Gobierno aprueba leyes para sumar a las FF.AA. contra el crimen organizado

El Consejo Supremo de Defensa aprueba nuevas leyes

El Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional (Cosdep) de Bolivia aprobó este miércoles 7 de octubre de 2026 cuatro anteproyectos de ley orientados a reestructurar el sistema de seguridad nacional en Bolivia. La medida central faculta la participación de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) para combatir el crimen organizado transnacional, la minería ilegal y el narcoterrorismo.

Despliegue militar coordinado con la Policía Boliviana

Según informaron Correo del Sur, el despliegue militar se realizará en coordinación estricta con la Policía Boliviana bajo un esquema de carácter “excepcional, temporal, complementario y controlado dentro del marco constitucional y con respeto a los derechos y garantías”.

Pilares del paquete normativo

El paquete normativo abarca cuatro pilares legales con propósitos específicos:

• Propuesta de Ley de Seguridad y Defensa: Fija los lineamientos generales de resguardo territorial.
• Segunda norma: Regula el marco de funcionamiento interno del Cosdep para la toma de decisiones estratégicas.
• Tercer anteproyecto: Crea el Sistema de Inteligencia con el objetivo de anticipar riesgos mediante alertas tempranas.
• Cuarta norma: Autoriza a los militares a efectuar patrullajes en fronteras, ejercer el control de vías fluviales y del espacio aéreo, y resguardar la infraestructura crítica del Estado.

Revisión técnica y justificación del Ejecutivo

Según reportó Unitel, las cuatro iniciativas fueron enviadas a la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (Udape), organismo que dispone de un plazo de siete días, hasta el 14 de octubre de 2026, para completar la revisión técnica previa a su tratamiento en la Asamblea Legislativa. Las autoridades del Ejecutivo justificaron la urgencia del paquete legal en la creciente sofisticación de las estructuras delictivas.

Afirmaciones del Ministro de Defensa

Según difundió Visión 360, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, afirmó que “hoy las organizaciones criminales no funcionan solamente transportando droga”, sino que “pueden tener logística, financiamiento, armas, tecnología, rutas internacionales y estructuras capaces de ejercer violencia e intimidación”. Frente a este escenario, Justiniano sostuvo que “nuestra respuesta también tiene que evolucionar: más inteligencia, mayor control de fronteras y del espacio aéreo y fluvial, protección de infraestructura crítica, mejor coordinación institucional y mayor cooperación principalmente con nuestros países vecinos”.

Advertencias sobre la militarización

Asimismo, el Presidente Rodrigo Paz advirtió que los grupos criminales “pueden recurrir a cualquier fuente ilícita”, enfatizando que la labor conjunta con la fuerza policial es “un mandato constitucional”. Sin embargo, el eventual despliegue de militares en asuntos de seguridad interna genera preocupación en el ámbito legal y social. Juristas constitucionales y analistas de seguridad advierten que otorgar funciones de orden público a las FF.AA. entraña riesgos de militarización progresiva de la sociedad y uso desproporcionado de la fuerza.

Opiniones sobre la lucha contra el crimen organizado

Organismos de derechos humanos recuerdan que los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigen restringir la intervención militar a situaciones excepcionales y estrictamente delimitadas. Del mismo modo, representantes de la sociedad civil señalan que la lucha contra el crimen organizado requiere priorizar el fortalecimiento de la inteligencia financiera, el sistema judicial y la policía civil.

Contexto del paquete normativo

Estas reformas legislativas surgen del mandato establecido el pasado 17 de septiembre de 2026. En esa fecha, el Presidente Rodrigo Paz reactivó el Cosdep y posesionó al general Germán Leonardo Rodrigo Mendizábal como secretario nacional permanente del organismo. Según informó Correo del Sur, en aquella oportunidad, el jefe de Estado argumentó que “en Bolivia hay narcoterrorismo”, definiéndolo como “la mezcla de varios intereses y recursos ilícitos que quieren que Bolivia fracase en este momento de transformación”. Este sustento impulsa el actual paquete normativo ante la opinión pública.