Ficha informativa
La Federación de Empresarios Privados de Oruro (FEPO) exige al gobernador Edgar Sánchez Aguirre rectificar acusaciones de complicidad con la minería ilegal en La Joya, o enfrentará acciones legales.
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Contexto:
El asesor jurídico de la FEPO, Jaime Cuéllar, calificó las afirmaciones del gobernador como infundadas. La presidenta de la FEPO, Jill Peñafiel, defendió a la federación y recordó su participación en acciones contra la minería ilegal. La controversia surgió tras declaraciones del gobernador sobre EMCOISA y la FEPO.
Peñafiel aclaró que la FEPO no verifica requisitos técnicos para actividades mineras. La dirigencia considera que corresponde a instituciones competentes establecer qué operaciones cumplen con la normativa.
Por qué importa:
La FEPO se reserva el derecho de iniciar acciones legales si no hay rectificación. Esto podría afectar la reputación institucional y las relaciones con otras entidades mineras.
Datos clave:
- Gobernador: Edgar Sánchez Aguirre
- Entidad: Federación de Empresarios Privados de Oruro (FEPO)
- Sector: La Joya
Acciones legales de la FEPO contra el gobernador
La Federación de Empresarios Privados de Oruro (FEPO) anunció que se reserva el derecho de iniciar acciones legales contra el gobernador Edgar Sánchez Aguirre. La FEPO exige que el gobernador rectifique sus declaraciones en las que vinculó a la institución con una supuesta complicidad con la minería ilegal en el sector de La Joya.
Declaraciones infundadas y rectificación pública
El asesor jurídico de la FEPO, Jaime Cuéllar, calificó las afirmaciones del gobernador como infundadas. Cuéllar señaló que la entidad espera una rectificación pública, ya sea por escrito o mediante una conferencia de prensa. En caso contrario, indicó que analizarán las acciones legales que correspondan para proteger la reputación institucional.
Rechazo de la presidenta de la FEPO
La presidente de la FEPO, Jill Peñafiel, también expresó su rechazo a las declaraciones del gobernador. Peñafiel recordó que la federación agrupa a organizaciones empresariales y defiende los intereses de sus afiliados. Sostuvo que la institución no puede ser señalada como cómplice sin pruebas y aseguró que su labor también incluyó acciones contra actividades de minería ilegal, como su participación en una acción popular relacionada con el cerro San Felipe.
Controversia sobre EMCOISA y minería ilegal
La controversia se originó después de que Edgar Sánchez afirmara en días anteriores que EMCOISA era la única empresa legalmente establecida en La Joya. Además, calificó a la FEPO como “cómplice” de otras operaciones. En sus declaraciones, el gobernador sostuvo que la minería ilegal perjudica el medio ambiente, pone en riesgo a la población y no genera recursos para el departamento.
Defensa de la Asociación Aurífera de Emprendedores
Peñafiel señaló que la Asociación Aurífera de Emprendedores, que opera en La Joya, está vinculada a la FEPO tras presentar su personería jurídica, por lo que es necesario defenderla. Sin embargo, aclaró que la federación no es la instancia encargada de verificar todos los requisitos técnicos y administrativos específicos para desarrollar actividades mineras.
Responsabilidades institucionales en La Joya
Respecto a la disputa entre EMCOISA y la Asociación Aurífera de Emprendedores en La Joya, la dirigencia de la FEPO consideró que corresponde a las instituciones competentes establecer qué operaciones cumplen con la normativa. Cuéllar mencionó a la Gobernación, a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y otras instancias del sector como responsables de realizar las verificaciones e investigaciones necesarias.
Colaboración en investigaciones sobre minería ilegal
La FEPO reiteró su disposición a colaborar en las investigaciones y en acciones contra la minería ilegal. Sin embargo, insistió en que las acusaciones deben estar respaldadas por documentación y pruebas.
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