Ficha informativa
La Cámara de Diputados aprobó el 8 de octubre de 2026 la Ley de Prescripción y Consolidación de Depósitos Judiciales, que regulará depósitos abandonados y fortalecerá el Órgano Judicial con recursos propios.
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Contexto:
La ley fue defendida por autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, quienes señalaron que permitirá aliviar la situación económica del Órgano Judicial. La decana Rosmery Ruiz pidió atención al Órgano Judicial para mejorar la justicia. El presidente Rómer Saucedo enfatizó la urgencia de la norma debido a la falta de autonomía presupuestaria. El viceministro Jhamil García mencionó que se trabajó en mesas técnicas con diversas instituciones para asegurar la correcta formulación del proyecto.
Los depósitos no reclamados por las partes durante largos periodos permanecerán en las arcas judiciales sin movimiento. La propuesta busca llenar un vacío legal generado por normativas antiguas que limitan el uso de estos recursos.
Por qué importa:
La ley permitirá al Órgano Judicial contar con recursos propios para su fortalecimiento institucional, modernización tecnológica e infraestructura judicial. Se espera mejorar los servicios de justicia, especialmente para sectores vulnerables y pueblos indígenas.
Datos clave:
- Fecha: 8 de octubre de 2026
- Norma: Ley de Prescripción y Consolidación de Depósitos Judiciales
- Plazo para reclamaciones: cinco años
La Cámara de Diputados aprobó este jueves 8 de octubre, en grande y en detalle, el proyecto de Ley de Prescripción y Consolidación de Depósitos Judiciales. Esta norma establece un régimen para aquellos recursos que permanecen abandonados o no son reclamados dentro de procesos judiciales. Cumplidas las condiciones previstas, estos recursos podrán pasar a constituirse en recursos propios del Órgano Judicial.
Defensa y justificación del proyecto
La norma fue defendida ante el pleno por autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Ejecutivo. Estas autoridades señalaron que la ley permitirá aliviar la situación económica de la institución y avanzar en su modernización. La decana del TSJ, Rosmery Ruiz, aseguró que la institución está sobreviviendo básicamente por su cuenta mediante la venta de algunos servicios. En ese sentido, pidió a los legisladores “ponerse la mano al pecho” y prestar atención al Órgano Judicial para brindar una mejor justicia a la población.
Por su parte, el presidente del TSJ, Rómer Saucedo, declaró que tratar esta normativa es urgente. Esto se debe a que la Constitución establece que el Órgano Judicial debe tener autonomía presupuestaria, un precepto que actualmente no se está cumpliendo. Saucedo calificó la sesión como una oportunidad para saldar esa “deuda histórica”. Además, explicó que la iniciativa busca llenar un vacío legal generado por una normativa antigua que impide disponer de recursos provenientes de depósitos judiciales que permanecen durante años en las arcas del Órgano Judicial.
Participación y debate legislativo
El viceministro de Transparencia, Jhamil García, también defendió este proyecto ante el pleno de Diputados. García expuso que el trabajo se remonta a varias mesas técnicas con participación del Consejo de la Magistratura, la Procuraduría General del Estado, el Tribunal Agroambiental e incluso representantes del Órgano Legislativo. La autoridad precisó que también se contó con la participación del Ministerio de Economía para asegurar que todos los términos y procedimientos sean correctos.
Durante el debate, varios legisladores consideraron que la aprobación de este proyecto debía estar acompañada por un compromiso del TSJ para mejorar el servicio. Esto es especialmente importante para los sectores vulnerables y los pueblos indígenas, quienes enfrentan dificultades para acceder a la justicia, incluso desde aspectos básicos como el trato humano.
Independencia financiera del Órgano Judicial
No obstante, otra postura predominante fue la necesidad de darle al Órgano Judicial un margen de acción más amplio mediante la independencia financiera. Los legisladores argumentaron que, para brindar una mejor atención a la población, contar con el equipamiento adecuado e incluso disponer del personal suficiente es necesario incrementar el presupuesto destinado a la administración de justicia.
Detalles sobre los depósitos judiciales
Tras el debate legislativo, el proyecto de ley fue puesto a votación. Tanto en su estación en grande como en detalle obtuvo más de dos tercios, por lo que fue remitido a la Cámara de Senadores para su tratamiento. El proyecto establece un régimen jurídico para aquellos depósitos realizados dentro de procesos judiciales que permanecen abandonados o no son reclamados por las partes.
La propuesta determina que, una vez cumplido el plazo establecido y agotadas las condiciones previstas por la norma, estos recursos puedan ser declarados prescritos y consolidados a favor del Órgano Judicial. Uno de los aspectos centrales establece que los depósitos cuya devolución haya sido ordenada judicialmente y no sean reclamados por las partes durante cinco años pasarán a constituirse en recursos propios del Órgano Judicial.
Destinos de los recursos consolidados
La propuesta busca así regular el destino de recursos que permanecen durante largos periodos en las arcas judiciales sin movimiento ni reclamación. Los recursos consolidados podrán ser destinados al fortalecimiento institucional del Órgano Judicial, incluyendo la modernización tecnológica, infraestructura judicial y mejora de los servicios de justicia.
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