Ficha informativa
El gobernador de Oruro, Edgar Sánchez, ratifica acusaciones sobre minería ilegal en La Joya y analiza anular la personalidad jurídica de la Asociación Aurífera de Emprendedores, afiliada a la FEPO. A pesar de reconocer la legalidad de Emcoisa, no descarta auditorías por denuncias de malos manejos.
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Contexto:
La disputa en La Joya se centra entre Emcoisa y emprendedores agrupados en una asociación con personería jurídica otorgada por la Gobernación. La FEPO rechazó las acusaciones de complicidad con minería ilegal. Su asesor jurídico, Jaime Cuéllar, calificó las acusaciones como infundadas.
Sánchez mencionó que una inspección en La Joya fue obstaculizada por emprendedores y hubo agresiones contra la responsable del área. Se evalúa una auditoría a Emcoisa, pero se requiere determinar el mecanismo legal debido a su condición de empresa privada.
Por qué importa:
Sánchez alertó sobre posibles daños ambientales en La Joya y riesgos para la crianza de ganado ovino. La FEPO se reserva el derecho a acciones legales si no hay rectificación pública.
Datos clave:
- Fecha: 14 de octubre de 2026
- Normativa: Ley 535 de Minería y Metalurgia
- Artículo: 31
Edgar Sánchez defiende sus acusaciones sobre minería ilegal
El gobernador de Oruro, Edgar Sánchez, no retrocede en sus acusaciones sobre la minería ilegal en La Joya. Este miércoles, confirmó que se analiza la nulidad de la personalidad jurídica de la Asociación Aurífera de Emprendedores, afiliada a la Federación de Empresarios Privados de Oruro (FEPO).
Posible auditoría a EMCOISA
Pese a reconocer la legalidad de la Empresa Minera Comunitaria Inca Sayaña S.A. (Emcoisa), Sánchez no descarta la posibilidad de una auditoría debido a denuncias de presuntos malos manejos. Se evalúa el camino a seguir, ya que se trata de una empresa privada.
Conflicto entre grupos mineros en La Joya
En La Joya se explota oro, y la principal disputa surge entre dos grupos: Emcoisa y varios emprendedores que, según la autoridad, se agruparon en una asociación. Esta asociación logró su personería jurídica otorgada por la Gobernación hace años y se afilió a la FEPO como requisito. El gobernador, días atrás, acusó a la instancia empresarial de “complicidad con la minería ilegal” por este motivo. Ante el pedido de rectificación o disculpas públicas, mantuvo su postura.
Fundamentación legal de las acusaciones
Edgar Sánchez fundamentó su posición amparado en la Ley 535 de Minería y Metalurgia, cuyo artículo 31 reconoce tres actores productivos: la industria minera estatal, la privada y las cooperativas. Según el gobernador, la denominada “minería de emprendedores” no constituye una categoría independiente dentro de esa clasificación.
Reacciones de la FEPO ante las acusaciones
La FEPO, el martes anterior, rechazó las declaraciones de Sánchez que la vinculan con una supuesta complicidad con la minería ilegal debido a las actividades de la empresa afiliada. Su asesor jurídico, Jaime Cuéllar, calificó las acusaciones como infundadas y advirtió que la institución se reserva el derecho de iniciar acciones legales si no hay una rectificación pública.
Defensa de Jill Peñafiel
Jill Peñafiel, presidenta de la federación, defendió a la organización y recordó su participación en una acción popular relacionada con el cerro San Felipe y la lucha contra la minería ilegal. Además, explicó que la asociación cuestionada se incorporó a la FEPO tras presentar su personalidad jurídica, pero sostuvo que la entidad no verifica todos los requisitos técnicos y administrativos de las operaciones mineras.
Preocupaciones ambientales en La Joya
Sánchez alertó sobre posibles daños ambientales en La Joya y los riesgos para la crianza de ganado ovino. Aseguró que una inspección en la zona, prevista con participación de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), el Servicio Nacional de Registro y Control de Comercialización de Minerales (SENARECOM) y la Secretaría de Medio Ambiente, fue obstaculizada por algunos emprendedores. Además, mencionó que hubo agresiones contra la responsable del área.
Auditoría a EMCOISA en evaluación
Respecto a Emcoisa, Edgar Sánchez indicó que se evalúa una auditoría ante denuncias de presuntos malos manejos. Sin embargo, destacó que las áreas jurídica, minera y ambiental analizan el mecanismo legal para determinar si es posible realizarla, dado que se trata de una empresa privada.
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