Ficha informativa
La Procuraduría General del Estado (PGE) identificó irregularidades en la contratación de impermeabilización de piscinas industriales de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), con un monto superior a 24 millones de bolivianos. Se detectaron anomalías en el proceso, incluyendo la adjudicación a una oferta más cara.
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Contexto:
El procurador general, Hugo César León La Faye, informó sobre las irregularidades en un informe conjunto entre la PGE y YLB. Este caso se suma a antecedentes de procesos opacos en YLB. La normativa de contratación estatal exige certificación presupuestaria previa y evaluación objetiva, reglas que habrían sido vulneradas.
Hugo César León La Faye mencionó que el posible daño económico no se limita a la diferencia entre propuestas, ya que el proyecto no está funcionando ni generando resultados esperados. Las irregularidades podrían adecuarse a tipos penales, lo que lleva a solicitar investigación penal y protección patrimonial del Estado.
Por qué importa:
El caso será remitido al Ministerio Público para determinar responsabilidades penales. Se plantea la anotación de bienes de las personas investigadas para garantizar la recuperación de recursos públicos. Gerimex SRL podría argumentar cumplimiento del contrato, mientras que la empresa con propuesta más baja podría reclamar reconocimiento y perjuicios.
Datos clave:
- 24 millones de bolivianos: monto del contrato adjudicado a Gerimex SRL.
- 7 observaciones: total de irregularidades detectadas en el proceso.
- 874.251 dólares: diferencia entre la propuesta favorecida y la oferta más baja.
- 2016: fecha de adjudicación del contrato.
- Sin certificación presupuestaria: el proceso careció de respaldo financiero desde su inicio.
- Sin funcionamiento: la obra no produce los resultados para los que fue pagada.
Irregularidades en la contratación de YLB
La Procuraduría General del Estado (PGE) identificó irregularidades en el proceso de contratación para la impermeabilización de piscinas industriales de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). Este contrato, adjudicado en 2016 a la empresa Gerimex SRL, superó los 24 millones de bolivianos. El procurador general, Hugo César León La Faye, informó que las anomalías fueron detectadas en un informe conjunto entre la PGE y YLB.
Se constató que el contrato se otorgó a pesar de que otra oferta era más baja en 874.251 dólares. Además, el proyecto no funciona ni entrega los resultados esperados. El caso será remitido al Ministerio Público para determinar responsabilidades penales y buscar la recuperación de los recursos.
Detalles del contrato y hallazgos
El procurador León La Faye dio a conocer los hallazgos y la magnitud de las presuntas irregularidades. Los próximos pasos incluyen que YLB presente una denuncia formal ante el Ministerio Público y gestione la anotación de bienes de los presuntos responsables.
Contexto y antecedentes
La diferencia de casi 900.000 dólares no es solo un monto perdido, sino la confirmación de que el interés público no fue el criterio de decisión. La importancia estratégica del litio radica en que los recursos del Estado en el sector son millonarios; cualquier irregularidad compromete la industrialización del recurso.
En años anteriores, se han señalado procesos opacos en YLB; este caso se suma a reclamos sobre el manejo de recursos.
Normativa vulnerada
La normativa de contratación estatal exige certificación presupuestaria previa, inmodificabilidad de bases y evaluación objetiva; todas estas reglas habrían sido vulneradas. La PGE ha intensificado acciones para perseguir bienes de funcionarios y empresas vinculadas a presunta corrupción.
Cifras clave sobre las irregularidades
- 7 observaciones: total de irregularidades detectadas en el proceso.
- 874.251 dólares: diferencia entre la propuesta favorecida y la oferta más baja.
Citas relevantes del procurador general
“El posible daño económico no se limitaría a la diferencia entre ambas propuestas, debido a que el proyecto no estaría funcionando ni generando los resultados esperados”, sostuvo León.
Próximos pasos y posibles consecuencias
La Procuraduría General del Estado y YLB sostienen que las anomalías configuran presuntas conductas delictivas; piden investigación penal y protección patrimonial del Estado mediante anotación de bienes.
El Ministerio Público debe evaluar si los hechos constituyen delito, quiénes son los responsables y si existe prescripción dada la antigüedad del caso.
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