Ley de Prescripción y Consolidación de Depósitos Judiciales, que destinará recursos no reclamados al fortalecimiento del sistema judicial en áreas como tecnología e infraestructura.
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Contexto:
Durante la promulgación, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, explicó que los recursos se usarán para modernizar sistemas judiciales y mejorar condiciones en casas de justicia. La norma fue concertada entre los órganos Ejecutivo, Judicial y Legislativo.
Los fondos no se destinarán a burocracia ni al pago de salarios. La norma también tiene como objetivo ampliar un sistema integrado de gestión de causas que actualmente funciona en Chuquisaca.
Por qué importa:
La ley busca mejorar la atención a la ciudadanía mediante la modernización tecnológica y el apoyo jurisdiccional. Se espera reducir la carga procesal y agilizar el procedimiento para devolver depósitos judiciales a quienes tengan derecho a reclamarlos.
Datos clave:
- Fecha: 19 de octubre de 2026
- Nombre de la ley: Ley de Prescripción y Consolidación de Depósitos Judiciales
- Plazo para reglamentación: 90 días
El Presidente Rodrigo Paz promulgó este lunes 19 de octubre la Ley de Prescripción y Consolidación de Depósitos Judiciales. Esta ley permitirá destinar recursos provenientes de depósitos judiciales no reclamados al fortalecimiento del sistema de justicia, con énfasis en tecnología, infraestructura y apoyo al trabajo de los jueces.
Objetivos y Beneficios de la Nueva Ley
Durante el acto de promulgación, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, explicó que los recursos se utilizarán para modernizar los sistemas judiciales, mejorar las condiciones de las casas de justicia y contratar personal de apoyo jurisdiccional. El objetivo es reducir la carga procesal.
“Los recursos de la ley que usted acaba de promulgar se basan en tres ejes: tecnología, infraestructura y apoyo jurisdiccional para desconcentrar la carga en el trabajo que desarrollan los jueces”, señaló Saucedo.
Modernización y Acceso a la Justicia
El titular del TSJ indicó que uno de los objetivos es ampliar a escala nacional el sistema integrado de gestión de causas, que actualmente funciona como plan piloto en Chuquisaca. Esta herramienta permite a los litigantes consultar sus expedientes desde el teléfono y acceder a audiencias en vivo.
Mejoras en Infraestructura Judicial
Saucedo afirmó que la infraestructura judicial también requiere atención, especialmente en poblaciones donde las condiciones son insuficientes para recibir a litigantes y víctimas. La contratación de personal permitirá apoyar a los jueces en la revisión de expedientes y elaboración de resoluciones, con la finalidad de acortar la duración de los procesos.
Aprobación y Reglamentación
El presidente del Senado, Diego Ávila, destacó que la norma fue concertada entre los órganos Ejecutivo, Judicial y Legislativo. Ávila sostuvo que los recursos adicionales deben traducirse en una mejor atención a la ciudadanía.
Por su parte, Paz afirmó que los fondos no estarán destinados a burocracia ni al pago de salarios, sino a los tres ejes planteados por el TSJ. Además, sostuvo que la ley busca agilizar el procedimiento para la devolución de los depósitos judiciales, sin vulnerar los derechos de quienes los realizaron.
Plazo para la Reglamentación
Saucedo anunció que, tras la promulgación, se abrirá un plazo de 90 días para trabajar en la reglamentación de la norma.
Mecanismo para Consolidar Depósitos Judiciales
La Ley de Prescripción y Consolidación de Depósitos Judiciales establece un mecanismo para que los depósitos judiciales que permanecen durante años sin ser reclamados puedan consolidarse. Estos recursos se destinarán al fortalecimiento de la administración de justicia, según lo explicado por el Presidente Paz.
La norma también busca agilizar los procedimientos para devolver los depósitos a quienes tengan derecho a reclamarlos. Según las autoridades, los recursos consolidados se dirigirán a la modernización tecnológica, el mejoramiento de la infraestructura judicial y el apoyo al trabajo jurisdiccional. Todo esto tiene como propósito mejorar la transparencia y reducir la mora procesal.
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