Ficha informativa
La comunidad de Huaycuni denuncia actividad minera ilegal en su territorio, afectando recursos hídricos y medio ambiente. Desde 2019, no han recibido respuesta del Estado a sus denuncias.
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Contexto:
Los comunarios sostienen que la actividad minera destruye zonas clave para la recarga de agua. La Cooperativa Virgen del Rosario es señalada como responsable, sin contratos ni derechos de explotación. El ingreso de maquinaria a terrenos comunales se considera un avasallamiento respaldado por antecedentes de la Reforma Agraria de 1952.
El dirigente Héctor Coico indicó que las denuncias formales fueron presentadas ante varias instituciones sin respuestas efectivas. La comunidad continúa esperando el informe tras la inspección ocular realizada por la Asamblea Legislativa Departamental.
Por qué importa:
La actividad minera ilegal afecta los recursos hídricos y el medio ambiente, alterando hábitats de flora y fauna. El proyecto de electrificación quedó paralizado tras gestiones locales, lo que impide beneficios sociales equitativos.
Datos clave:
- 80% de la población del distrito abastecida por vertientes afectadas
- 2019 año en que se presentaron las primeras denuncias
- 70% financiamiento del proyecto de electrificación por la Gobernación de La Paz
- 30% financiamiento del municipio de Coripata
- 17 de agosto de 2026 fecha de la inspección ocular realizada por la Comisión de Madre Tierra
- 15 días hábiles plazo reglamentario para entregar el informe correspondiente
Denuncias de minería ilegal en Huaycuni
La comunidad de Huaycuni, ubicada en el distrito de Trinidad Pampa, municipio de Coripata, Yungas de La Paz, denuncia el avance de operaciones mineras ilegales en su territorio. Según el dirigente Héctor Coico, las primeras denuncias se presentaron en 2019 y desde entonces el Estado no ha dado una respuesta.
Coico afirmó que “los trabajos se realizan en la parte alta de los ojos de agua, vertientes que abastecen de agua potable a cerca del 80% de la población del distrito”, cito ANF. Estas fuentes son vitales para las viviendas, la unidad educativa Franz Tamayo, el centro de salud y una guardería. Además, la comunidad sostiene que la actividad minera destruye áreas de vegetación que permiten la recarga hídrica.
Responsables y legalidad de las operaciones mineras
Los comunarios atribuyen las operaciones a la Cooperativa Virgen del Rosario. Coico explicó que “sus integrantes no son de la zona y que no cuentan con contratos ni derechos de explotación otorgados por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM)”. Aclaró que tener personería jurídica o un área reservada no equivale a una autorización para extraer minerales.
La comunidad califica como avasallamiento el ingreso de maquinaria a terrenos comunales, que tienen antecedentes de la Reforma Agraria de mil novecientos cincuenta y dos y títulos individuales.
Conflicto por proyecto de electrificación
El conflicto también incluye un proyecto de electrificación trifásica, financiado en un setenta por ciento por la Gobernación de La Paz y en un treinta por ciento por el municipio de Coripata. Para la comunidad, esta obra favorecía a las cooperativas mineras, permitiéndoles reemplazar el diésel por electricidad sin un beneficio social equitativo. Tras gestiones locales, el proyecto quedó paralizado.
Luego, el entonces gobernador Luis Revilla dispuso la suspensión de las obras, una auditoría técnica, ambiental y administrativa, y el envío de los antecedentes a la AJAM. Coico sostiene que, después de esa decisión, los cooperativistas intensificaron el ingreso con maquinaria pesada a zonas de selva densa, alterando hábitats de flora y fauna.
Acciones legales y falta de respuesta
La dirigencia presentó denuncias formales ante la AJAM, el Viceministerio de Medio Ambiente y Agua, la Alcaldía de Coripata, la Defensoría del Pueblo, la ABT y el INRA. Sin embargo, según Coico, ninguna de estas instancias ha dado una respuesta efectiva.
El 17 de agosto de 2026, la Comisión de Madre Tierra de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz realizó una inspección ocular en la zona y constató indicios de actividad minera y riesgos ambientales. La comunidad señala que el informe de la inspección aún no fue entregado, aunque el plazo reglamentario es de quince días hábiles.
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