Ficha informativa
La Administradora Autónoma para Obras Sanitarias (AAPOS) denuncia la venta ilegal de agua de Kari Kari en Potosí, identificando a dos ingenios mineros como receptores. La actividad genera pérdidas de hasta 30 millones de bolivianos y amenaza el abastecimiento de agua potable.
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Contexto:
Sergio Janco, gerente general de AAPOS, realizó una inspección que constató el tránsito continuo de vehículos cisterna sin autorización. La denuncia fue remitida a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) y al Viceministerio de Seguridad Hídrica.
Williams Cervantes denunció que vehículos de lujo obstaculizaron el paso durante las tareas de fiscalización. La titularidad del agua del sistema Kari Kari corresponde exclusivamente a AAPOS, siendo propiedad del Estado boliviano.
Por qué importa:
En caso de no recibir explicaciones satisfactorias, AAPOS formalizará un proceso penal para detener estas actividades ilegales. Esto podría agravar la escasez hídrica en la región.
Datos clave:
- Fecha: 14 de octubre de 2026
- Pérdidas económicas: entre 26 millones y 30 millones de bolivianos
- Capacidad actual de reservas: 29%
- Número de lagunas: 28
AAPOS denuncia la venta ilegal de agua en Potosí
La Administradora Autónoma para Obras Sanitarias (AAPOS) del municipio de Potosí y autoridades locales denunciaron este miércoles 14 de octubre la comercialización ilegal de agua extraída directamente de las reservas de la cuenca Kari Kari. Esta situación genera preocupación debido a su impacto en el suministro de agua potable en Potosí.
Impacto económico y escasez hídrica
La investigación preliminar logró identificar a dos ingenios mineros de la zona como receptores del recurso hídrico trasladado mediante camiones cisterna. Esta actividad genera una pérdida económica estimada para la entidad pública de entre 26 millones y 30 millones de bolivianos y amenaza con desabastecer de agua potable a la población de la ciudad, según informó Visión 360.
Inspección y acciones legales
El gerente general de AAPOS, Sergio Janco, precisó que durante una inspección de campo realizada al sistema compuesto por 28 lagunas, entre las que destacan San Ildefonso, San Sebastián, Chalviri, San Pablo, Lobato, Lakachaca y Juchuy Chaluma, se constató el tránsito continuo de un elevado número de vehículos cisterna operando sin autorización en el área.
La denuncia fue remitida a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) y al Viceministerio de Seguridad Hídrica, instancias que solicitaron los informes correspondientes sobre el caso. Para respaldar las acciones legales, la gerencia de la empresa sanitaria recopiló material fotográfico e imágenes aéreas obtenidas mediante el uso de drones prestados.
Identificación de los involucrados
Con estos elementos de prueba, AAPOS trabaja en la identificación de las placas, propietarios y conductores de los vehículos implicados. El objetivo es notificar e interrogar a los choferes sobre la procedencia de la compra del agua y la identidad de las personas o comunidades que autorizan la carga.
Obstáculos durante la fiscalización
Williams Cervantes denunció que durante el desarrollo de las tareas de fiscalización en la zona de reserva, vehículos de lujo obstaculizaron el paso de los funcionarios de AAPOS. Cervantes remarcó que la titularidad y concesión legal de la distribución de las aguas del sistema Kari Kari le corresponde exclusivamente a la empresa municipal.
Escasez hídrica crítica
Es importante destacar que el recurso hídrico es propiedad del Estado boliviano y que las comunidades locales carecen de competencias para administrarlo o venderlo. La detección del tráfico no autorizado se produce en un escenario crítico para la región, donde el almacenamiento de las reservas en las lagunas de Kari Kari se halla actualmente al 29% de su capacidad total.
Posibles acciones judiciales
AAPOS y los denunciantes informaron que, en caso de no recibir explicaciones fehacientes por parte de los involucrados, formalizarán el proceso penal correspondiente ante las instancias judiciales para concretar el corte inmediato de estas actividades.
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